Operación Taula

Los ediles imputados de Valencia tienen diez días para dimitir

La presidenta regional, Isabel Bonig, ha remitido este martes la carta en las que se les comunica oficialmente la directriz del partido y se les ordena que entreguen su acta

Isabel Bonig, la presidenta regional.

Isabel Bonig, la presidenta regional. EFE

Diez días hábiles a contar desde este miércoles. Este es el plazo que la dirección del PP en la Comunidad Valenciana ha dado a los nueve ediles investigados en la pieza por blanqueo de capitales en el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia para que dejen su acta y cumplan su compromiso. La presidenta regional, Isabel Bonig, ha remitido este martes la carta en las que se les comunica oficialmente la directriz del partido que deben seguir y que no es otra que la dimisión. La misiva se ha mandado mediante correo certificado que los regidores recibirán a partir de mañana. El contador se pondrá en marcha en cuanto la reciban.

Esta es la fórmula que ha elegido Bonig para exigirles que entreguen su acta. En la notificación no se hace ninguna mención a las posibles consecuencias que tendrían, en caso de desobedecer. Desde el partido recuerdan que el pasado 15 de febrero los nueve implicados (todo el grupo menos uno) se comprometieron, y así se difundió en nota de prensa, a marcharse si continuaban imputados cuando se levantara el secreto de sumario.

Este paso, que ya había sido anunciado anteriormente pero sin fijar un plazo determinado, supone subir un peldaño más en la escalada de presión hacia los concejales después de que ayer Génova augurara dimisiones “en horas o días”.

La semana pasada, la dirección nacional abrió expediente informativo contra todos ellos y contra la exalcaldesa Rita Barberá. Los estatutos sostienen que los comités regionales de derechos y garantías tienen también la competencia para instruir y resolver cualquier expediente, “incluso aquellos cuya sanción pueda ser la de expulsión del partido”. Así, desde el PP valenciano sostienen que con un incumplimiento de la directriz comunicada en la misiva podrían tener vía libre para abordar la expulsión. Esto dejaría a los populares sin más representación en el Ayuntamiento que la del edil independiente que no ha sido imputado en la causa.

Este martes, la diputada autonómica María José Catalá ha manifestado tras la reunión de portavoces en las Cortes Valencianas que no se había producido ninguna novedad. Es decir, que no tenían constancia de que ningún edil hubiese variado su posición inicial de no ceder el acta escudándose en que el sumario del caso no arroja “pruebas de cargo” contra ellos.

El plazo de diez días dado por la dirección regional no terminará en todo caso antes del próximo 31 de marzo, día en el que se celebrará el pleno ordinario en el Ayuntamiento de Valencia.