El agua potable puede contener químicos persistentes Omicrono
La millonaria factura de los "químicos eternos": el coste que España podría pagar por retrasar su estrategia del agua
El PSOE de Pedro Sánchez rechaza en comisión la iniciativa de la oposición, defendida por el alicantino Joaquín Melgarejo (PP), para evaluar el impacto económico y sanitario de estas sustancias altamente persistentes.
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El debate sobre la protección de la salud pública y el medio ambiente ha vuelto a colisionar con la estrategia de bloques que domina la política española. En el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el PSOE tumbó una iniciativa parlamentaria destinada a diseñar de forma urgente una hoja de ruta contra las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas popularmente como "químicos eternos" o PFAS.
La propuesta, que fue defendida por el diputado alicantino Joaquín Melgarejo (PP) y contó con el respaldo de Vox para sumar veinte votos a favor frente a los trece noes del bloque del Gobierno, instaba al Ejecutivo a elaborar una Estrategia Nacional para la reducción y eliminación progresiva de estos componentes nocivos.
Sin embargo, la justificación esgrimida desde las filas socialistas para rechazar el texto se limitó a asegurar que el Gobierno ya está trabajando en ello, una respuesta habitual que contrasta con la ausencia de planes públicos, borradores oficiales o mapas de localización de suelos y aguas contaminadas en el territorio nacional.
El rechazo a esta Proposición No de Ley (PNL) deja a España en una posición de vulnerabilidad frente a una de las ofensivas reguladoras más exigentes de Bruselas. Los PFAS constituyen una familia de más de diez mil compuestos químicos cuya principal característica es una estabilidad extrema que impide su degradación natural, acumulándose de forma generalizada en el agua potable, los suelos, los alimentos y los propios organismos vivos.
La preocupación científica y sanitaria es total, dado que la exposición continuada a estas sustancias industriales, presentes en sartenes antiadherentes, cosméticos, envases y textiles impermeables, se asocia con efectos carcinogénicos, toxicidad reproductiva y graves alteraciones endocrinas. Durante la defensa de la iniciativa, se puso de manifiesto que en España "las PFAS están presentes en nuestras aguas, en nuestros suelos y en nuestra sangre", una afirmación respaldada por los preocupantes datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que estima que entre el 51% y el 60% de los ríos del continente presentan ya niveles superiores a los recomendados.
La postura del PSOE introduce además una preocupante incertidumbre económica para las administraciones locales y los consumidores. Al negarse a respaldar la propuesta, el partido del Gobierno frena la realización de una evaluación pública y sistemática sobre el impacto financiero que las nuevas obligaciones europeas tendrán en el ciclo del agua, el cual incluye los costes de monitorización y la adaptación de las infraestructuras de tratamiento hídrico.
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Esta falta de previsión choca con los análisis socioeconómicos de la propia Comisión Europea, que advierten de que el coste de la inacción frente a la contaminación por PFAS podría alcanzar los 440.000 millones de euros en la Unión Europea hasta el año 2050. El retraso en la adopción de medidas preventivas en origen amenaza con inflar la factura final, ya que los expertos recuerdan que "actuar en origen permitiría ahorrar aproximadamente 110.000 millones de euros, mientras que limitarse a depurar aguas contaminadas podría superar el billón de euros de coste acumulado".
Frente a la urgencia de los plazos que maneja la Unión Europea, que sitúa los próximos planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2028-2033 como la ventana crítica para introducir restricciones de vertidos industriales, el argumento socialista del "estamos en ello" resulta insuficiente para los sectores implicados.
La oposición criticó con dureza lo que califica como improvisación y pasividad de un Ejecutivo que suele presumir de liderazgo climático pero que, a la hora de la verdad, se instala en la inacción ante los desafíos regulatorios más relevantes de la próxima década. Al no concretarse ningún documento oficial que guíe la transición regulatoria, las comunidades autónomas y los operadores hídricos se ven obligados a operar a ciegas, sin recursos ni directrices claras para evitar que la carga de la gestión de estos contaminantes emergentes recaiga exclusivamente sobre el usuario final a través de la subida de las tasas del agua.
