El Trasvase del Júcar-Vinalopó.
¿Por qué el Gobierno de Sánchez pelea en los tribunales el trasvase Júcar-Vinalopó mientras asfixia el Tajo-Segura?
El TSJCV blinda la vigencia del convenio del trasvase Júcar-Vinalopó por su alto coste económico pero anula las transferencias de 2024 al haberse realizado sin el preceptivo plan de explotación.
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La política hídrica en España se ha convertido en un laberinto de contradicciones donde el criterio técnico parece doblegarse ante el tablero político-territorial. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica de Sara Aagesen defiende con uñas y dientes el mantenimiento del trasvase Júcar-Vinalopó, llegando incluso a pleitear en los tribunales para blindar un convenio de cincuenta años, aplica una estrategia de asfixia sistemática sobre el acueducto Tajo-Segura basándose en una interpretación rígida de los caudales ecológicos.
Esta diferencia de trato resulta sorprendente. La misma estructura del Estado que es calificada de "ecologista radical" por los regantes del Segura debido a sus recortes, y luego actúa como un firme defensor de la ingeniería hidráulica de largo plazo cuando el agua no cruza fronteras autonómicas. El caso del Júcar-Vinalopó, que transcurre íntegramente por la Comunidad Valenciana, se ha convertido en el "trasvase mimado" del Ejecutivo, un oasis de estabilidad administrativa que contrasta con la guerra abierta que mantiene contra la infraestructura que nutre al Levante desde el Tajo.
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha puesto de relieve esta defensa a ultranza por parte del Estado. El fallo dado a conocer ayer avala la vigencia del convenio marco de 2007 para la Nueva Conducción Júcar-Vinalopó, rechazando las pretensiones de la asociación ecologista Xúquer Viu, que solicitaba su extinción por considerar que había caducado.
La Abogacía del Estado intervino de forma decisiva en el proceso, argumentando que la naturaleza de una infraestructura que ha costado más de 250 millones de euros y que busca la recuperación de costes hace "ilusorio" e "invitante al fracaso" que un convenio de este calibre tenga una duración limitada a solo cuatro años. El tribunal ha comprado este argumento de "realismo económico", blindando una infraestructura que el Gobierno de Sánchez considera estratégica para la denominada "transición hídrica justa" en Alicante.
No obstante, la sentencia no es un cheque en blanco y deja un recado importante sobre las "prisas" administrativas del Gobierno. El tribunal ha anulado las dos resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de febrero de 2024 que autorizaron transferencias de hasta 15 hectómetros cúbicos hacia el sistema Vinalopó-Alacantí.
El motivo es una "chapuza" procedimental, el envío se realizó sin haber aprobado previamente el plan anual de explotación de las masas de agua subterránea afectadas, un requisito que el Plan Hidrológico exige para garantizar que el trasvase sirva realmente para sustituir extracciones ilegales y no para aumentar el consumo. Según el fallo, este plan de control ambiental "brilló por su ausencia" en 2024, y no fue aprobado hasta un año después, en febrero de 2025. Esta nulidad evidencia que el Estado tuvo tanta urgencia por ejecutar el trasvase interno que olvidó cumplir sus propias normas de protección ambiental, las mismas que utiliza de forma inflexible para recortar el Tajo-Segura.
Dos posturas
Mientras el Júcar-Vinalopó disfruta de esta protección jurídica e institucional, el Tajo-Segura atraviesa lo que el sector ya denomina como su "año negro". La situación es diametralmente opuesta. El Gobierno de Sánchez ha ejecutado más de 25 recortes en los envíos de agua, ignorando sistemáticamente las alegaciones técnicas de los regantes y de la Generalitat Valenciana.
![Imagen de archivo de un tramo del Trasvase Tajo-Segura a caballo entre Murcia y Orihuela.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/09\/26\/actualidad\/797430532_236318175_320x180.jpg"])
La estrategia del Ministerio se ha centrado en elevar los caudales ecológicos en el cauce del Tajo, una medida que el Tribunal Supremo ha respaldado recientemente, invalidando incluso el "escalonamiento" que permitía una transición gradual hasta 2027. Este endurecimiento de las condiciones supone, en la práctica, una sentencia de muerte para miles de hectáreas de cultivo en la Vega Baja y el Campo de Alicante, con pérdidas estimadas que superan los 60 millones de euros anuales y la destrucción de más de 1.700 empleos directos.
La disparidad de criterios entre uno y otro trasvase es flagrante y sugiere que el factor determinante no es el medio ambiente, sino la ausencia de conflicto político-territorial.
En el Júcar-Vinalopó, al ser un trasvase intracomunitario, no hay gobiernos de diferentes signos políticos enfrentados, lo que permite al Estado defender la "estructura socioeconómica vinculada a los recursos hídricos". Sin embargo, en el Tajo-Segura, la presión de Castilla-La Mancha ha llevado al Ejecutivo a priorizar el caudal ecológico del río cedente por encima de cualquier consideración económica en la cuenca receptora.
Los agricultores alicantinos ven con perplejidad cómo el mismo Ministerio que alega que "no sobra agua" en el Tajo para recortar el trasvase, es capaz de defender en el Júcar un convenio de medio siglo argumentando que la inversión millonaria realizada justifica cualquier excepción legal. Al final, parece que para el Gobierno de Sánchez, la sostenibilidad del agua depende más de las fronteras que de la propia naturaleza de los ríos.
