"Insostenible". Así ha calificado la situación económica en la Comunidad Valenciana el presidente del PPCV, Carlos Mazón, quien ha ofrecido públicamente al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, una batería de medidas económicas y fiscales que minimicen la "inacción del Consell" ante los sectores más perjudicados.

Acompañado por el portavoz adjunto en las Cortes Valencianas, José Antonio Rovira, Mazón ha explicado que las medidas fueron registradas ayer en la Cámara valenciana y que se pone "a disposición" de Puig  para, "si es que tiene tiempo", pactar el desarrollo. Advirtiendo, que el "desorbitado" incremento de los precios en la Comunidad Valenciana no tienen únicamente su origen en la invasión rusa de Ucrania, ante posibles respuestas del PSPV.

Entre las medidas, ha exigido un plan para paliar los efectos de la subida de la electricidad y el gas con cargo a la recaudación que de dicho impuesto transfiere el Estado por un importe de 100 millones de euros, cantidad que iría destinada a autónomos, pymes y comercios.

También otro plan dirigido a contrarrestar el aumento de los hidrocarburos con cargo a la recaudación que recibe la Comunidad por este impuesto y por un importe de 400 millones de euros que iría dirigido a transportistas, pescadores, agricultores, ganaderos y autónomos.

Entre la batería de medidas propuestas por Mazón también se incluye la recuperación de las ayudas para pobreza energética en materia de vivienda por 5 millones de euros dentro del presupuesto de 2022, constituir la comisión específica de seguimiento para esta materia prevista en la Ley de Función Social de la vivienda y la creación del Fondo Valenciano para la eficiencia energética y la garantía de suministros básicos.

Del mismo modo, establecer un nuevo régimen de ayudas por pobreza energética desvinculadas de la renta valenciana de inclusión, que no estén limitadas a un porcentaje de la renta y cuyo cálculo sea independiente de ésta, que tenga en cuenta el precio de la luz, el coste real de los suministros y el esfuerzo de las familias.

Otra de las iniciativas del PPCV es una línea de ayudas directas para compensar la subida del recibo a las familias que estén en riesgo de pobreza energética pero que no puedan acogerse al bono social eléctrico/térmico, y tomar medidas fiscales para evitar restar recursos económicos tanto a las familias como a las empresas.

Entre ellas, deflactar las tarifas de los tributos cedidos y autonómicos, suspender las tasas y licencias de los sectores más afectados, especialmente la agricultura, ganadería y transporte, y eximir o bonificar a los pescadores valencianos del pago de las tasas portuarias y pesqueras en los puertos de titularidad autonómica durante, al menos, los tres próximos meses.

El impuesto de transmisiones patrimoniales también debe disminuir del 10 al 3 por ciento para los menores de 35 años, discapacitados, familias numerosas o los municipios con riesgo de despoblación.

Además de estas medidas que son competencia del Consell presidido por Puig, Mazón ha incluido en su propuesta instar al Gobierno central a reducir el impuesto estatal de hidrocarburos, a aplicar un tipo impositivo súper reducido del 4 por ciento del IVA al suministro de gas natural y calefacción urbana.

También ajustar el pago del IRPF y otros impuestos "a la verdadera capacidad económica de los contribuyentes", aprobar un plan de contingencia que garantice el suministro de productos básicos a la población, reducir la burocracia y simplificar trámites para ser beneficiario del bono social y usar el incremento de la recaudación obtenido por el Estado por la subida de precios para paliar la situación de las empresas o familias que más padecen la crisis.

En contraposición a la "inacción" que ve en el Ejecutivo de Puig, Mazón, también presidente de la Diputación de Alicante, ha indicado que esta institución provincial ha impulsado un paquete de ayudas de 27 millones de euros para paliar la situación actual.