Agentes de la Policía Nacional entrando a uno de los pisos prostíbulos.
Liberan a tres mujeres explotadas sexualmente y detienen a cuatro personas entre Castellón y Alicante
La operación policial contra la organización criminal que esclavizaba víctimas de origen sudamericano se ha saldado con 11 arrestos, uno de ellos en la provincia alicantina.
Más información: Liberan a once mujeres víctimas de trata explotadas sexualmente por una red ilegal en Alicante
Tres mujeres de origen sudamericano que estaban siendo explotadas sexualmente han sido liberadas por la Policía Nacional tras desarticular la organización criminal que las tenía esclavizadas y detener a sus 11 integrantes, cuatro de ellos en la Comunitat Valenciana.
Las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en diferentes viviendas y clubes trabajando 24 horas al día, con tan solo dos horas de descanso y sin poder negarse a realizar ningún tipo de servicio sexual, en pisos de Castellón, Madrid y Sevilla.
Las víctimas eran mujeres vulnerables que habían sido captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea y trasladadas a España tras generarles una deuda de hasta 7.000 euros.
Una vez en España, eran obligadas a ejercer la prostitución en diferentes viviendas y clubes del territorio nacional. Además, debían ceder su imagen para publicar anuncios en páginas web de contactos.
En algunos casos, las víctimas eran amenazadas y coaccionadas para que continuaran ejerciendo la prostitución, llegando incluso a recibir fotografías de sus familiares en sus países de origen como forma de intimidación.
La investigación ha concluido con la detención de 11 sospechosos entre provincias de Castellón (6), Madrid (2), Sevilla (2) y Alicante (1), de los cuales cuatro han ingresado en prisión provisional.
Captadas y engañadas
La investigación policial se inició en septiembre de 2025 tras la declaración de varias víctimas, que pusieron de manifiesto la existencia de un entramado criminal de carácter internacional dedicado a la captación de mujeres de origen sudamericano para su explotación sexual en España.
![Agustina Canales, esta semana en la plaza de Gabriel Miró de Alicante.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/09\/17\/actualidad\/1003743929543_258784193_320x180.jpg"])
Las víctimas eran captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea, donde los miembros de la organización criminal establecían contactos con mujeres en situación de vulnerabilidad personal, económica y social.
A través de engaños y técnicas de manipulación conseguían ganarse su confianza y persuadirlas para viajar a España. Para facilitar su traslado, la red criminal les proporcionaba los billetes de ida y vuelta, la reserva del hotel y un seguro médico de viaje, todo ello con el objetivo de simular un viaje meramente turístico y evitar con ello, sospechas en los controles fronterizos.
Al llegar a España, la organización les reclamaba los 7.000 euros por las deudas contraídas que debían saldar ejerciendo la prostitución para el entramado criminal.
Además de trabajar durante 24 horas diarias, solo teniendo dos de descanso, los gastos de manutención y el material profiláctico corrían a cargo de las propias víctimas.
De todas formas, debían aceptar cualquier tipo de servicio sexual, incluso sin material de protección o estando enfermas o durante la menstruación y estaban obligadas a consumir, transportar y ofrecer sustancias estupefacientes, siendo sancionadas en caso de negarse.
![Rocío Mora (APRAMP): No queremos que haya esclavas sexuales en nuestras calles](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/09\/21\/mujer\/1003743934589_258878485_320x180.jpg"])
Así, el reparto de los beneficios de los servicios sexuales era, teóricamente, del 50 por ciento para las mujeres y del 50 por ciento para la responsable del piso, aunque esta condición rara vez se cumplía.
La organización mantenía un férreo control sobre las víctimas y mostraba fotografías de sus familiares en sus países de origen para intimidarlas e impedir que denunciasen.
Los presuntos responsables están acusado de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública.
Durante la operación también se intervinieron dos teléfonos móviles, un datáfono utilizado para el cobro de los servicios sexuales y documentación relacionada con la actividad.
