El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante) para evitar el pago del "lucro cesante" por el proyecto del Casal de la Música, por lo que le obliga a pagar más de nueve millones de euros a la empresa Gestpark.

Así lo ha denunciado este miércoles la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular, Toñi Mora, acompañada por el diputado provincial popular Juan de Dios Navarro.
Según ha explicado, la construcción de un parking y una zona de ocio se adjudicó a la empresa Gestpark en 2002, pero más tarde la contrata se anuló arbitrariamente por el gobierno socialista de entonces, "y ahora todos los vecinos debemos asumir una deuda de más de 12 millones de euros".

"Esto supone un doble varapalo para la gestión del señor Sáez -en referencia al alcalde José Luis Sáez-, primero porque ya no queda recurso alguno que presentar y, segundo, porque el plan de pagos previsto por el equipo de gobierno tampoco se ha aceptado en el Tribunal de los Contencioso", ha destacado Mora.

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En declaraciones a EFE, el regidor ha explicado que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no es firme todavía: "Nosotros presentamos un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se ha rechazado, y ahora vuelve al TSJCV, que tendrá que decidir".

Sáez ha adelantado que este jueves se reunirán con intervención "para valorar la situación y ver la metodología a seguir", al tiempo que ha criticado la "prisa" de los populares por "condenar" al Ayuntamiento.

"Estamos haciendo lo que podemos y asumiremos lo que venga, como no puede ser de otra manera, pero cuando llegue", ha sentenciado.

Por su parte, Mora ha calificado la gestión socialista como "una huida adelante habiendo intentado tapar la situación real del proceso judicial, que ha terminado dando la razón a la empresa y perjudicando a todos los contribuyentes guardamarencos" al tener que pagar ahora los costes derivados de la decisión. 

La candidata popular ha señalado que el equipo de gobierno "erró al no querer asumir la sentencia de 2022, que ya advertía de un lucro cesante de más de nueve millones de euros".

"Quiso obviar la sentencia y negó a asumir que había que compensar a la empresa por la rescisión del contrato, según el Juzgado de Lo Contencioso", ha concluido.