El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, arropa a Marta Molina a su llegada a los juzgados.

El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, arropa a Marta Molina a su llegada a los juzgados. Europa Press

Tribunales TSUNAMI DEMOCRÀTIC

"Tsunami nunca llamó a la violencia": la investigada Marta Molina niega que las protestas sean terrorismo

La activista, miembro de ERC, ha declarado este miércoles ante el juez García-Castellón. Lo ha hecho por videoconferencia desde Barcelona.

22 mayo, 2024 12:40

La secretaria general de Movimentos Sociales de ERC, Marta Molina, una de las imputadas en el caso Tsunami Democràtic, ha negado ante el juez que las protestas que se investigan deban calificarse como terrorismo. Y ha declarado que la plataforma independentista que da nombre a la causa jamás promovió la violencia.

"No fue terrorismo", ha señalado este miércoles mediante una videoconferencia desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona con el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, durante la cual ha calificado al independentismo catalán como un "movimiento pacífico". Así lo desvelan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el breve interrogatorio.

La activista tan sólo ha respondido a las preguntas de su abogada, Marina Roig, en apenas 25 minutos. A su llegada a los juzgados de la Ciudad Condal ha estado arropada por la plana mayor de su partido. Han acudido a apoyarla, entre otros, Oriol Junqueras y el actual presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.

En declaraciones a los medios de comunicación que esperaban a la salida de los juzgados, Roig ha defendido que su clienta jamás incitó a la violencia, sino que promovió la "movilización pacífica de la ciudadanía".

"Marta ha defendido [ante el juez] que no fue un movimiento violento y mucho menos terrorista", ha detallado la letrada.

En un inicio, este miércoles estaban citados a declarar gran parte de los investigados en el caso Tsunami Democrátic. A todos ellos se les atribuye, por el momento, un supuesto delito de terrorismo.

Ahora bien, varios de los investigados pidieron al juez Manuel García-Castellón aplazar sus declaraciones. En el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, debido a que su abogado tenía un compromiso previo. El magistrado instructor suspendió sine die su interrogatorio. También, el del historiador Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, y el del empresario Oriol Soler. Pero no el del resto.

Por ello, hoy estaba previsto que acudiese a declarar Xavier Vendrell, antiguo dirigente de ERC y hoy residente en Colombia. No lo ha hecho. Por ello, las acusaciones podrían ahora solicitar al juez García-Castellón que emita una orden de detención contra ellos.

'Caso Tsunami'

En el llamado caso Tsunami Democràtic, García-Castellón, investiga las acciones violentas organizadas por la plataforma independentista que da nombre a la causa.

Tsunami Democràtic convocó en 2019 concentraciones en protesta contra la condena de los líderes del procés. Aquellos actos desembocaron en graves altercados, en los que fueron heridos de gravedad varios agentes.

Uno de los hechos que investiga la Audiencia Nacional es el asalto al Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, que fue tomado por miles de radicales independentistas en octubre de aquel año.

Otro de los imputados en el caso Tsunami es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña hasta la convocatoria del referéndum ilegal de 2017 (hechos que dieron lugar a la condena, por parte del Supremo, de los líderes del procés). No obstante, es el Alto Tribunal el que asumió la investigación en su contra, ya que está aforado, al ser miembro del Parlamento Europeo.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por boca de Miguel Ángel Carballo, quien se ha enfrentado duramente al juez García-Castellón, descarta que los hechos investigados puedan ser considerados como un delito de terrorismo. De hecho, el fiscal pretende que la causa sea derivada a un juzgado ordinario de Barcelona. 

Asimismo, el llamado caso Tsunami Democràtic podría verse afectado por la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, redactada ad hoc para la situación procesal de Carles Puigdemont.