Los padres del menor, dándose la mano.
El infierno de los padres de un niño con discapacidad víctima de acoso ante la "inacción" del instituto: "Le culpan a él de todo"
La familia interpone tres denuncias penales tras un calvario que incluye agresiones físicas, ciberacoso, ideación suicida y una crisis de ansiedad que llevó al menor a cambiar de centro en enero de 2026.
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El acoso escolar no llega siempre con una paliza. Suele ser un abismo profundo con trayectoria lenta. Primero son las miradas, luego las mofas, y llega finalmente la exclusión total y los señalamientos. Este infierno es el que ha vivido durante más de un año Pablo (nombre ficticio utilizado para proteger a la víctima), 13 años, en el IES Les Dunes de Guardamar del Segura, Alicante.
Pablo, con una discapacidad reconocida, finalmente abandonó el centro, bajo recomendación del abogado de la familia, tras sufrir acoso escolar continuado desde diciembre de 2024 hasta enero de 2026.
La sensación que transmiten los padres al relatar a EL ESPAÑOL el "infierno"-palabra utilizada de forma reiterada para definir su situación- vivido por su hijo, es de injusticia, agotamiento y profunda impotencia.
En cuestión de meses, la familia ha tenido que lidiar con el deterioro físico y mental de su adolescente, llegando a confesar pensamientos suicidas y sufrir brotes de ansiedad graves.
Una situación que "ya no podía aguantar más", tal y como afirman vivirlo sus padres, tras explicar la decisión final de cambiarlo de instituto.
La familia denuncia que la dirección del centro no activó los protocolos obligatorios, culpabilizó a la víctima y trató de ocultar la situación ante la inspección educativa. "Parece que le culpan a él de todo", lamenta el padre.
A día de hoy, existen tres denuncias penales interpuestas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La primera, contra los agresores, la segunda, contra un grupo de alumnos menores de 14 años y por último, otra contra la propia dirección del instituto.
El padre del menor, que prefiere no ser identificado para proteger a su hijo, ha relatado a este periódico los hechos con detalle y ha aportado como prueba correos electrónicos, partes de lesiones, informes psiquiátricos e informes del inspector de educación. El abogado de la familia y la directora del centro también han sido contactados para esta investigación.
Finales de 2024
El menor cursaba primero de ESO en el IES Les Dunes cuando comenzaron los problemas. A finales de 2024 empezó a llegar a casa relatando episodios que sus padres inicialmente atribuyeron a roces propios de la edad.
Pero las señales se fueron agravando hasta que un día llegó con dolor en los genitales tras recibir una patada en clase. En otra ocasión, le bajaron los pantalones delante de sus compañeros. "Empezaron a llamarle maricón", relata el padre, apenado.
Los entornos del centro IES Les Dunes en Guardamar.
Ante la gravedad de la situación, el padre, Policía Nacional de profesión, alertó al centro a través de la plataforma Web Familia advirtiendo de un posible acoso. La respuesta que obtuvo, según su relato, fue "desconcertante e insuficiente".
Un día el jefe de estudios le comunicó por correo que el problema de su hijo tenía que ver con que decía abiertamente en clase que su padre era policía. "Me dijo que mi hijo tenía que dejar de comunicar mi trabajo. Para mí eso es odio hacia una profesión y un completo desvío del foco real del problema", relata.
En otro email del padre solicitando actuar de manera urgente, el jefe de estudios le contesta que ya le comentará este caso a sus compañeros, y "otros casos que necesitan más atención".
Los presuntos agresores
La situación empeoró a comienzos de 2025 cuando un alumno de nuevo ingreso, que según el padre venía expulsado de otros centros educativos por episodios previos de acoso, fue asignado precisamente a la clase de Pablo, la única en la que se habían comunicado problemas de hostigamiento.
Según relata el padre, este nuevo alumno se alió con otro compañero que ya acosaba al menor, y las agresiones se multiplicaron.
Al verse desamparado, el padre contactó con la inspección de educación de la Conselleria. La respuesta del jefe de estudios al conocer esta iniciativa, según consta en un correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico, fue amenazar al padre con "estudiar las opciones judiciales" que tenía contra él.
Tras una primera serie de medidas en abril de 2025 a petición del inspector de educación al ser informado por el padre de la situación, cambiaron a uno de los agresores de clase.
Pero incluso después de ese cambio, seguía entrando en el aula de Pablo para empujarlo e insultarlo delante de los profesores, según explica. No se activó ningún protocolo de protección entonces.
Punto de inflexión
Con el inicio del nuevo curso, las agresiones adquirieron una gravedad mayor. En un recreo, dos de los agresores le lanzaron un objeto a la cabeza.
Pablo fue a buscar al jefe de estudios para contarle lo sucedido, pero este le dijo que no podía atenderle en ese momento.
Cuando el menor bajó de nuevo, los dos agresores lo estaban esperando en una puerta y le propinaron una paliza. El padre lo llevó al centro médico, donde le hicieron un parte de lesiones, al que también ha tenido acceso este periódico.
El 15 de septiembre de 2025, el padre interpuso una denuncia penal ante la Guardia Civil por acoso y lesiones. Lo comunicó al instituto esa misma noche.
El centro tardó dos días en responder, y la reunión que convocaron no fue para abordar la agresión, sino para discutir si se debía comunicar la discapacidad de Pablo al resto de la clase.
Al día siguiente de la denuncia, el menor sufrió otro intento de agresión en el patio por parte de los mismos alumnos. "De nuevo, no hicieron nada", denuncia el padre.
"Protocolo fantasma"
La Guardia Civil visitó el centro para pedir informes. A pesar de ello, la directora "no abrió el Plan de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia (PREVI)", el registro obligatorio en la plataforma ITACA que debe activarse cuando un centro tiene conocimiento de un posible caso de acoso.
Fue el inspector de educación quien, durante una visita al centro el 3 de octubre por un asunto de becas, descubrió que no se había hecho nada y ordenó a la directora que lo abriera, según consta en los correos. Habían pasado 20 días desde la denuncia penal.
El 6 de octubre, el centro comunicó la existencia de un "protocolo de protección al menor". Sin embargo, según la familia y su abogado, se trató de un protocolo sobre el papel, pues los padres nunca fueron informados formalmente de sus fases ni de su contenido, nunca firmaron nada, y los propios profesores desconocían su existencia.
Tras semanas intentando concretar una reunión y solucionar el asunto, finalmente el día 25 de noviembre de 2025, se reúnen en el centro los padres, la directora del centro y el inspector de educación, reunión en la cual se firma el deseado protocolo antiacoso, a petición del inspector.
Durante dicho encuentro, el centro presentó un documento intentando hacer creer que ya existía un protocolo previo establecido, el cual el padre nunca había visto ni firmado. Una acción que el abogado de la familia, Santiago Candela Rovira, describe como un intento de encubrir su inactividad.
En estos casos, para que un protocolo sea válido y efectivo, debe informar detalladamente a la víctima y a sus padres sobre sus fases y condiciones, y estos deben firmar su recepción, tal y como lo asegura el letrado.
![La entrada del centro escolar, este miércoles a las 9 de la mañana.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/18\/actualidad\/1003744174358_262005770_320x180.jpg"])
"No tiene ningún sentido manifestar que hay un protocolo si no se informa de qué fases tiene ni de qué condiciones tiene", explica a EL ESPAÑOL Candela Rovira.
De hecho, en un episodio que la familia aporta como ejemplo, el 1 de diciembre de 2025, el primer día de actuación del protocolo, uno de los profesores que debía bajar a recoger a Pablo como medida de protección no lo hizo porque "nadie le había informado" del mismo.
El documento ya firmado también establecía que el menor debía estar vigilado durante los periodos más delicados, como los recreos o los cambios de clase.
Sin embargo, aquel 1 de diciembre, según el padre, falló la vigilancia en el patio, dejando al menor sin la supervisión acordada, lo que derivó en que este terminara interactuando nuevamente con los alumnos que lo acosaban.
Por otro lado, ya en enero, la directora notificó al padre que su hijo no había asistido al instituto, cuando en realidad el menor sí estaba dentro de su aula. "Tuve un susto de muerte, y aquello evidenció que no se supervisó correctamente su paradero", asegura, a lo que añade: "Hemos firmado un protocolo fantasma".
La crisis
Mientras tanto, el acoso se extendió más allá de las aulas. Según relata la madre, en el grupo de WhatsApp de clase, se publicaron imágenes pornográficas acompañadas de insultos homófobos dirigidos a Pablo. Un día en clase, un compañero llegó a decirle que "sobraba" y que "se suicidara".
El desgaste psicológico acumulado durante meses derivó en lo peor. A finales de octubre, el centro citó al padre para comunicarle que su hijo tenía pensamientos suicidas. "Me esperaban la directora, las orientadoras y el jefe de estudios para decírmelo. Me hicieron llorar. Pero no propusieron ninguna medida", cuenta.
Tras una carga emocional y mental demasiado importante, los padres deciden no llevar a su hijo al instituto durante unos días, informando a los servicios sociales de tal decisión el 3 de noviembre.
El 4 de noviembre, mientras sus padres lo llevaban a una clínica psicológica, los compañeros lo acosaron a través del móvil con videollamadas grupales constantes. En un acto de desesperación y rabia, la madre llamó a una de las alumnas que participaba: "Me dijo que le estaban diciendo los demás que llamaran", recuerda con tristeza.
Dos días después, el menor sufrió un ataque psicótico y lo llevó en brazos al Hospital Universitario de Torrevieja. "No he visto una cosa así en mi vida", dice el padre.
Corto plazo
En enero de 2026, tras la recomendación de su abogado para no alargar el sufrimiento del menor, la familia tomó la decisión de trasladar a Pablo a otro centro en una localidad vecina. Los presuntos agresores, según denuncia la familia, "continúan en el instituto sin haber recibido ninguna sanción significativa".
No sería el primer caso. Según el abogado de la familia, al menos otra víctima de acoso tuvo que abandonar el mismo centro educativo con anterioridad.
La respuesta del centro
Este periódico ha contactado con la directora del IES Les Dunes, quien se remitió a la protección de datos y afirmó que "informaría a inspección" de la llamada.
Preguntada de forma general sobre los protocolos que activan ante supuestos casos de acoso escolar, respondió que aplican "los protocolos establecidos por la Consellería", sin ofrecer más detalles. No quiso realizar ninguna otra declaración.
