Migrantes rescatados desembarcan en Messina, Italia, el 14 de noviembre.

Migrantes rescatados desembarcan en Messina, Italia, el 14 de noviembre.

Europa

La pugna entre Meloni y Macron reabre las divisiones en la Unión Europea por la migración

Bruselas prepara un plan de emergencia para desescalar las tensiones entre Italia y Francia por los desembarcos de migrantes.

15 noviembre, 2022 03:23
Bruselas

La pugna entre el Gobierno centrista de Emmanuel Macron y el nuevo Ejecutivo de derecha radical de Giorgia Meloni a cuenta del destino de los 234 migrantes rescatados en alta mar por el buque Ocean Viking (operado por la ONG francesa SOS Méditerranée) ha devuelto a primera línea las divisiones internas en la Unión Europea en materia de política migratoria.

Bruselas prepara un nuevo plan de emergencia para tratar de desescalar el choque entre Italia y Francia. Pero la falta de acuerdo sobre un mecanismo permanente para repartir a los migrantes que llegan a los países del sur -en primera línea de la frontera de la UE- envenena todas las discusiones.

Puenteando a Meloni, Macron ha conversado este lunes por teléfono con el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella. "Ambos han afirmado la gran importancia de las relaciones entre Francia e Italia y han destacado la necesidad de crear las condiciones para una plena cooperación en todos los ámbitos, tanto a nivel bilateral como dentro de la Unión Europea", reza el comunicado conjunto publicado al término de la conversación.

[Francia acogerá a los 234 inmigrantes del barco Ocean Viking y arremete contra Italia]

Sin embargo, el diálogo entre presidentes no ha servido para resolver la disputa entre París y Roma. El ministerio del Interior francés ha ratificado que da marcha atrás en su decisión de acoger a los 3.000 migrantes llegados a Italia a los que se había comprometido a reubicar. Por su parte, el nuevo jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, ha llevado el conflicto a la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este lunes en Bruselas.

Francia acabó permitiendo la semana pasada la entrada en el puerto de Toulon del Ocean Viking, que llevaba semanas a la deriva por la negativa de Italia a abrir sus puertos. El ministro del Interior galo, Gérald Darmanin tachó de "incomprensible" la actitud de Roma y avisó de "consecuencias extremadamente severas para las relaciones bilaterales".

El nuevo ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, durante la reunión de este lunes en Bruselas

El nuevo ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, durante la reunión de este lunes en Bruselas UE

Darmanin sostiene que el Ocean Viking se encontraba "sin ninguna duda en la zona de búsqueda y rescate de Italia" y por ello correspondía al Gobierno de Roma "designar de inmediato un puerto para acoger este barco".

"La reacción que está teniendo Francia ante la petición de acoger a 234 migrantes -cuando Italia ha acogido a 90.000 sólo este año- es totalmente incomprensible", le ha replicado el nuevo ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, un independiente designado por La Liga de Matteo Salvini. El Gobierno de derecha radical de Meloni ha hecho del cierre de las fronteras exteriores uno de los ejes centrales de su programa político.

Italia se queja de la falta de solidaridad del resto de socios de la UE. Para empezar, Polonia y Hungría han bloqueado todos los intentos de Bruselas de establecer un sistema de cuotas obligatorias. Para sortear este veto, un total de 13 países (entre ellos Francia y Alemania) pactaron el pasado junio un mecanismo de reparto voluntario. El objetivo era distribuir hasta 8.000 migrantes presentes en Francia, pero hasta ahora sólo se ha ubicado a 117, de los cuales París sólo ha recibido a 38.

"Se anuncia la solidaridad europea, pero hasta ahora Italia se ha enfrentado sola a este problema y nuestro sistema de acogida se encuentra en serias dificultades", denuncia el Gobierno de Meloni, que durante el fin de semana ha recabado el apoyo de Grecia, Malta y Chipre (pero no de España). Los cuatro países cuestionan además el papel de las ONG que patrullan en el Mediterráneo, a las que acusan de provocar un "efecto llamada".

"No podemos suscribir la noción de que los países de primera entrada son los únicos lugares europeos posibles para el desembarco de inmigrantes ilegales, especialmente cuando esto sucede de manera descoordinada basada en una elección hecha por embarcaciones privadas, que actúan con total autonomía respecto a las autoridades del Estado competente", señala la declaración conjunta hecha pública este sábado por Italia, Grecia, Malta y Chipre

Los cuatro países le piden a la Comisión de Ursula von der Leyen que tome medidas para restringir la actividad de las ONG que patrullan en el Mediterráneo. Una actividad que a su juicio "no se ajusta al espíritu del marco legal internacional en materia de operaciones de búsqueda y salvamento".

Los migrantes del Ocean Viking, a la espera de permiso para desembarcar el pasado 6 de noviembre

Los migrantes del Ocean Viking, a la espera de permiso para desembarcar el pasado 6 de noviembre Reuters

¿Qué ha hecho Von der Leyen en este conflicto? En un intento de no enfadar ni a Roma ni a París, el Ejecutivo comunitario optó inicialmente por un perfil bajo. "Salvar vidas en alta mar es un deber moral y una obligación legal", dijo la portavoz de Interior el lunes pasado, cuando la situación a bordo del Ocean Viking comenzaba a ser insostenible.

No fue hasta el jueves cuando Bruselas elevó el tono y reclamó el desembarco "inmediato" de los migrantes para evitar una "tragedia humanitaria". Pero lo hizo sin citar en ningún momento al Gobierno de Meloni y cuando el barco se dirigía ya al puerto de Toulon. 

Una vez resuelto el caso, la Comisión Europea reclama la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de ministros del Interior de los 27. "No podemos permitir que dos estados miembros peleen entre sí en público y creen otra megacrisis política sobre la migración", ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas. Bruselas defiende que la solución está en el Pacto Europeo de Migración que propuso en septiembre de 2020, pero la factura entre los Estados miembros impide cualquier avance.