Cristina Cifuentes con Ignacio González.

Cristina Cifuentes con Ignacio González. EFE

Tribunales Operación Lezo

El juez cita para hoy mismo a Cifuentes para que declare sobre la corrupción en el Canal de Isabel II

La presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que declarar en la Audiencia Nacional sobre la gestión de su antecesor en el cargo, detenido por la Guardia Civil.

Carlota Guindal Alejandro Requeijo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado para esta misma mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que acuda a testificar sobre el agujero que ha dejado su antecesor en el cargo, Ignacio González, principalmente por la gestión del Canal de Isabel II, han confirmado fuentes del Ejecutivo madrileño.

Le acompañará su segundo y mano derecha, Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la Comunidad de Madrid.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, un agente de la Guardia Civil ha acudido a la sede de la Comunidad a las 9 de la mañana para informar a Cifuentes de que el juez la requiere esa misma mañana para declarar en calidad de testigo. Su citación forma parte del operativo por el que esta misma mañana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudía al domicilio de González para detenerle.

Cuando llegó a la Presidencia, Cifuentes descubrió que se habría podido malversar dinero público con la gestión del Canal de Isabel II por parte del anterior presidente y lo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora su testimonio es esencial para avalar la investigación llevada a cabo desde hace unos meses y que ha aflorado presuntos pagos en Suiza, comisiones, financiación ilegal del PP, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración, con González en el epicentro, como presidente de la Comunidad y anteriormente como vicepresidente, con Esperanza Aguirre a la cabeza.

La decisión del consejo de administración del Canal de Isabel II de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público se adoptaba en junio de 2016 tras conocer las conclusiones de una auditoría interna que sospechaba sobre el importe, los plazos de compra de Emissao y las fórmulas de pago. El nuevo equipo madrileño constató que 75% del dinero se había pagado en Suiza y que la operación se materializó de forma demasiado rápida.