CRISIS INSTITUCIONAL

El PP baraja un cambio en la Constitución para celebrar elecciones con segunda vuelta

Evitaría el bloqueo institucional y beneficiaría a populares y socialistas, partidos clave para aprobar una reforma muy compleja.

Rajoy, durante el debate de investidura de este miércoles.

Rajoy, durante el debate de investidura de este miércoles.

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  5. Ley electoral

El Partido Popular baraja proponer un nuevo sistema de elección del presidente del Gobierno que incluya una segunda vuelta, utilizado ya en países como Francia. La intención de los populares es evitar que el Congreso de los Diputados pueda tumbar al ganador de las elecciones y aboque al país a una vuelta a las urnas, algo que en España ya ha sucedido y podría repetirse en diciembre.

Fuentes conocedoras de la propuesta explican que para que en España se celebren elecciones a la presidencia del Gobierno a dos vueltas habría que modificar la Constitución. No bastaría con una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Los dos principales beneficiados de una reforma de este tipo serían, en principio, el PP y el PSOE, los dos partidos mayoritarios durante las últimas décadas. Sin embargo, unas elecciones presidenciales a dos vueltas acabarían con el sistema parlamentario actual en el que partidos más pequeños o en ocasiones con muy pocos escaños son determinantes tanto en votaciones legislativas como en investiduras. 

El candidato del PP, Mariano Rajoy, ha insistido en el debate de investidura de esta semana en presionar al PSOE y culpar a Pedro Sánchez de la posibilidad de unas terceras elecciones en un año. El PP esgrimiría que con ese cambio constitucional se evitaría la repetición indefinida de comicios y supondría más presión para los socialistas, a los que Rajoy podría responsabilizar, una vez más, de negarse a cualquier medida que sirva para poner fin al bloqueo institucional.

¿Una reforma que ayudaría a Rajoy? 

Sin embargo, la reforma constitucional también podría servir para esconder el naufragio de Rajoy en el Congreso, donde no dispone de los votos suficientes para ser investido. La culpa sería del sistema, no del candidato popular. 

La modificación constitucional tiene muchos inconvenientes. Sería muy difícil que fuese respaldada por los partidos nacionalistas, que tradicionalmente han sacado provecho político de pactos de investidura. Tampoco gustaría a los dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, que ahora gozan de un lugar privilegiado en las negociaciones para investir presidente.

Más allá de apoyos puntuales, se trataría de un cambio de gran profundidad en el sistema político español y tanto el PP como el PSOE siempre han tratado de incorporar a otros partidos para reformas importantes, aunque fuesen de menos calado.

Un trámite de extrema complejidad

La implantación de un sistema de doble vuelta, similar al que se aplica en Francia para la elección del presidente de la República, exigiría una reforma de la Constitución española porque alteraría por completo las bases del modelo electoral que se establece en ella. 

De entrada, el sistema presidencialista francés está muy alejado del sistema de monarquía parlamentaria española. En Francia, el presidente del Estado es elegido por sufragio universal directo y es él el que nombra al primer ministro. En España, el protagonismo está en el Parlamento, que es el que inviste al jefe del Gobierno, como indica el artículo 99 de la Constitución.
En lo que se refiere al modelo electoral, el artículo 68.3 de la Constitución española consagra un sistema de representación proporcional para la elección de los miembros del Congreso. El modelo francés prevé que el presidente de la República sea elegido por mayoría absoluta; de no obtenerse dicha mayoría en la primera vuelta, a los 14 días hay una segunda vuelta a la que sólo se pueden presentar los dos candidatos que hayan logrado más votos en la primera.

Tres reformas desde 1978

Sería la tercera vez que desde 1978 se introducen cambios en la Carta Magna. El primero, en 1992, fue para permitir que ciudadanos de la Unión Europea pudieran votar y ser elegidos en elecciones municipales. El último, muy polémico por el papel de las instituciones europeas y la rapidez del trámite, fue la modificación del artículo 135 para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria.

Reformar la Constitución los artículos 68 y 99 requiere una mayoría de tres quintos de los parlamentarios de ambas cámaras, algo en la actualidad al alcance de PP y PSOE, que suman 222 diputados en el Congreso. En caso de que hubiese que cambiar los títulos clave de la Carta Magna, el procedimiento sería más complejo: requeriría los dos tercios, la disolución de las Cortes y un referéndum.