Madrid

Carmena creará unos 'soviets de barrio' para vigilar y juzgar las infracciones vecinales

La medida prevé la creación de una unidad policial paralela y tribunales 'populares'. Se aplicará a los 121 barrios de la capital.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su primer pleno del estado de la Ciudad

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su primer pleno del estado de la Ciudad EFE

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Un gestor de barrio político-policial, un jurado vecinal o un “community manager” que dinamiza la participación ciudadana. Estas son tres de las figuras que el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena (Ahora Madrid) pretende poner en marcha en los 121 barrios de la capital, a imagen y semejanza de los soviets de barrio que controlaban la Policía y la Justicia en la Unión Soviética y que siguen haciéndolo en Cuba. Todo ello a través de la creación de una ‘Policía Comunitaria’ que, según el programa de Gobernanza Comunitaria de la Seguridad y la Convivencia, intentará crear una estructura policial, judicial y social paralela a la existente.

Esta medida ha sido completamente obviada por la alcaldesa de Madrid durante su primer debate sobre el estado de la ciudad celebrado este martes en la sede Municipal. Después de más de hora y media, donde ha hecho balance de sus doce meses de gobierno, Carmena no ha querido referirse esta nueva Policía Comunitaria.

El plan en el que trabaja el equipo de Carmena recoge la figura del “gestor de barrio”, que será el máximo responsable de la nueva política de seguridad que intentará poner en marcha la alcaldesa. Este gestor, auténtico 'comisario político', será nombrado por Carmena y asumirá, si el plan llega a buen puerto, la coordinación de todos los organismos implicados.

Según el texto, avanzado por El País, se explica que esta figura es un “community manager del barrio que dinamiza la participación ciudadana, la convivencia y la colaboración entre servicios”. También será aquel que conozca “a fondo el barrio y es conocido por el barrio”: “Es quien impulsa y fortalece la gobernanza sobre el terreno”.

A las órdenes de este gestor político-policial estarán los calificados como “círculos de custodia ciudadana”, la “red comunitaria pública y privada”, así como el “consejo ciudadano”. Los primeros se encargarán de “cuidar y mejorar la calidad del lugar, reduciendo las infracciones por arrojo de suciedad y por ruido”. Es decir, la tarea que a día de hoy es responsabilidad de la Policía Municipal.

También rendirán cuentas a los 121 gestores de barrio aquellos que integren la ‘Unidad de Policía Comunitaria’ formada por voluntarios que harán labores de mediación.

Desde Ahora Madrid explican a EL ESPAÑOL que "todo está en fase de participación", y que se realizará en una primera instancia, "sólo en Lavapiés", como barrio piloto. Afirman que no hay nada cerrado aún, pero que la Policía Comunitaria sí se implantará: "Aquella que tiene que ver con una Policía más cercana, protagonizada por patrullas callejeras". 

LA FIGURA DEL JURADO VECINAL

El novedoso proyecto también pretenderá instaurar un “jurado vecinal”, donde delincuentes y víctimas tendrán “la oportunidad” de encontrarse “con el entorno social donde se cometió la infracción, reconocer su culpa y acordar conjuntamente vías para restaurar el daño hecho a la comunidad”.

“La comunidad, por su parte, aceptará el reconocimiento de culpa y colaborará para definir una medida adecuada de reparación del daño hecho”, recoge el documento. Con esta figura, el Gobierno municipal busca la “reintegración social” del delincuente. No obstante, señala que los acuerdos posibles deberían ser ratificados por un “juez ordinario”.

Carmena también quiere lanzar un “Servicio Comunitario de Seguridad y Justicia”, donde se traten tanto a víctimas como infractores desde el punto de vista preventivo, “usando técnicas de mediación, atención psicosocial e intervención social comunitaria sobre el terreno”.

Este modelo choca de forma total con el actual sistema vigente, ya que la seguridad de los madrileños depende de la Policía Municipal y Nacional, mientras que los asuntos sociales son competencia de las áreas locales y de la Comunidad de Madrid, liderada por la ‘popular’ Cristina Cifuentes. Y por supuesto, las infracciones de carácter penal dependen de los jueces.

Ahora Madrid insiste en que "no se crea nada paralelo", y por ello ponen un ejemplo para intentar visualizar su plan. En el hipotético caso que un vecino de Lavapiés tenga problemas con el ruido producido por un bar de su portal, podría acudir a la mesa de Convivencia y plantearle su problema. En ese momento se activa un "dispositivo de mediación" en el que estarían presentes el propio vecino, el dueño del local, defensores de los hosteleros, técnicos de medio ambiente que midan el ruido o incluso AMPAS para defender los intereses de niños implicados.

Una vez presentadas las necesidades de cada uno, se podría llegar a una solución conjunta entre todos los agentes y "en vez de judicializar el conflicto, se podría encontrar una solución mucho más rápida". 

Lavapiés, barrio piloto

En el texto se explica que Embajadores (Lavapiés y el Rastro) será el primer barrio donde se pretende implantar este nuevo modelo debido a la inseguridad del barrio “desde hace décadas”. “Las incidencias en delitos como la venta de drogas, los hurtos, robos violentos, han estado por muchos años entre las más altas de la ciudad”, analizan.

Y añade: “El aumento de la presión poblacional flotante, venida de otras comunidades autónomas” y “la apropiación ilegal de pisos vacíos por los desahucios de los bancos y las mafias han agravado las problemáticas de este barrio”.