Una mujer en la carretera, en imagen de archivo. EFE
Petrer multará hasta con 3.000 euros a las prostitutas y a sus clientes, incluso si son menores de edad
El Ayuntamiento aprueba una ordenanza que sanciona esta actividad en espacios públicos y contempla agravantes si se ejerce cerca de colegios.
El pleno del ayuntamiento de Petrer ha aprobado este martes una ordenanza en la provincia de Alicante que castiga con hasta 3.000 euros de multa a las personas clientes de prostitución que pidan servicios sexuales en espacios públicos.
También habrá multas de hasta 1.500 euros tanto a aquellos que soliciten, negocien o acepten directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos como a las prostitutas que ejerzan en el espacio público, además de a los que colaboren con los clientes o favorezcan esta actividad o el también denominado turismo sexual.
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Esta multa se doblará en el caso de que estas acciones ocurran a menos de 200 metros de colegios, o donde se celebren actos públicos culturales, festivos o deportivos, así como "cerca de aquellos puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a carreteras y espacios donde se dificulte la huida".
La ordenanza también se aplica a menores de edad de entre 14 y 18 años, aunque en este caso la denuncia o el expediente será notificado también a sus tutores y la sanción económica podrá ser sustituida por actividades de servicio público con interés social y valor educativo.
En la exposición de motivos de la ordenanza, el Ayuntamiento dirigido por la alcaldesa socialista Irene Navarro ha señalado que el objetivo es "la erradicación de la prostitución y otras formas de explotación sexual" y "proteger los derechos de las víctimas" y considera víctimas "a todas las mujeres en situación de prostitución".
Entre los servicios psicosociales que se proporcionan a las mujeres prostituidas, ayuda en los trámites administrativos para reconocer y garantizar el derecho y acceso a los recursos sociales, sanitarios, formativos y laborales, entre otros.
El contenido de esta ordenanza es similar al que ya aplican otras ciudades como Alicante, donde ya se aplican multas tanto para prostitutas como para clientes, o al consistorio valenciano de Albal, que ya ha puesto varias sanciones a los consumidores de prostitución desde que se puso en marcha su ordenanza.
Objetivo: la abolición
La Consellera de Justicia de la Comunidad Valenciana presentó el pasado mes de marzo un decálogo de medidas para terminar con esta práctica que denigra a las mujeres. Entre ellas, cerrar los burdeles que se esconden como "locales de ocio", multar a los clientes y reconocer a las mujeres prostituidas como "víctimas de terrorismo machista".
Las diez medidas incluyen reformas normativas en el ámbito estatal, autonómico y local, así como iniciativas asistenciales para las mujeres prostituidas y acciones de formación y sensibilización, tanto para los profesionales que están en contacto con estas mujeres como de la ciudadanía en general.
