Venezuela

Juicio político y calle marcan el camino de la oposición contra Maduro

Los diputados opositores acuerdan juzgar al presidente mientras el antichavismo promete tomar las calles. 

Los diputados opositores han aprobado un juicio político contra el presidente.

Los diputados opositores han aprobado un juicio político contra el presidente. Reuters

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La tensión aumenta en Venezuela. La sesión convocada por la Asamblea Nacional venezolana para este martes, prevista para horas de la tarde, fue adelantada. Durante tres horas los parlamentarios discutieron “la situación constitucional de la Presidencia de la República” y plantearon dos escenarios: realizar un juicio político contra Nicolás Maduro o declarar el abandono del cargo, a propósito del viaje que emprendió horas después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la suspensión del referendo revocatorio. La primera opción fue la que centró los debates y quedó ratificada en un acuerdo.

La Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría opositora, aprobó abrir un expediente para iniciar un juicio político contra Nicolás Maduro y citarlo para el próximo martes, 1 de noviembre, para que asista a la Cámara, “responda todas las argumentaciones y demuestre que se somete a la Constitución”, expresó el diputado Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de oposición.

Durante el debate, los diputados explicaron que el juicio político estaba sustentado en los artículos 222, 139 y 25 de la Constitución venezolana, en los cuales se habla de la facultad parlamentaria de declarar la responsabilidad política de funcionarios públicos; que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder, o por violación de la Constitución o de la ley; y que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa.

Las causas son varias: no sólo ser responsable de la crisis social y económica del país, sino de violar la Constitución desoyendo la voluntad de los 14 millones de venezolanos que eligieron a los diputados que conforman la actual Asamblea, apoyado en decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha restado funciones parlamentarias; por haber aprobado la Ley de Presupuesto 2017 sin pasar por el Parlamento sino amparado por otra sentencia del TSJ, hecho que nunca había pasado en Venezuela; la aplicación de dos estados de emergencia económica ignorando la posición del Parlamento; y la suspensión de las elecciones regionales para elegir a alcaldes y gobernadores (debía efectuarse este año y el CNE lo pospuso para después del primer semestre de 2017).

“Maduro ha violado Constitución y controlado los poderes públicos para que no haya elecciones porque saben que están derrotados. La suspensión del referendo revocatorio es el reconocimiento de que están derrotados y que no quieren someterse a la voluntad del pueblo”, expresó el diputado Omar Barboza.

La escasez de medicamentos, de alimentos, inseguridad, violaciones a los derechos humanos y la existencia de 135 presos de conciencia se sumaron a las razones dadas por los diputados de oposición en cada intervención, que finalizaban además con la llamada a los venezolanos a salir a la calle este miércoles, y todos los días necesarios,  “para exigir el respeto a la Constitución y restablecer la vigencia de la democracia”.

El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, aclaró que es competencia del Poder Legislativo solicitar un juicio político contra el Presidente, pero si en el camino, en la formulación del expediente, surgen indicios de que Nicolás Maduro debe afrontar alguna responsabilidad civil, penal o administrativa, “la Cámara puede solicitar el juicio y la sentencia que corresponda, igual si procede el tema del abandono del cargo”.

Pero Nicolás Maduro llegó a Venezuela el martes en la tarde, cerca de las 14 horas, justo cuando finalizaba la sesión de la Asamblea Nacional que aprobaba su comparecencia. Al tocar suelo venezolano sólo alcanzó a decir, ante un despliegue militar que lo recibió en el aeropuerto de Maiquetía, “esta lucha recién empieza”.

Pero el alcance de estas decisiones están en veremos. Los diputados del chavismo, en sus intervenciones, se encargaron de recordar que el TSJ ha emitido dos sentencias que declaran a todos los actos y decisiones tomadas por la Asamblea Nacional como “viciados de nulidad” y “carentes de vigencia y eficacia jurídica”.

“Esta directiva de la Asamblea Nacional responderá en su momento ante la contumaz conducta de desacatar las sentencias del TSJ. Esta Asamblea ha usurpado funciones y todos sus actos carecen de validez jurídica”, expresó Edwin Rojas, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Los militares cierran filas

Mientras se desarrollaba el debate en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el ministro de la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, daba un espaldarazo al presidente Nicolás Maduro al declarar la “incondicional lealtad” de la Fuerza Armada en momentos de tensión institucional en el país suramericano.

En una rueda de prensa aseguraba que “el supuesto golpe de Estado” dado por Maduro, según la disidencia, no ha ocurrido. “No se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 constitucional”, ha dicho, en referencia al deber que tienen los ciudadanos de restablecer la vigencia de la Constitución, según la propia Carta Magna.

Los miembros del alto mando militar venezolano, uniformados con traje de campaña, acompañaron a Padrino López en una alocución televisada en la que aseguró que la institución tiene “reservas” en cuanto al acuerdo alcanzado por la Asamblea Nacional el pasado domingo 23 de octubre. Ese día el Legislativo declaró la “ruptura del orden constitucional” después de que el proceso de referendo revocatorio contra Maduro fuera suspendido por tribunales penales, decisión acatada por el Consejo Nacional Electoral.

En el acuerdo parlamentario, que solicita a la comunidad internacional “la activación de todos los mecanismos para garantizar los derechos del pueblo venezolano”, también se exige a la Fuerza Armada “no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sea contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo”.

Al respecto Padrino López fue enfático al asegurar, en nombre de la institución militar, que esa decisión “en nada contribuye a la concordia, la armonía y el entendimiento que se requiere para superar las dificultades y avanzar en la solución de los problemas”.

Además, el uniformado recordó, con unos retratos de Simón Bolívar y Hugo Chávez al fondo, que la Constitución venezolana establece que la Fuerza Armada es una institución “profesional y sin militancia política, al servicio exclusivo de la nación”, por lo que no pueden responder a “objetivos de agrupaciones partidistas”.

Padrino ha establecido que la exigencia hecha por el Parlamento no puede pretender “desobediencia o inacción” ante los dictámenes de poderes públicos “legalmente constituidos en un régimen democrático”. También ha asegurado que esa petición puede interpretarse como una incitación a la insubordinación o sublevación.

La alocución del general en jefe, máximo grado militar en Venezuela, terminó con un sonoro “viva Chávez” ante las cámaras.

La respuesta a este pronunciamiento no tardó. Ramos Allup aprovechó su intervención en la Cámara (la última en el debate parlamentario) para dirigirle unas palabras, bastante acaloradas, al general Padrino López.

“De qué respeto a la Constitución va a hablar si se ha convertido en el principal alcahuete de la violación a la Constitución. Un militar que siendo ministro ha permitido que los cubanos controlen puertos y aeropuertos, registros, notarias, servicios de seguridad civiles y militares, y ha permitido que toda la frontera occidental de Venezuela se convierta en zona de la guerrilla narcoterrorista colombiana”, ha expresado el presidente del Parlamento.

Recordó que la próxima semana una delegación de diputados, encabezada por él, asistirá a la OEA a exigir la activación de la Carta Democrática Interamericana y retó al ministro de la Defensa a impedirles la salida del país o a meterlos presos a la llegada. “Si las tiene, que se atreva. Está bueno de amenazas”, ha dicho Ramos Allup.

La “Toma de Venezuela”

Más allá del juicio político y del anuncio de que el domingo 30 de octubre se iniciará el diálogo entre Gobierno y oposición, la apuesta de los dirigentes de la MUD es llenar las principales calles y avenidas de todas las capitales, de todos los estados del país, este miércoles 26 de septiembre.

La llamada fue reiterada por los diputados de oposición que intervinieron en el debate parlamentario pero además ha sido detallada por el líder opositor Henrique Capriles Radonski. La protesta ha sido denominada la “Toma de Venezuela” y se iniciará a las 10 de la mañana, teniendo como destino en Caracas la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de la capital, que la recorre de este a oeste.

No han dado muchos detalles pero Capriles sí aseguró que no será una protesta que finalice a las 14 horas, como la del 1 de septiembre, sino que se extenderá, y que el miércoles se convocará a otra marcha para el jueves, el jueves se convocará a otra para el viernes, y el viernes se convocará a otra más para el sábado, porque los venezolanos deben estar en la calle para exigirle a Maduro el respeto de la Constitución y de la democracia.

Del diálogo se ha referido poco, luego de manifestar su sorpresa de un anuncio del cual se enteró por televisión, al igual que otros dirigentes de la MUD. Los opositores han manejado el anuncio del diálogo como una opción que está en segundo plano y han resaltado que esa fecha no debe bajar los ánimos de protesta. Así lo ha dicho Capriles y lo han repetido los dirigentes de los principales partidos de oposición.

En contraposición, el chavismo salió a la calle este martes en una manifestación que tuvo como destino final el palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Maduro, con la intención de quedarse en vigilia para defender desde allí a la revolución bolivariana. De hecho, los diputados del chavismo también hicieron llamados a sus seguidores a participar en una “ofensiva popular”, a tomar las calles y “demostrar que aquí Gobierna el presidente Maduro”, como dijo Julio Chávez, parlamentario del Psuv.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también lo ratificó y lo sustentó además con el hecho de que “para la oposición la agenda no es la del diálogo sino el golpismo”, y aseguró que el oficialismo estará el 30 de octubre en Margarita, para el inicio de las conversaciones, a diferencia de la oposición, que hasta ahora no ha confirmado su asistencia.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado el lunes por la noche, horas después del anuncio dado por monseñor Emir Paul Tscherrig (enviado del papa Francisco) sobre la fecha fijada para el inicio del diálogo, señalando como un “triunfo” la presencia del Vaticano en el conflicto venezolano, justo cuando el Gobierno retrasa el revocatorio y ocurría un asalto al Poder Legislativo, pero dejando claro que para esta coalición el diálogo es un escenario más de un total de cuatro que se han trazado para restituir el hilo constitucional: la calle, la Asamblea Nacional y la comunidad internacional.

En los tres últimos parece haber consenso entre los opositores pero con respecto al diálogo aún la situación es confusa, incluso hay desacuerdos con el lugar donde se llevará a cabo el proceso (la isla de Margarita), y la MUD exige que cualquier dialogo que se produzca se efectúe en Caracas.

Desde Henrique Capriles hasta María Corina Machado y otros líderes opositores han manifestado que no hay condiciones para iniciar un diálogo, mientras que el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, ha hecho un llamado a los representantes de la oposición a “actuar con los niveles de responsabilidad que demanda el delicado momento” que vive Venezuela.

Torrealba fue designado por los partidos que conforman la MUD para asistir a la reunión con los expresidentes Omar Torrijos, Lionel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero, donde se fijó la fecha y lugar de inicio de las negociaciones, por lo que “no es culpa de la televisión” que algunos dirigentes de la oposición se hayan enterado por esa vía sobre lo acordado en ese encuentro, ha dicho en un comunicado enviado a los medios venezolanos el martes en la tarde.