El alcalde de San Vicente, el socialista Jesús Villar, está siendo investigado por un juzgado por supuestas irregularidades en la prórroga del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento. El propio jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento llevó el caso a los juzgados. Villar todavía no ha dado explicaciones y la empresa le exige 1,3 millones.

En las últimas semanas el alcalde de se enfrenta a nuevos problemas en los juzgados que en este caso no le afectan de forma personal, pero que pueden lastrar las cuentas municipales. La actual concesionaria de la recogida de basuras y limpieza viaria, Cespa, le reclama más de 1,5 millones por la prórroga del contrato caducado.

En el trasfondo de la situación se halla el hecho de que el equipo de Gobierno de Villar es un caos de gestión. Tanto, que ha sido incapaz de sacar adelante las principales adjudicaciones municipales. Esta de las basuras asciende a cerca de 48 millones de euros. Por eso la concesionaria le exige una reunión urgente junto a los concejales de las áreas delegadas y le anuncia un recurso judicial.

Ayer se presentaron los presupuestos para 2022 y de nuevo quedó claro que cada concejal del equipo de Gobierno va a la suya y el alcalde sólo se dedica a buscar los apoyos necesarios para poder aprobar algunas cosas. La imprevisión y falta de planificación se demuestra con cada uno de los proyectos municipales.

Servicio de basuras y limpieza

Los problemas de limpieza de las calles son una de las mayores preocupaciones de los habitantes de San Vicente. El contrato caducó hace dos años y el equipo de Gobierno puso en marcha un nuevo pliego de condiciones que finalmente volvió a ganar Cespa. En este caso la prórroga no ha sido decisión unilateral del alcalde, como la de los parques, en la que se saltó los informes de los técnicos.

No obstante, tres de las empresas que se quedaron fuera del concurso recurrieron la adjudicación y un tribunal decidió hace dos meses que o se las incluye en un nuevo proceso de adjudicación o se tendría que hacer uno desde cero. Villar, según ha expresado a la oposición, todavía no ha decidido qué hacer.

Si se hace un nuevo proceso Cespa podría recurrirlo por haberse hecho públicas sus ofertas, lo que daría a otras empresas una ventaja competitiva. Si se hace uno nuevo desde cero, podría tardarse otros dos años en obtener un resultado. Villar está en una encrucijada.

Cespa pidió el 23 de diciembre una reunión urgente para tratar el tema con el alcalde y los concejales implicados. No obtuvo respuesta. Ayer volvió a hacer la petición. Considera que caducado el contrato se le debe 428.000 euros en concepto de actualización de precios por el año 2020. Y otros 1,1 millones de euros por el año 2021.