La Generalitat lo confirma: instalará 300 alarmas para evitar la okupación en viviendas públicas

La okupación ilegal se ha convertido en uno de los principales focos de inseguridad en los barrios con vivienda pública.

Una realidad que no solo genera conflictos vecinales, sino que impide que estos inmuebles cumplan su función social: garantizar el acceso a una vivienda digna a quienes realmente la necesitan.

Esta situación también preocupa a la Generalitat Valenciana, que reconoce que la ocupación irregular frena la rehabilitación y adjudicación de pisos del parque público, rompiendo el principio de igualdad de oportunidades entre los solicitantes que sí cumplen la legalidad.

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Por ello, el Consell refuerza su estrategia contra la okupación con nuevas medidas de prevención y control, entre ellas la instalación de sistemas de alarma en viviendas públicas, según explica la Generalitat en un comunicado.

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha adjudicado el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles.

Durante 2025, la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha intensificado las actuaciones destinadas a frenar la okupación irregular. Una de las principales acciones ha sido la licitación de estos sistemas de seguridad, que funcionan sin conexión al suministro eléctrico.

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, reconoce que la ocupación ilegal es uno de los mayores problemas del parque público autonómico.

"Estas ocupaciones impiden la rehabilitación y posterior adjudicación de viviendas a familias con necesidades que sí respetan la legalidad", señala.

Martínez advierte además de que estas situaciones suelen derivar en conflictos de convivencia y en una mayor sensación de inseguridad para el resto de residentes de los edificios públicos.

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Riesgos para la convivencia

A los problemas vecinales se suma el peligro que suponen los enganches ilegales a los suministros. "Manipulan las instalaciones y ponen en riesgo la vida de todos los residentes", subraya la directora general de la EVHA.

Desde la Generalitat insisten en que la ocupación ilegal no es solo un problema administrativo, sino una cuestión que afecta directamente a la seguridad y al bienestar de los vecinos.

Aviso inmediato a la Policía

Los sistemas de alarma adjudicados cuentan con conexión a una central receptora y aviso inmediato a la Policía, lo que supone un refuerzo clave en la prevención de nuevas ocupaciones.

Además, una vez que la vivienda es rehabilitada y adjudicada a una familia, el dispositivo se traslada a otro inmueble que esté en proceso de reparación, optimizando así el uso de estos recursos.

Más de 4,7 millones

El importe de la adjudicación asciende a 4.743.200 euros, por un periodo de cuatro años. El contrato se divide en dos lotes: uno destinado a la provincia de Alicante, con 150 alarmas, y otro conjunto para Valencia y Castellón, con otras 150.

En total, seis empresas presentaron ofertas a esta licitación, que también contempla servicios complementarios durante toda la vigencia del contrato.

El contrato no solo incluye la instalación de los sistemas de alarma, sino también el traslado de equipos, el mantenimiento de las instalaciones, la reposición por actos vandálicos, la custodia de llaves y el servicio de verificación personal.

Estas actuaciones se enmarcan en una estrategia más amplia de la Generalitat para combatir la ocupación ilegal, que contempla un aumento de la inversión en medidas de prevención como puertas antivandálicas o la contratación de seguridad privada en determinados bloques de vivienda pública.