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La cortina

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Para pedir un documento a la CIA basta poner el nombre y la dirección y darle al intro. Y eso que la agencia de inteligencia es el organismo público de más difícil acceso del Gobierno de Estados Unidos. Los espías requieren rellenar este formulario electrónico con cinco campos obligatorios y a veces piden reembolso de gastos. La mayoría de los departamentos acepta un simple e-mail.

Así sucede en los países con una ley de transparencia que funciona. Así ha intentado que sea también en España una web llamada tuderechoasaber. La crearon gracias con un crowdfunding la fundación Civio y la organización Access Info Europe. Un pequeño equipo se dedicaba a pedir información a las instituciones en nombre de ciudadanos que no sabían dónde dirigirse o qué pedir exactamente. Un mes después de su nacimiento, a principios de 2012, el Gobierno anunció la ley de transparencia. Parecía que por fin España no sería una excepción.

Este jueves, justo el día que se cumplía un año de la entrada en vigor de la ley de transparencia, tuderechoasaberanunció el cierre. “Pedir información ahora es más difícil que al principio”, me cuenta Javier de Vega, uno de los fundadores. 

Vicepresidencia del Gobierno dio una charla a un grupo de periodistas hace un año y consiguió que muchos titularan optimistas con los “500.000 datos” que estarían a disposición del ciudadano. Lo que no hizo Moncloa fue aceptar la ayuda de los expertos en transparencia para hacer una web que fuera fácil de usar. E impuso la obligación de identificarse con requisitos extra como el certificado digital, un poderoso agente disuasorio al incluir un trámite en persona y poner trabas para algunos navegadores (buena suerte si utilizas Safari). Desde entonces, instituciones que habían contestado a tuderechoasaber por correo electrónico dejaron de hacerlo escudándose en que las peticiones tenían que ir a través del complejo portal de transparencia. 

La web trabajó con el certificado digital personal de Eva Belmonte, la emprendedora periodista, para obtener respuesta para 1.800 peticiones. Mientras, siguió con su campaña a favor del correo electrónico. “Porque es muy fácil y muy rápido, porque es el primer canal que se te ocurre y el estándar internacional”, dice Javier. Entre los pocos que decidieron ir más allá de la ley está el Consejo General del Poder Judicial, que anunció que el derecho a saber es superior a su deseo de identificar a quien pide información, y acepta peticiones por e-mail.

En estos años, los pioneros de Civio han tenido alguna buena experiencia, por ejemplo con Castilla y León, que ha contestado satisfactoriamente al 100% de las demandas de información. Y muchas malas. Los que menos contestan son el Ministerio de Interior y Vicepresidencia, el departamento que promovió la ley de transparencia y que sin embargo suele reaccionar con el silencio administrativo. 

“Una democracia funciona mejor cuando la gente tiene toda la información que permita la seguridad del país”, decía el presidente Lyndon Johnson en julio de 1966 al firmar la Freedom of Information Act que obliga a las instituciones a facilitar el acceso a la información. Johnson prometía que no habría “cortinas de secreto”.

Cincuenta años después, en la democracia incompleta que es España, las cortinas se llaman certificados electrónicos.