Manifiesto de las comunidades litorales contra el boqueo del Gobierno a la reforma de la Ley de Costas.
Del oleaje al Parlamento: así lidera la Comunitat Valenciana la rebelión de las autonomías costeras
Las autonomías costeras coordinan en València su estrategia para ganar competencias reales sobre el litoral y frenar un Reglamento estatal que consideran fuente de inseguridad jurídica.
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La batalla por la protección del litoral y las competencias para salvaguardarlo da un salto político. Después de presentar unas durísimas alegaciones al Reglamento estatal de Costas -mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene bloqueada la reforma de la ley de 1988-, la Generalitat ha pasado de los informes técnicos a la ofensiva coordinada con el resto de comunidades litorales para forzar esa reforma y blindar su propia normativa autonómica frente al Estado.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha sido el anfitrión hoy de la II Cumbre Nacional del Litoral, con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia, Ángeles Vázquez; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García; y el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Cantabria, Roberto Meria.
Por parte de la Generalitat también ha estado el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuerto, Marc García Manzana. De forma telemática también ha participado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina M. García Carrasco.
Las autonomías presentes en la cumbre han pactado un manifiesto que exige una nueva ley de costas, rechazar los reglamentos que impulsa el Gobierno y la petición de una reunión urgente de la comisión sectorial con presencia de la ministra Sara Aagesen. Asimismo, se creará un grupo de trabajo para redactar un borrador de una nueva Ley de Costas “con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular”, ha indicado el vicepresidente.
Una larga batalla
La Generalitat llevaba meses advirtiendo de que la modificación del Reglamento General de Costas que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica puede agravar la inseguridad jurídica en el litoral valenciano, al permitir extender el dominio público a partir de un solo episodio de oleaje extremo y no sobre la reiteración de temporales en el tiempo, como hasta ahora.
En sus alegaciones, el Consell reclamó que ese oleaje se mida con rigor científico, con series amplias de datos y no con fotografías puntuales de un temporal, y advirtió de que deslindar únicamente en función de la regresión sin analizar el origen de esa pérdida de arena puede penalizar injustamente a los pueblos marítimos. Esa “medición seria” del mar es la base sobre la que la Generalitat ha construido su discurso político posterior.
La posición valenciana no se limita a discutir dónde llega la ola de un temporal. El Consell ha exigido que la gestión del litoral incorpore la variable de los sedimentos, obligando a coordinarse con las confederaciones hidrográficas para garantizar que la arena que se retiene en presas y embalses llegue de nuevo a las playas. La erosión costera, sostienen en la región, empieza tierra adentro, en los ríos, y no puede corregirse solo con espigones y diques.
![Marc García, en la reunión de las autonomías que reclaman las competencias de Costas, en Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/19\/actualidad\/1003744137924_261525142_320x180.jpg"])
En paralelo, la Generalitat sitúa el patrimonio y la identidad de los núcleos tradicionales en el centro del debate. La Ley autonómica de Ordenación y Protección del Litoral introduce la figura de los núcleos etnológicos para blindar cascos históricos marineros frente a derribos de la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, siempre que se cumplan criterios de conservación y uso compatible con el dominio público.
Esa figura, muy presente en Guardamar o Dénia, y recurrida por el Gobierno central ante el Constitucional, se ha convertido ahora en la carta de presentación de la Comunitat Valenciana ante el resto de autonomías costeras.
El frente político
El siguiente paso se dio cuando las comunidades con litoral empezaron a coordinarse frente el Ministerio. Las reuniones celebradas primero en Madrid y ahora en València han cristalizado en un frente político de autonomías costeras que no quiere quedarse en el parche reglamentario, sino abrir la propia Ley de Costas.
![Reunión de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, con los responsables vecinales del litoral valenciano.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/09\/actualidad\/1003744122138_261324672_320x180.jpg"])
La Generalitat se presenta en esas citas con un doble mensaje: por un lado, comparte el diagnóstico de inseguridad jurídica que provoca el nuevo Reglamento; por otro, ofrece su ley autonómica como modelo alternativo para compatibilizar protección ambiental, actividad económica y defensa del patrimonio construido. València busca así capitalizar el malestar común y colocarse a la cabeza de la negociación con Moncloa.
En ese esquema, el Consell combina tres planos: mantiene el recurso ante el Constitucional por la defensa de su ley autonómica, presiona al Ministerio para que modifique en profundidad el Reglamento de Costas y, al mismo tiempo, impulsa una propuesta conjunta de reforma de la ley estatal que recoja las reivindicaciones de las autonomías. La Generalitat asume que el conflicto se dirimirá en Madrid, pero quiere llegar acompañada.
El resultado es que la disputa por el litoral ha dejado de ser una discusión técnica entre abogados del Estado y servicios jurídicos autonómicos para convertirse en una confrontación política de primer nivel entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades costeras.
