Operación Taula

Las razones de los cuatro 'pitufos' que rechazaron blanquear para Rita Barberá

"Voy contra una organización que lleva décadas gobernando", escribió Patricia Iserte, una de las pocas que se negó a participar en el ‘pitufeo’ en Valencia.

La ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

La ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

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Patricia Iserte llevaba trabajando en el Ayuntamiento de Valencia desde 2008. Era un cargo de confianza, una de las asesoras del gabinete de alcaldía de los gobiernos de Rita Barberá. El 26 de marzo de 2015, tras unos días de un “estrés casi inaguantable”, cogió su ordenador y se puso a escribir. “Quizá esté siendo cobarde, pero soy una persona contra una organización que lleva décadas gobernando”, decía en la parte final de su escrito.

Lo que Patricia estaba haciendo era dejar constancia de la propuesta –u orden- que le habían dictado solo tres días antes: hacer una donación de mil euros al partido que les sería devuelto en dos billetes de 500 euros. Era la supuesta operación de blanqueo de dinero en el grupo municipal que ahora investiga un juzgado de Valencia y que tiene acorralada a la exalcaldesa.

Patricia Iserte durante un acto en representación del Ayuntamiento de Valencia

Patricia Iserte durante un acto en representación del Ayuntamiento de Valencia

Patricia forma parte de los cuatro asesores que navegaron en contra de la directriz que siguió todo el equipo (están imputados medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores). Su relato, junto con el de sus compañeros de rebeldía, dibuja un escenario de vacío y marginación tras negarse a participar en la operación.

Los concejales imputados sostienen que su testimonio está movido por “resentimiento” y que es su palabra frente a la de 49 imputados. “Forma parte de su mecanismo de defensa. Yo hablo por mí. A mí me lo propusieron”, asegura Arantxa Martín, otra de las trabajadores que se negaron.

Era 23 de marzo de 2015 cuando Patricia y dos de sus compañeros, Arantxa y Jesús Gordillo, recibieron la visita de un superior (asesor de alcaldía). Todos ellos hablan en sus declaraciones policiales y ante el juzgado de Juan Pedro Gómez. En ese encuentro, Gómez les dio un papel con un número de cuenta y les dijo que tenían que hacer una transferencia de mil euros, que no se preocuparan porque les sería abonado con dos billetes de 500. La única condición era que “bajo ningún concepto” debían ser ingresados en ningún banco. Sospecharon desde el primer momento y se negaron en bloque a participar. “Lo tuvimos claro desde el principio los tres. Tal y como lo plantearon cualquier persona diría que no. No cabía duda de que había algo raro, se nos dijo que bajo ningún concepto lo ingresáramos (los dos billetes) en una cuenta”, rememora ahora Arantxa, en paro después de 17 años como asesora.

“LÁRGATE, EN ESTO SE SABE QUIÉN ESTÁ Y QUIÉN NO”

Al día siguiente a aquella reunión, a Patricia la llamaron al despacho de Mari Carmen García-Fuster, la secretaria del grupo popular a quien todos apuntan como la persona que recolectaba el dinero. Ella está entre los cuatro investigados a los que el juez ha vuelto a citar por su “mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito”. La UCO sostiene que hay indicios sólidos de la existencia de dinero b de fondos no declarados, de origen ilícito pero que relacionan con el supuesto cobro de comisiones en contratos públicos. Llega un momento en que hay necesidad de aflorarlos y es cuando, según los investigadores, se pone en marcha el mecanismo del ‘pitufeo’.

Los agentes hallaron en casa de Fuster cuatro sobres con 5.690 euros en efectivo. Según las declaraciones de Iserte, y tal y como dejó plasmada en su carta redactada el pasado año, allí le comunicó su negativa a participar por falta de dinero. “Me gritó y me espetó en varias ocasiones que me largara”, cuenta. “No pasa nada, lárgate, en esto se sabe quién está y quién no, espero que entiendas lo que estás haciendo”, dejó escrito la asesora sobre la reacción de la secretaria.

Su relato era una especie de blindaje ante sus sospechas de que se podría estar cometiendo un delito. Le comentó a un tío abogado que quería llevarlo ante un notario, pero no lo hizo porque no tenía pruebas para denunciar. Así que la carta ha permanecido un año en su ordenador hasta que fue llamada a declarar y se la entregó al juez. En el sumario consta que el documento es del 26 de marzo de 2015 y en ese texto la asesora dejó escrito que creía que se estaba blanqueando dinero y que compañeros como el polémico tuitero Luis Salom le habían enseñado los dos billetes de 500.

MIEDO A REPRESALIAS

La carta terminaba así: “Escribo esto ante notario porque tengo miedo a represalias (…) Tengo miedo a que realmente se esté cometiendo un presunto delito y, si es así, no sé qué tengo que hacer. No denuncio porque no tengo más pruebas de las que tengo aquí, no sé quiénes pueden estar detrás. Me da pánico dirigirme a la policía o a la fiscalía y que se filtre mi nombre. Quizá esté siendo cobarde, pero soy una persona contra una organización que lleva décadas gobernando (…) De verdad que no sé qué hacer, pero yo me tengo que blindar de alguna forma y, en caso de que se trate de un presunto delito, hacer constar que yo no participé”.

Patricia y sus otros dos compañeros que llevaban años trabajando no fueron renovados. El descalabro electoral redujo de 32 a 12 el personal de confianza del grupo municipal. Arantxa todavía está en búsqueda de trabajo y explica que su cese era esperado, no solo por no colaborar con la operación de los mil euros, sino porque tanto ella como sus dos compañeros eran del entorno del vicealcalde Alfonso Grau, que había abandonado el Ayuntamiento por su procesamiento en Nóos y se había distanciado notablemente de la exalcaldesa. “Barberá dijo que nos movíamos por venganza y nada de eso, estamos muy tranquilos, yo no saco nada con esto”, dice tras haber escuchado que la senadora ponía en duda sus declaraciones en su última rueda de prensa, al igual que los concejales en el consistorio.

Jesús Gordillo es otro de los testigos del caso. Trabajó desde 1999 con un paréntesis de 2005 a 2010. Es licenciado en Económicas y ADE y fue tajante cuando fue a declarar en el juzgado. “Un grupo municipal no puede tener dinero en efectivo porque sus ingresos proceden de los 60,10 euros mensuales (de aportaciones) y los ingresos municipales”, dijo. Ante el juez y el fiscal manifestó que cuando le hablaron de los mil euros pensó que se trataba de blanqueo.

APOYO MORAL PARA LA CUARTA TESTIGO

Mientras Patricia, Arantxa y Jesús mantenían su rebeldía conjunta, otra asesora, Nuria Diego, no sabía cómo afrontar la situación. Ella era asesora de alcaldía desde 2005 y otro superior, Julio Valero, jefe de prensa de Barberá, acudió a su despacho para entregarle el papel con el número de cuenta, tal y como queda recogido en el sumario. Pensó que se trataba de una aportación voluntaria pero al saber de los billetes llegó a la conclusión de que “no parecía ser una operación lícita”. Entonces dejó pasar el tiempo sin hacer nada hasta que una o dos semanas después se encontró a Jesús Gordillo y le contó que ni él ni sus dos compañeras habían colaborado. En ese momento halló “apoyo moral” para negarse. Así que cuando le recordaron que no había hecho el ingreso ella dijo: “No pienso hacerlo”.

“Ya sabes el mal carácter que tiene esta, si no lo haces puedes tener consecuencias”, contó que le dijo Valero. “Igual las consecuencias las tienen otros”, respondió ella. Nuria admitió en sede judicial que Fuster daba “pavor” por su mal carácter y porque “tenía mucho poder por su cercanía personal, política y profesional con Barberá”.

Estos cuatro exasesores han seguido manteniendo el contacto y siguen quedando a día de hoy.

A este reducido grupo de rebeldes en el partido se suma María Elena Rodrigo, que trabajó durante quince años en el Ayuntamiento. Ella sí hizo el ingreso pero cuando le dijeron que se lo iban a devolver en efectivo, sospechó, se negó a cogerlos pero, según relata, Fuster le obligó a hacerlo: “Es obligatorio coger el dinero, te lo tienes que llevar sí o sí, no tienes otra opción”. Fue entonces cuando habló con Arantxa y le contó que se habían negado. Al día siguiente fue al banco más cercano al consistorio, sacó mil euros y se los puso encima de la mesa a Fuster. El recibo consta en el sumario. Acto seguido se fue hacia su superior y le dijo que fuera el que fuese el resultado de las elecciones, ella no quería seguir trabajando con ellos.

“Solo tenemos ganas de que pase todo esto, pensamos que lo que hicimos fue la decisión correcta (…) Igual en todos los casos la propuesta no fue tan clara como a nosotros”, explica ahora Arantxa Martín.