Susa, la vecina de Valencia que se niega a abandonar el piso de Valencia. À Punt
Demandan por estafa a Susa, la vecina que se niega a salir de su piso en Valencia: "Se ha quedado 6.000 euros"
Desokupas de Alicante se instalarán en el edificio para controlar que no entren okupas y asegurar las obras de rehabilitación.
Más información: El chantaje de Susa en un edificio histórico que resuelven desokupas de Alicante: "Quiere que le regalen un piso"
Continúa la batalla entre la vecina de Valencia Susa y un fondo de inversión, apoyado por una empresa de desokupación de Alicante.
La firma inmobiliaria la ha demandado por estafa y usurpación de bien inmueble, después de que se negara a abandonar la vivienda y se quedara con los 6.000 euros que le adelantaron como parte de un acuerdo de salida.
La calle Sogueros de Valencia, en plena Ciutat Vella, se ha convertido en un campo de trincheras. En él se enfrentan dos bandos: por un lado, la vecina y asociaciones de apoyo a okupas; por otro, el fondo francés propietario del edificio y la empresa alicantina de mediación.
Como contó este diario, el caso está adquiriendo tintes épicos de resistencia vecinal. Pero la realidad, según la documentación judicial a la que ha accedido EL ESPAÑOL, es que la última residente del centenario inmueble está tratando de coaccionar al propietario, y no al revés.
Lejos del relato que han difundido otros medios, los contratos muestran cómo esta vecina está intentando exprimir a la firma, incumpliendo el acuerdo de resolución firmado entre ambas partes.
La mujer tenía contrato de alquiler hasta 2029 en una vivienda vinculada a su familia durante más de un siglo.
El acuerdo: 60.000 €
Sin embargo, ante el grave deterioro del edificio, cuya fachada sur amenaza con desplomarse, era necesario que lo abandonara temporalmente para ejecutar las obras que garanticen su estabilidad.
Para facilitar el proceso, el fondo acordó pagarle 60.000 euros —de los cuales se le adelantaron 6.000— a cambio de que abandonara la vivienda, que podría ponerse a la venta una vez finalizara su contrato en 2029.
No obstante, tras recibir el adelanto, la mujer no cumplió con lo pactado y se negó a dejar el piso. Peor aún: posteriormente exigió 150.000 euros para entregarlo, lo que la empresa considera "una maniobra dolosa con ánimo de lucro".
Fin del pacto
APD Security Iberia, la empresa de desokupación con sede en Alicante, no ha podido mediar con la vecina, que se ha negado a negociar debido a la presión de las asociaciones que han acudido al edificio.
Ante la imposibilidad de acuerdo, se ha decidido continuar con las obras con la mujer dentro, lo que obligará a dejar parte de su vivienda a la intemperie.
En cuanto a la entrega de la propiedad, solicitada en su día por la propia inquilina, la empresa ha cancelado el pago restante y denuncia que "se ha quedado con los 6.000 euros adelantados".
![Montaje de miembros de Nación 8 Desokupa a partir de una publicación en redes sociales.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/04\/actualidad\/1003743834651_257038907_320x180.jpg"])
Así, esos 60.000 irán para la empresa alicantina, que se encargará de la vigilancia del inmueble para asegurar que se realizan las obras conforme a la ley, y así evitar la entrada de okupas.
Varios miembros del equipo se instalarán en el propio edificio, pues sostienen que la mujer ha dejado entrar a personas que han ocupado la vivienda en su ausencia.
A partir de ahora, la mujer permanecerá en el inmueble hasta 2029, fecha de finalización del contrato, y deberá abonar mensualmente el alquiler al nuevo propietario.
Dificultando las obras
En la denuncia, la empresa asegura que "la denunciada continúa ocupando la vivienda sin título legal, impidiendo a la propietaria el acceso legítimo al inmueble y la ejecución de las obras necesarias para evitar el colapso del edificio".
Y es que, lejos de lo difundido, la mujer no estaba obligada a renunciar a su vivienda, sino únicamente a abandonarla de forma provisional mientras se ejecutaban las obras de emergencia aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia.
Una vez garantizada la seguridad estructural, podría haber regresado a la vivienda. "La ocupación ha provocado pérdidas económicas importantes a la mercantil denunciante por la paralización de obras, el incremento de costes técnicos y el riesgo de daños a terceros", señala la demanda.
Ahora, la Policía y los bomberos están interviniendo como mediadores para que la mujer abandone el piso de forma voluntaria y permita asegurar una estructura que podría colapsar de un día para otro.
