El rugido del león

Rajoy, desbordado en todos los frentes

El Parlamento de Cataluña ha cumplido su amenaza y ha cruzado definitivamente el Rubicón de la legalidad. Junts Pel Sí y la CUP han aprobado impulsar un proceso constituyente que, a través de una futura Asamblea desvinculada del Estado, complete la desconexión entre Cataluña y el resto de España. Si con la declaración soberanista del 9-N los partidos independentistas manifestaron solemnemente su voluntad de romper, con la votación de este miércoles dan un primer paso institucional crucial hacia la sedición. 

Al impulsar su proceso constituyente el bloque secesionista incumple la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración del 9-N y contraviene el auto del TC de la semana pasada, en el que todos los magistrados advertían expresamente al Parlament de que no siguiera adelante con su pulso al Estado.

Preocupación real

Aunque el Gobierno intenta quitarle hierro al desafío del Parlament, hay que subrayar que la activación de la ruptura se produce en medio de las consultas del rey, tras siete largos meses sin gobierno y con las negociaciones de investidura estancadas. De hecho, crece la preocupación del rey porque todo hace pensar que, tras las audiencias de este jueves, no podrá ofrecer a ningún candidato la formación de gobierno.

El presidente en funciones está desbordado en todos los frentes: no parece capaz de gestionar el órdago separatista y cada vez encuentra más dificultades para granjearse el apoyo o la abstención que necesitaría en una eventual votación de investidura. Más aún después de que la Justicia haya decidido sentar al PP en el banquillo por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. De hecho, PSOE y Ciudadanos le han exigido que comparezca en el Parlamento para aclarar su relación con Luis Bárcenas antes de pedirles apoyo. Con todos estos problemas delante, el presidente ha optado por enmudecer y delegar en Soraya Sáenz de Santamaría la respuesta al Parlament.

Es evidente que los independentistas buscan un choque de trenes entre la Generalitat y el Estado, a cuenta de un orden de legitimidades que recae en la Constitución a la que desobedecen, justo cuando el Gobierno está más débil. Lo que no está tan claro es que el actual ejecutivo en funciones esté a la altura de las circunstancias.

El TC en agosto

La vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno volverá a dirigirse al Constitucional para que éste se pronuncie de nuevo. Aunque el Alto Tribunal se reunirá excepcionalmente en agosto para tramitar esta nueva incidencia de ejecución, no parece que convertirse en escudo del Gobierno frente a los embates del secesionismo baste para atajar el plan soberanista. Más bien al contrario.

Al Estado no le queda más remedio que responder, con proporcionalidad, a la política de hechos consumados impulsada por el bloque secesionista. El Gobierno tiene ante sí la responsabilidad y la obligación de hacer cumplir las sentencias del TC con todas los instrumentos a su alcance, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En lugar de seguir contemporizando con los nacionalistas, el Gobierno tiene que tomar la iniciativa y buscar el apoyo de los partidos constitucionalistas para, llegado el caso, y previo requerimiento al presidente de la Generalitat, intervenir la Comunidad. La amenaza de ruptura es lo suficientemente grave como para justificar por sí sola la necesidad de una gran coalición, con un presidente de consenso, que haga frente a los problemas de España. Ya es incuestionable que la debilidad de Rajoy sirve de acicate a quienes quieren lograr por las bravas independizarse de España.