Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elche a un hombre de 39 años que presuntamente localizaba viviendas vacías que previamente habían sido deshabitadas con orden de desahucio para alquilarlas ilegalmente. Por estos hechos, se le acusa de usurpación de bienes inmuebles y delito de daños.

Los investigadores lograron identificar al ahora detenido, quien aprovechaba el espacio de tiempo entre el desalojo de las viviendas y su inhabilitación para cambiar las cerraduras de los inmuebles y facilitar la ocupación a terceros.

[Cuidado al pagar con tarjeta: así es el método de atraco de la 'siembra' que ha llegado a Alicante]

Esta persona, al tener un control absoluto de la vivienda, funcionaba de manera ilegal como si fuese una inmobiliaria, gestionando con terceras personas el alquiler de los inmuebles para hacer entrega de las llaves a posibles inquilinos a cambio de una cuantía acordada.

Tras diversas pesquisas policiales, los agentes encargados del caso verificaron que el investigado había favorecido la ocupación de varios inmuebles y que, para acceder a ellos, había causado daños que generaron un grave perjuicio económico.

Entre los efectos que se le intervinieron al arrestado, los agentes localizaron varias cerraduras preparadas y listas para el montaje en otras viviendas de la misma naturaleza. La investigación continúa abierta en estos momentos para localizar más viviendas afectadas.

Cuatro detenidos por estafas con prefabricadas

Por otra parte, la Guardia Civil ha investigado a cuatro personas en las provincias de Alicante, León, Lérida y Pontevedra, por dos delitos de estafa en la venta de casas prefabricadas, llegando a detectar 8.600 euros obtenidos de forma ilícita a través de 6 cuentas bancarias.

La operación "Contame" comenzó en el mes de octubre tras unas denuncias interpuestas por las víctimas en las localidades valencianas de Chiva y Benaguacil, tras realizar compras de contenedores vivienda (casas prefabricadas) a través de plataformas web de segunda mano, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que los estafadores utilizaban nomenclaturas similares a las empresas del sector para así poder inducir al engaño a sus víctimas. Además, generaban anuncios ofreciendo un mismo producto en diversas provincias de España abarcando así más víctimas y por debajo del precio habitual como gancho.

Una vez habían captado el interés de los compradores, los autores llegaban a un acuerdo económico por el producto ofertado, para luego solicitarles nuevos ingresos en concepto de urgencia, debido a las especiales características del transporte, utilizando nuevamente logotipos y nomenclaturas similares a las de empresas de transporte.

Los agentes lograron detectar seis cuentas bancarias que eran utilizadas para la recepción del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita. El dinero era detraído rápidamente mediante transferencias para su posterior extracción física a través de los cajeros automáticos.

La operación culminó con la investigación de tres hombres, con edades comprendidas entre los 51 y 60 años y una mujer de 46 años, todos ellos de nacionalidad española.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Llíria.