Una foto histórica que muestra las viviendas en Guardamar del Segura pendientes ahora de derribo.

Una foto histórica que muestra las viviendas en Guardamar del Segura pendientes ahora de derribo.

Alicante

La Generalitat acusa a Sánchez de deslealtad institucional al recurrir su ley de costas mientras la negociaba

El dictamen del Consejo de Estado reconoce que el Gobierno de PSOE-Sumar está bloqueando de forma consciente en el Congreso la reforma de la Ley de Costas como exige el Senado.

Más información: ¿Puede el Ministerio demoler ya las centenarias casas de la Playa de Babilonia en Guardamar?

Publicada

La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Pedro Sánchez contra la Ley 3/2025 de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana ha dinamitado la escasa confianza de la Generalitat valenciana hacia el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar). Desde la Comunitat Valenciana se considera una "grave falta de lealtad institucional" el hecho de que mientras se negociaban en la comisión bilateral los puntos de fricción de la norma, el Ejecutivo central tramitaba por la vía de urgencia el dictamen del Consejo de Estado y preparaba el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Según ha venido adelantando EL ESPAÑOL, la comisión mixta Estado‑Generalitat se constituyó como la vía alternativa elegida por el Gobierno a la opción de recurrir de inmediato en el Tribunal Constitucional, la Ley Valenciana de Costas por apenas unos artículos. Existía un plazo para intentar una interpretación pactada de la legislación litoral autonómica, pero el Gobierno de Sánchez ha preferido la confrontación judicial al consenso y el diálogo.

Según fuentes del Consell, en torno al 95% del articulado de la norma había logrado un acuerdo técnico, pero el choque resultaba total en el corazón político de la norma: el artículo 17 y su disposición adicional, que permiten declarar "núcleos urbanos con especiales valores etnológicos" en primera línea de playa, para frenar derribos en enclaves como la playa de Babilonia en Guardamar del Segura o Les Deveses en Dénia.

Mientras la Generalitat defendía que ese blindaje se apoya en competencias autonómicas sobre ordenación del territorio, urbanismo y protección del patrimonio cultural, el Gobierno mantenía que la ley valenciana vulnera sus atribuciones exclusivas sobre el dominio público marítimo‑terrestre, lo que hacía prever que el desacuerdo desembocaría, como así ha sido, en un recurso de inconstitucionalidad.

El movimiento del Gobierno se ha materializado ahora con la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional, que suspende de forma automática los preceptos clave de la ley valenciana al haber invocado el Ejecutivo el artículo 161.2 de la Constitución. El auto deja en el aire la figura del "núcleo urbano de especial valor etnológico" y congela los apartados que blindaban las edificaciones tradicionales frente a los deslindes y órdenes de demolición dictadas por el Ministerio para la Transición Ecológica

Este paréntesis jurídico devuelve a la casilla de salida a los expedientes en marcha en puntos negros del litoral alicantino, donde los vecinos confiaban en la ley valenciana como último cortafuegos para evitar que la piqueta acabara con un modelo de vida arraigado en la costa desde hace generaciones.

Patrimonio desprotegido

El efecto más visible de la suspensión se concentra en los llamados núcleos costeros tradicionales, cuya protección específica era uno de los emblemas de la Ley 3/2025. La figura del núcleo de especial valor etnológico pretendía reconocer jurídicamente asentamientos históricos levantados a pie de playa -casas de pescadores, viviendas familiares y pequeños comercios-, de manera que los deslindes de Costas y las órdenes de derribo quedaran matizados por su singularidad cultural, paisajística y social.

En la práctica, esta herramienta ha dado oxígeno durante meses a barrios como la playa de Babilonia en Guardamar o las casas de Les Deveses en Dénia, que llevan años atrapados entre el avance del mar, la rigidez de la normativa estatal y la inseguridad jurídica de sus propietarios. Con la suspensión, estos núcleos vuelven a quedar expuestos al marco general de la Ley de Costas estatal, sin el escudo adicional que les proporcionaba la norma valenciana.

El Consell reivindica la ley valenciana como una herramienta "clave" para proteger viviendas, derechos de los propietarios y patrimonio cultural del litoral, en línea con experiencias previas como la ley de costas gallega, que ya fue llevada al Constitucional y finalmente avalada.

La Generalitat subraya que la norma superó todos los filtros internos -Abogacía, Consell Jurídic Consultiu- y se apoya en títulos competenciales claros: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y protección del patrimonio cultural, reconocidos tanto por la Constitución como por el Estatuto de Autonomía. En ese marco, el artículo 17 se presenta como una pieza coherente de una estrategia más amplia para ordenar la costa y compatibilizar la defensa del medio ambiente con la preservación de formas de vida tradicionales que también forman parte del interés general.

Al mismo tiempo, la Generalitat recuerda que la suspensión acordada por el Constitucional afecta solo a los artículos vinculados a la protección de edificaciones tradicionales frente a los deslindes, pero el resto de la Ley 3/2025 sigue plenamente en vigor. Esto significa que avanzan otras patas del nuevo modelo, como la reforma del Pativel -el plan de acción territorial del litoral de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos)- y el proceso de traspaso de competencias en materia de gestión del litoral que ya disfrutan otras comunidades autónomas.

El Estado ha remitido una primera propuesta para negociar el traspaso de personal y medios, aunque sin cuantificar aún los recursos, y el Consell aspira a que ese proceso se acelere para poder autorizar y gestionar directamente actividades e intervenciones en la costa valenciana.

El Consejo de Estado

El dictamen del Consejo de Estado solicitado por el Gobierno para fundamentar el recurso ha añadido un nuevo matiz a la polémica. Por un lado, avala la tesis de Moncloa de que la Ley 3/2025 invade, en ciertos extremos, competencias estatales sobre el dominio público marítimo‑terrestre y cuestiona que una autonomía pueda condicionar el régimen básico de protección de ese espacio a través de figuras como los núcleos etnológicos.

Pero, al mismo tiempo, el propio Consejo de Estado reprende al Ejecutivo por mantener bloqueada de forma consciente en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Costas de alcance similar a lo que ahora considera inconstitucional en la norma valenciana, lo que proyecta una imagen de incoherencia normativa. El Gobierno no quiere aceptar la solución valenciana mientras congela en el Congreso y el Senado una modificación estatal que podría ofrecer una salida homogénea al conjunto del litoral español.

Además, el Consell rechaza la idea de que la ley sea una "norma ad hoc" para la playa de Babilonia, como sugiere el dictamen, y defiende que su objetivo es proteger de forma sistemática el conjunto de la costa valenciana, con criterios generales aplicables a distintos núcleos tradicionales.