Los problemas judiciales del alcalde socialista de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, se agravan. Tanto, que el primer edil quiere recurrir una sentencia judicial del Contencioso Administrativo de Alicante a favor del Ayuntamiento que preside y le ahorra el pago de medio millón de euros. Y es que Villar está siendo investigado judicialmente por un supuesto delito de prevaricación relacionado con ese mismo contrato.

El pasado 25 de octubre el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 falló en favor del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig estimando sólo parcialmente el recurso interpuesto por la empresa adjudicataria del servicio de Zonas Verdes y Jardines.

El juzgado dio la razón a la empresa en que la prórroga decretada por Villar sin pasar por el respectivo órgano municipal es contraria a la ley. Pero le negó el pago por parte del Consistorio de ese servicio a precio diferente al del contrato original. AUDECA pedía casi 500.000 euros más de lo pactado inicialmente.

Se da la circunstancia de que el alcalde Villar ha sido denunciado por el jefe de los Servicios Jurídicos del propio Ayuntamiento en Instrucción por un supuesto delito de prevaricación por haber prorrogado ese servicio de jardines ni pasar por la Junta de Gobierno y con informes negativos de Contratación y Secretaría, como desveló este diario. Sus pulsos con el resto de miembros del equipo de Gobierno están detrás de esa actuación. Villar está solo. 

Así las cosas, la sentencia del Contencioso Administrativo le deja en muy mal lugar aunque beneficie al municipio. Da como hecho probado que la empresa en repetidas ocasiones mostró por escrito y de manera expresa su voluntad de no solicitar una prórroga, aun cuando siguió prestando el servicio para no perjudicar al Ayuntamiento.

No obstante, Villar por su cuenta y riesgo, con informes negativos y sin el apoyo de sus compañeros ni de la oposición, firmó dos decretos de prórroga, en vez de activar la nueva adjudicación. El juzgado asegura que lo hizo "unilateralmente" sin que estuviera "amparada por normativa legal o contractual alguna".

Informe de su denunciante

Según ha podido saber este diario, ante esta sentencia Villar ha pedido al propio jefe de los Servicios Jurídicos municipales un informe que justifique un recurso en apelación de la sentencia. El mismo funcionario que le denunció por prorrogar el servicio.

Y como no podía ser de otra manera, el letrado municipal se ha opuesto ya que la sentencia aunque desfavorable al alcalde es muy favorable económicamente para San Vicente. Y el interés general del municipio debe estar por encima del interés particular de su alcalde.

Al parecer, el abogado responsable de los asuntos municipales confirma en su informe que el alcalde se saltó los reparos de Contratación y Secretaría, que se oponían a la prórroga del servicio. Y nunca explicó porque tomó la decisión de decretar la prórroga si la empresa y los funcionarios estaban en contra.

Así que si Villar persiste en que se recurra la sentencia, el abogado municipal ya ha dejado claro que él no puede elaborar ni firmar el recurso.