Representantes de las Asociaciones a las puertas del Senado.
Afectados por la Ley de Costas de Dénia se unen al frente cívico contra el bloqueo legislativo: "el congelador de Armengol"
Cuatro asociaciones impulsan una plataforma de respuesta ante las prórrogas en la Mesa del Congreso que impiden votar iniciativas con apoyo suficiente.
Más información: El bloqueo de la Ley de Costas con 79 prórrogas pone el foco en PSOE y Sumar tras el aviso del Tribunal Constitucional
Cuatro organizaciones civiles damnificadas por la parálisis legislativa en la Cámara Baja han sumado fuerzas en un espacio de concertación social denominado el Frente Cívico por la Calidad Democrática. El colectivo ha registrado una petición formal amparada en el derecho constitucional de petición ante la Mesa del Congreso de los Diputados, apuntando de forma directa e individualizada a los cinco miembros del PSOE y Sumar que ostentan la mayoría de voto en dicho órgano. Como recuerda su coordinador, Antonio Subiela, el Tribunal Constitucional ya ha declarado contrarias a la ley estas prácticas de la Mesa del Congreso.
Las cuatro asociaciones acusan a la Mesa de ejecutar una estrategia de parálisis sistemática mediante prórrogas automáticas e injustificadas que mantienen "congeladas en el tiempo" diversas reformas de extraordinario calado social.
Entre los colectivos integrados en este frente destaca la Asociación en Defensa de las Playas Norte de Dénia, que actúa en representación de los ciudadanos afectados por los polémicos deslindes e iniciativas del litoral. La reforma de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas se encuentra atrapada en un bucle de plazos que impide su debate. En el Senado ya se aprobó su reforma y hay mayoría suficiente en el Congreso para aprobarla también, pero no se tramita.
Según denuncia el escrito del Frente Cívico, la prolongación sistemática de los plazos de enmiendas genera una "dilación desproporcionada en la tramitación parlamentaria, provocando situaciones de desamparo y bloqueo fáctico".
Para los vecinos de las costas alicantinas, este retraso prolonga el limbo jurídico sobre sus viviendas frente a la gestión de deslindes unilaterales de la Dirección General de Costas. Las asociaciones civiles denuncian que este instrumento organizativo se está utilizando de facto como un "mecanismo de veto temporal indeterminado" , desnaturalizando las funciones de la Cámara.
La problemática del litoral no es un caso aislado. El Frente Cívico detalla en su queja otras tres proposiciones de ley que sufren idéntica parálisis institucional por motivos estrictamente políticos: La proposición de Ley para la exención fiscal de las ayudas percibidas por los afectados por la talidomida, promovida por la asociación AVITE; y la propuesta para la aplicación del tipo de IVA reducido del 10% al sector de la imagen personal (peluqueros, esencialmente).
El colectivo de funcionarios de prisiones representado por el sindicato TAMPM ("Tu Abandono Me Puede Matar") también se halla entre los firmantes. El caso de los funcionarios de prisiones se refiere a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. A diferencia de las demás, esta iniciativa parlamentaria sí llegó a desbloquearse recientemente y fue aprobada de forma fulminante en la Comisión de Interior. Por eso mismo, el Frente Cívico la utiliza como la "evidencia material" de que, en cuanto cesa el bloqueo artificial de los plazos, el procedimiento legislativo discurre con absoluta normalidad.
![Playa de Les Deveses en Dénia, sujeta a un proceso de de expropiaciones a través de deslindes de Costas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11178778.jpg?p=w:1706\/h:960&h=iI1aN09n"])
El texto enfatiza que estas prácticas colisionan con el orden constitucional. Se advierte que un instrumento reglamentario interno subordinado no puede terminar produciendo efectos materiales capaces de "vaciar de contenido derechos y garantías reconocidos por la propia Norma Fundamental" , vulnerando de forma directa el derecho a la participación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución.
La reciente Sentencia 32/2026 del Pleno del Tribunal Constitucional, dictada el 14 de abril de 2026, estableció de forma contundente que el uso automático y carente de motivación de las prórrogas de enmiendas "desnaturaliza la función de esta potestad reglamentaria" y "obstruye de manera ilegítima la tramitación legislativa".
Más presión del Senado
En un ambiente de máxima tensión parlamentaria y ante la mirada atenta de más de 60 representantes municipales y vecinales de los litorales más afectados del territorio nacional -incluyendo delegaciones de la Asociación en Defensa de las Playas Norte de Dénia, Morro de Gos de Oropesa, Gandia, Guardamar, Elche y Moncófar integradas en el movimiento Somos Mediterrania-, el Pleno del Senado aprobó el pasado miércoles una contundente moción que exige al Gobierno de España (PSOE-Sumar) la paralización inmediata de los expedientes de deslinde y demolición en la costa.
![Manifestación en Madrid de Somos Mediterránea contra la Ley de Costas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10145428.jpg?p=w:1706\/h:960&h=K45kX9SJ"])
La iniciativa, defendida por el senador del PP Francisco Bernabé, salió adelante gracias a los votos favorables del PP, Junts, PNV, Coalición Canaria y la Agrupación Herreña. El bloque gubernamental compuesto por el PSOE y Sumar votó en contra, mientras que formaciones como ERC, Bildu, BNG y Vox optaron por la abstención. Compromís, por su parte, se ausentó del debate y de la votación.
Se trataba de un frente común contra la "expropiación encubierta" por Reglamento. El núcleo del debate giró en torno al intento del Ministerio para la Transición Ecológica de modificar el Reglamento de Costas por vía de decreto, un movimiento que la oposición y los colectivos civiles tildan de "disparate" unilateral que sortea el debate parlamentario real.
Durante las intervenciones de los grupos que apoyaron o se abstuvieron en la moción, se consolidó un argumento técnico y político: aprobar el decreto es una vulneración de la jerarquía normativa.
Senadores del PP y del Grupo Mixto coincidieron en que el Ejecutivo pretende utilizar una norma de desarrollo (un reglamento) para alterar de forma retroactiva el régimen del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y vaciar la Ley de Costas. Denunciaron que esto supone una "expropiación encubierta" de derechos consolidados y un ataque directo a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
El PNV e Izquierda Confederal criticaron con dureza el exiguo plazo de 22 días otorgado por el Ministerio para la consulta pública, calificándolo como la prueba evidente de que el Gobierno actúa de espaldas al territorio. Auguraron, además, que la justicia (el Tribunal Supremo) volverá a tumbar la reforma como ya ocurrió en 2022.
![El chiringuito en la playa de Urbanova de Alicante.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11051523.jpg?p=w:320\/h:240&h=v50oDzs2"])
También se censuró unánimemente que el Gobierno pretenda legislar a golpe de reglamento mientras mantiene bloqueada desde hace 27 meses en la Mesa del Congreso -bajo el bautizado "congelador de Armengol"- la reforma de la ley aprobada originalmente por el Senado para proteger los núcleos urbanos tradicionales
A través de una enmienda de adición del Grupo Popular, el texto definitivo exige de forma urgente una moratoria total de todos los procedimientos de deslinde actualmente en curso, suspendiendo temporalmente cualquier acción de reversión, caducidad o demolición promovida por el Gobierno.
Asimismo, los representantes de las comunidades autónomas de Canarias y Galicia hicieron especial hincapié en la necesidad de que el Estado formalice de manera plena las transferencias de competencias en materia de ordenación del litoral y gestión de concesiones.
Por el contrario, el PSOE, a través del senador Valbuena, se quedó solo en la defensa de la gestión gubernamental. Los socialistas argumentaron que la reforma del reglamento viene impuesta por una normativa superior europea y defendieron que la ley vigente (de la etapa del PP en 2013) da la razón a la Administración en el 95% de los casos.
