Gustavo de Arístegui

De la Serna y Arístegui pagaron informes a la mujer del actual número 2 de Interior

Los pagos fueron en 2011, cuando Francisco Martínez era letrado de las Cortes Generales, poco antes de ser asesor de Fernández Díaz.

Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. EFE

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El exdiputado 'popular' Pedro Gómez de la Serna y el exembajador Gustavo de Arístegui están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por utilizar una red de tráfico de influencias para captar clientes que les pagaban a precio de oro sus informes de consultoría a cambio, según las sospechas judiciales, de utilizar sus influencias para obtener o agilizar contratos. A su vez, ellos contrataban a otras sociedades para que les ayudaran en esos informes. De los datos manejados en la causa tanto por la Policía como por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria se ha detectado que entre los proveedores que facturaron a la sociedad de De la Serna se encuentra la mujer del actual secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

La empresa de De la Serna, Scardovi, pagó 5.540 euros en tres transferencias a lo largo del año 2011 a la empresa de la esposa de Martínez, Autlán Consultores. Esta sociedad consta como proveedora de la trama, que ahora se encuentra bajo la lupa judicial por los delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Sólo constan tres pagos, todos ellos hechos en el año 2011, sin quedar reflejados más pagos ni antes ni después. Esta empresa realizó informes requeridos por el tándem De la Serna-Arístegui, pagados y facturados.

La empresa a nombre de la mujer del 'número dos' del Ministerio del Interior, Autlán Consultores, hace labores de consultoría. En ese mismo año, llegó a sumar ingresos por 89.304 euros, declarando como beneficios 34.354 euros. Es una empresa pequeña, sin empleados, que hace trabajados para diversos clientes. Puesto en contacto este diario con Francisco Martínez, éste ha confirmado que los trabajos los realizó su mujer y se desvincula absolutamente de ellos.

Precisa el secretario de Estado que su mujer y De la Serna se conocieron en el marco de las relaciones comerciales que se desarrollan en el sector de la consultoría y la búsqueda de negocio. Añade que los informes realizados para Scardovi en 2011 tenían que ver con la posibilidad de negocio en Sudamérica, principalmente en Chile. Trataban sobre concesiones hospitalarias, el mercado eólico o la construcción de centros penitenciarios. Autlán Consultores contaba a su vez con colaboradores sobre el terreno, que eran remunerados por su colaboración en estos informes.

El 'número dos' de Interior sostiene que los hechos se remontan a una época en la que él no desempeñaba ningún cargo político y en la que se desconocían las presuntas actividades ilícitas por las que se acusa ahora a De la Serna y Arístegui. Destaca que estos trabajos fueron legales y formaban parte de la actividad empresarial de su pareja en la que él no tenía ninguna participación.

Pagos de Scardovi a Autlán Consultores.

Pagos de Scardovi a Autlán Consultores.

Autlán Consultores, cuya administradora única y socia mayoritaria, además de única persona que consta en ella, es la mujer de Martínez. Esta empresa cobró de De la Serna por hacer informes de consultoría tres pagos. El primero de ellos, de 1.500 euros, en fecha 14 de enero de 2011: el segundo, de 500 euros, el 15 de febrero de ese mismo año; y el tercero, de 3.540 euros, el 9 de noviembre, tan sólo 11 días antes de las elecciones generales en las que el Partido Popular recuperó el Ejecutivo Central.

Los clientes, citados como testigos

En el caso de esta sociedad, consta como proveedora, es decir, ésta realizó trabajos para los investigados. El juez De la Mata hace hincapié en los clientes de los dos exdiputados, es decir los que contratan sus servicios, dado que sus empresas prestaron sus servicios profesionales a otras empresas españolas mediante la suscripción de contratos de agencia que consistía en la búsqueda de oportunidad de negocio, identificación de contratos de obra, suministro y servicios, y ello relacionado con la actividad de aquellas empresas contratantes y clientes del despacho.

“Para la realización de esas funciones de asesoramiento e intermediación a las empresas españolas en la búsqueda de oportunidades de negocio y apertura de mercados exteriores a las empresas españolas en los mercados internacionales, Gómez de la Serna y Arístegui celebraron contratos de Agencia con distintas personas”. Según el juez, en la causa constan facturas que indiciariamente ponen de relieve la existencia de relaciones comerciales entre Scardovi y Karistia y otras empresas, “que podrían haber pagado distintas cantidades a cambio de gestiones de intermediación”.

Según se desprende de la investigación, el exdiputado por Segovia y el exembajador contratarían a su vez a empresas que le elaboraran informes para entregar a sus clientes, y éste sería el caso de Autlán Consultores. De la Mata ya interrogó a los clientes que pagaron a los dos investigadores para determinar la naturaleza y contenido de estas relaciones.

Martínez, letrado de Cortes

En esas fechas, Martínez era letrado de Cortes Generales destinado en el Congreso de los Diputados, aunque previamente ya había sido designado director de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. En esa época, Arístegui era diputado por el PP, antes de haber sido director general del Gabinete del ministro del Interior en la época de José María Aznar, para después ser nombrado portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario Popular. En paralelo, Arístegui trabajaba con De la Serna haciendo trabajos de consultoría y por lo que están siendo investigados.

La sociedad de la mujer del actual 'número dos' de Interior deja de recibir pagos una vez él fue elegido director general del Gabinete del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en enero de 2012. Un año después, y tras la salida de Ignacio Ulloa de la Secretaría de Estado, pasó a ser 'número dos' en el Ministerio. Los tres pagos de la sociedad de De la Serna, Scardovi, a Autlán Consultores constan en el sumario de la investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la (Policía), bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción.

El negocio que tenía montado De la Serna, abogado y exdiputado, junto al exembajador en la India designado por el PP, Gustavo de Arístegui -ambos tuvieron que dimitir tras una operación policial que conllevó el registro de sus despachos- era muy lucrativo, según consta en los ingresos reflejados en la causa. Por un lado, cobraron en asesoramientos 6 millones de euros en cinco, de los cuales, más de 1,7 provinieron de empresas dedicadas a la construcción y al mundo inmobiliario. El resto vino de la compañía Elecnor -cerca de 3 millones de euros- y otras empresas dedicadas a la obra hidráulica, del banco Liberbank, de empresas especialistas en catering con concesiones públicas para colegios como es la sociedad Ucalsa -que pagó 51.680 euros- , e incluso una empresa de reciclaje.

Los dos exdirigentes del PP asesoraban a estas empresas para expandir su negocio, principalmente en el exterior, aunque los investigadores sospechan que de trasfondo realmente lo que existe es un tráfico de influencias. Entre sus clientes estaban Gas Natural -que les pagó casi 900.000 euros-, Eurofinsa -208.000 euros-, Sundison Spain Construction -423.000 euros- o Contratas Iglesias entre otros. Por otro lado, sus empresas declararon como proveedores a empresas dedicadas al trabajo de consultoría, y por lo que se les había pagado por hacer informes, aunque en la causa ya sale reflejado que algunos de ellos era “copia-pega” de Wikipedia.

En esta condición de proveedor aparece la empresa de la mujer de Martínez. Según su página web, esta consultoría se dedica al “asesoramiento integral de personas físicas o jurídicas, mercantiles o civiles, asociaciones y fundaciones en todo lo concerniente a la exploración de mercados y oportunidades de negocio dentro y fuera de España”.

Sin embargo, su web se trata de una plantilla de webs que se compran a 1&1 My Web pero que está sin rellenar, dejando el contenido de las pestañas sin modificar. Es decir, sólo se ha incorporado el campo de contacto y dirección y el resto se mantiene con la información 'falsa' con la que se la entregó la empresa de creación de páginas web. Según ha podido acreditar este periódico, la web se registró el 10 de octubre de 2011, la última renovación del dominio la realizó el mes de febrero de este año y está vigente hasta el mes que viene. El secretario de Estado lo explica en que, si bien hace años su mujer contaba con una amplia lista de clientes, en la actualidad sólo mantiene un número reducido de ellos.

Ni rastro en la sede

En los datos del registro mercantil la empresa aparece como ubicada en el centro de Zaragoza. Sin embargo, este periódico acudió a la dirección y no había nadie en horario laboral ni existe ningún cartel con el nombre de la consultora. En los datos del Registro Mercantil consta como sucursal de la empresa precisamente la dirección del domicilio particular del secretario de Estado. Sobre este punto concreto, el 'número dos' del Ministerio del Interior explica que en Zaragoza se encuentra el domicilio fiscal de la empresa dado que allí trabaja la persona que se encarga de llevar las cuentas de la sociedad, persona de confianza de la dueña de la firma.

Por otro lado, en la web de la empresa consta como propietaria -dato no reflejado en el Registro Mercantil- Icíar de Castro Álvarez. Resulta que hay una persona con el mismo nombre dentro del cuerpo de funcionarios del Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales, designada en el año 2012 como Responsable del Área de Delegaciones Oficiales, dentro del Departamento de Relaciones Internacionales de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, mismo departamento del que fue director el propio Martínez.

La empresa de su esposa tenía una ramificación, Fegamar Development, de la cual Autlán Consultores era la administradora única y ella como representante. Esta sociedad fue disuelta de manera voluntaria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con fecha 29 de diciembre de 2011, pocos días antes de que Martínez fuera designado director general del ministro.

Aún así, la segunda sociedad, Autlán, siguió facturando después de que Martínez entrara como alto cargo en el Gobierno aunque en el Registro no constan sus clientes. Según las explicaciones de Martínez, aquellos tres informes fueron los únicos que realizó para De la Serna. En 2012 ingresó 53.100 euros, aunque sólo declarara como beneficios 5.627 euros; mientras que en 2013 facturó 60.632 euros, con 18.181 euros de beneficio declarado de la empresa. A pesar de aparecer como sociedad activa, la compañía no presenta sus cuentas desde 2013.

Autlán, por tanto, forma parte de las empresas que facturaron a Gómez de la Serna y Arístegui y que luego éstos declararon como gastos ante Hacienda. La sociedades de ambos exdirigentes del PP fueron utilizadas por éstos para cobrar labores por asesoramiento a empresas españolas en el extranjero, y en los que la Fiscalía ha detectado posibles pagos a autoridades y funcionarios argelinos y a sus familias por dos contratos de obra.

“No hay que precipitar acontecimientos”

El juez De la Mata aprecia indicios de que los investigados integraban una red creada para apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla. De la investigación llevada a cabo por la Policía tras la denuncia de un exempleado de éstos, el instructor, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, abrió una causa tras comprobar la existencia de indicios de que "se concertaron para apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores; recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones".

Según el juez, "la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones".

Precisamente, tras hacerse pública la denuncia del trabajador -que reclamaba unas cantidades impagadas- el secretario de Estado de Seguridad pidió no “precipitar acontecimientos” sobre Gómez de la Serna y De Arístegui.