La semana pasada, EL ESPAÑOL informaba de los cambios que pretende introducir el Consell de Carlos Mazón (PP-Vox) en la radiotelevisión valenciana mediante una proposición de ley que los populares quieren que entre en vigor en julio, tras el fin de su tramitación en el periodo de sesiones de las Cortes Valencianas. Y ante las polémicas suscitadas, hay un dato incontrovertible: no se están alcanzando los resultados deseados.

La fusión de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), viene como resultado de que À Punt ha sido la única empresa que lejos de disminuir su presupuesto con la llegada al poder de PP y Vox, ha aumentado en 4 millones sus cuentas, hasta los 84 millones. Sin embargo, sus resultados de audiencia y publicitarios están como en su inicio, muy por debajo de las expectativas.

Y es que en la ley que aprobó el Gobierno Botánico de Ximo Puig en 2016, "Ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat", quedaba claro en su artículo 18.3 el cese de Consejo Rector por causas económicas, como viene sucediendo en los últimos años según el PP, algo que no comparte la dirección.

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"Todos los miembros del Consejo Rector cesarán en el caso de que la liquidación del presupuesto anual de la Corporación determine la existencia de un déficit del resultado presupuestado con una desviación igual o superior al 10 % de la compensación otorgada para la prestación del servicio público, o una disminución de más del 25 % de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual de la Corporación".

Todo ello, "salvo causa justificada que deberán, previo informe de la Sindicatura de Comptes, exponer ante la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual, que deberá aceptar dicha justificación en una votación nominal y por mayoría de sus miembros", continúa el artículo.

En cualquier caso, desde el Consell prevén nombrar un nuevo consejo rector y una nueva dirección general cuando entre en vigor la ley, permaneciendo activos ambos órganos de forma provisional hasta entonces.

Los problemas actuales

Los problemas a los que está llevando la actual ley se deben en gran medida a que no están claras las competencias del Consejo Rector y de la Dirección General, por lo que funcionan como contrapoderes. Con la nueva ley, el Consejo Rector que será Consejo de Administración dará las directrices y la Dirección General tendrá libertad de movimientos para cumplirlas.

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En este sentido, los dos principales actores de este cambio legislativo y de organización serán la plantilla de los trabajadores y los productores regionales, a los que en principio les parece bien cómo se está llevando a cabo esta transición.

De este modo, perderán poder de decisión todos los organismos no directamente implicados en la dirección del ente, como podría ser la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), las asociaciones de periodistas o incluso movimientos sociales como el LGTBI. Y es que las decisiones han de ir encaminadas a aumentar la audiencia y los ingresos por publicidad.

En este sentido, la izquierda considera que la televisión pública valenciana debe mantener el valenciano como lengua vehicular de la radiotelevisión pese a que ese es uno de los problemas que están lastrando los resultados del ente ya que en una comunidad autónoma de 5 millones de ciudadanos, 3 manifiestan no hablar esa lengua a diario, lo que supone un público objetivo de apenas 2 millones de personas.

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Ahí está la polémica. Mientras la izquierda considera que hay como alternativa a las castellanohablantes otros canales que no usan el valenciano y que los valencianohablantes que quieren ver la televisón u oír la radio en su lengua sólo lo pueden hacer en À Punt, la derecha considera que los 84 millones de euros pagados a la corporación proceden de los bolsillos de todos los ciudadanos sin excepción.

Y la audiencia viene a confirmar estos datos. Mientras que las retransmisiones de las fallas lograron cuotas de pantalla de hasta el 33 %, la audiencia ha vuelto a bajar esta semana hasta el 1,8 % y el 2,2 %, algo que es inasumible y que requiere una revisión. Algo que se verá en la tramitación parlamentaria.