Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante.
El ‘boom’ de los bajos comerciales se blinda: solo los arquitectos podrán firmar su reconversión en vivienda
El Tribunal Supremo zanja el conflicto de competencias en pleno auge de la transformación de locales en viviendas en la provincia de Alicante.
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El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave en la que unifica la doctrina a nivel nacional y determina que solo los arquitectos superiores cuentan con la competencia legal exclusiva para redactar y firmar los proyectos de cambio de uso de local a vivienda. La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo pone fin a años de discrepancias normativas entre las diferentes administraciones locales.
Según explica un comunicado del Colegio de Arquitectos de Alicante, el alto tribunal fija como doctrina jurisprudencial imperativa que estas actuaciones alteran sustancialmente las condiciones originales de habitabilidad, seguridad y funcionalidad de la edificación. Por este motivo, dictamina que es un ámbito reservado por la Ley de Ordenación de la Edificación a la profesión de arquitecto, incluso cuando la reforma afecte a una sola unidad dentro de un edificio en régimen de propiedad horizontal.
Este pronunciamiento judicial aterriza en un escenario de fuerte tensión inmobiliaria en toda la Costa Blanca y en los núcleos industriales del interior. La escasez de vivienda a precios accesibles y el cierre progresivo del comercio tradicional han convertido los antiguos escaparates en portales residenciales.
Las cifras recogidas por las administraciones locales constatan que el fenómeno ha dejado de ser una solución puntual para convertirse en una tendencia estructural dentro del territorio. En Alicante capital, la evolución de expedientes tramitados para este fin dibuja una curva marcadamente ascendente desde el año 2019, cuando se contabilizaban apenas 78 solicitudes anuales.
Tras la pandemia, la ciudad experimentó un incremento progresivo con fases sucesivas de 64, 84, 101 y 222 peticiones, hasta consolidar un récord histórico de 253 expedientes en el último balance anualizado de 2024. Este flujo constante ha transformado barriadas enteras y ha forzado a los técnicos municipales a agilizar unos procesos que oscilan entre los cuatro y ocho meses mediante la modalidad de declaración responsable, extendiéndose hasta los catorce meses cuando las obras alcanzan el carácter de obra mayor.
El fenómeno se replica con dinámicas muy similares en otros puntos neurálgicos de la provincia. En Elche, las facilidades normativas introducidas para la flexibilización de usos del suelo han multiplicado las promociones en planta baja, permitiendo revitalizar manzanas afectadas por el cese de la actividad comercial.
Por su parte, en municipios del interior como Petrer, la tendencia muestra una efectividad notable en la creación de vivienda habitual, cerrando el último ejercicio con un total de 42 locales comerciales plenamente adaptados y habitados de forma fija. Incluso localidades de menor densidad residencial, como Mutxamel, registran autorizaciones agrupadas para la adaptación de superficies considerables.
En este municipio se ha aprobado la reconversión de bajos de entre 120 y 154 metros cuadrados, orientados a un perfil de vivienda más espacioso y alejado del concepto de microapartamento de uso turístico.
Desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante se celebra el dictamen del Supremo como un respaldo a la calidad de la edificación y a los derechos de los futuros usuarios. Un cambio de uso deficiente, recuerdan los expertos, puede resultar en habitáculos desprovistos de una ventilación cruzada óptima, carentes de salidas de humos independientes o sin el aislamiento térmico y acústico exigido por el estricto Decreto de habitabilidad de la Comunitat Valenciana.
La intervención de estos profesionales se presenta así como la garantía de que el proyecto responde rigurosamente a la normativa técnica. El presidente del colectivo profesional en Alicante, Carlos Sánchez, explica que esta sentencia no debe entenderse como un debate corporativo o de reparto de atribuciones, sino como una garantía fundamental para el ciudadano que compra o transforma un inmueble en un contexto de fuerte tensión residencial.
Según indica, el arquitecto es el profesional con la formación integral necesaria para responder con solvencia a los complejos retos de habitabilidad, seguridad y legalidad que plantea una nueva vivienda. A partir de ahora, cualquier inversor que pretenda aprovechar el potencial de un bajo comercial disponible en la provincia deberá contar, de manera preceptiva, con esta firma para asegurar el visto bueno municipal.