Alicante, a la cola en inversión estatal y sin fecha para la nueva Comandancia ni para rescatar el Hospital del Rey

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento a este diario: falta la partida presupuestaria del Estado para su realización. De ahí que cada intento de reanimarlo se ha estrellado contra la burocracia estatal y un contexto de infrafinanciación que Alicante arrastra desde hace años. Sin Presupuestos Generales del Estado, todo son anuncios y parches contables pero ninguna decisión de ejecución.

El acuerdo de 2019 (hace 7 años) comprendía una permuta de un edificio por un terreno: el Estado entregaría al Ayuntamiento la actual Comandancia, en el número 52 de la calle San Vicente -el viejo Hospital del Rey-, y a cambio recibiría una gran parcela municipal en la avenida Jaime I, 35, en el barrio de Rabasa, para levantar allí el nuevo acuartelamiento.

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Sobre el papel, se trataba de una operación redonda: la Guardia Civil ganaba un espacio moderno y dimensionado a una plantilla provincial de 2.800 agentes y la ciudad recuperaba un edificio histórico para integrarlo en un eje cultural entre Las Cigarreras y el Teatro Principal.

El Ayuntamiento cumplió parte de su hoja de ruta: segregó la parcela, levantó servidumbres, redactó el proyecto de urbanización y llegó a iniciar las obras, adjudicadas en 2021 por algo más de 830.000 euros con un plazo de ejecución de seis meses.

Sin embargo, un conflicto con un vecino colindante obligó a paralizar los trabajos y dejó en el aire la conversión en solar de los 26.000 metros cuadrados sobre los que debía levantarse la futura Comandancia.

Cuando el tiempo se echaba encima, en septiembre de 2023 la Dirección General de la Guardia Civil pidió prorrogar la vigencia del convenio mediante una adenda. GIESE llegó a redactar ese texto y a tramitarlo, pero la Subdirección General de Patrimonio del Estado emitió en noviembre de 2023 un informe desfavorable que tumbó la ampliación. El resultado fue que la adenda no llegó a firmarse antes del 12 de diciembre y el convenio quedó extinguido de pleno derecho.

El Gobierno detalla que en enero de 2024 el Ayuntamiento se avino a negociar un nuevo convenio, esta vez condicionando la permuta a que la parcela municipal estuviera completamente urbanizada antes del intercambio. De nuevo se recabaron informes y, de nuevo, Patrimonio del Estado frenó la operación en agosto de 2024 al considerar que la tasación del suelo municipal no se ajustaba a los criterios de valoración comúnmente aceptados.

Esa segunda nota negativa ha impedido hasta la fecha formalizar un nuevo acuerdo entre Interior y el consistorio alicantino.

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A estas trabas administrativas se suma un problema jurídico de fondo: para configurar la parcela matriz en Rabasa es necesaria la expropiación de terreno de un particular, que ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ese recurso ha supuesto la paralización de las obras de urbanización hasta que haya sentencia firme, añade el Ejecutivo.

El propio Ayuntamiento comunicó en mayo de 2025 que, dado que la expropiación solo afecta a una parte del ámbito y no al suelo a permutar, ha redactado un “Proyecto de complementación” de las obras en las calles Padre Villafranca, Pilar de la Horadada y la prolongación de Jaime I, actualmente en estudio por el Mando de Apoyo de la Guardia Civil.

Sin inversiones estatales

Mientras el expediente para el cuartel de Rabasa se empantana, la provincia de Alicante sigue encadenando Presupuestos Generales del Estado que la relegan al vagón de cola en inversión per cápita.

Distintos informes de institutos económicos y de la Cámara de Comercio cifran en más de 3.500 millones el déficit acumulado desde 2008 por criterio poblacional, con años en los que la provincia ha ocupado el puesto 52 de 52 en la clasificación nacional pese a ser la quinta en población. Este contexto de infrafinanciación, denunciado por patronal y Diputación, ha dejado en el aire proyectos estratégicos en materia de infraestructuras y seguridad, entre ellos la propia Comandancia.

En paralelo, asociaciones profesionales de la Guardia Civil llevan años alertando de las carencias de los cuarteles en la provincia, tanto en medios materiales como en condiciones de las instalaciones. Falta de mantenimiento, problemas de accesibilidad, ausencia de climatización y deficiencias en vestuarios se repiten en numerosos acuartelamientos, mientras el proyecto llamado a “dignificar” la sede provincial permanece en un limbo.

Aunque el director general del cuerpo llegó a calificar la nueva Comandancia como “prioridad” del Gobierno, los hechos administrativos y presupuestarios apuntan a otra realidad mucho menos ambiciosa.

Todo ello tiene una derivada urbana y cultural: la imposibilidad de ejecutar el proyecto con el que el Ayuntamiento se comprometió a dar un uso cultural al actual edificio de la Comandancia, recuperando el antiguo Hospital del Rey para la ciudad.

El cierre de la operación de permuta es condición imprescindible para que el inmueble pueda vaciarse y rehabilitarse como equipamiento, de modo que el bloqueo estatal mantiene congelado un futuro eje cultural que debía coser Las Cigarreras con el centro tradicional.

El horizonte de la nueva Comandancia de Alicante es hoy una incógnita, en contraste con otros proyectos de cuarteles en la provincia que sí han encontrado financiación en los últimos años. Y, por extensión, también lo es el destino del Hospital del Rey, símbolo de una ciudad que ve cómo se aplaza una y otra vez la promesa de convertir un viejo edificio militar en un referente cultural.