CASO NÓOS

Urdangarin aceptaría devolver dos millones e ingresar en prisión

El fiscal Pedro Horrach, sin embargo, mantiene su oferta: seis millones de euros y seis años de cárcel.

El ex duque de Palma durante el juicio.

El ex duque de Palma durante el juicio. Efe

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Iñaki Urdangarin está dispuesto a devolver más dos millones de euros y asume que, aunque cerrase un acuerdo con la Fiscalía, tendrá que entrar en prisión. El ex duque de Palma ha realizado un primer acercamiento al Ministerio Público para intentar alcanzar un pacto con el pueda rebajar su posible condena por el 'caso Nóos'. La posición del fiscal Pedro Horrach se mantiene en que no aceptará ningún acuerdo que no implique la devolución de los seis millones públicos que le fueron adjudicados –en solitario o de manera solidaria con el resto de imputados- y una pena de no menos de seis años de cárcel.

Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes del entorno del matrimonio Urdangarin-Borbón, el contacto con el Ministerio Público se llevó a cabo hace ya varias semanas. A lo largo del mismo se trasladó la voluntad del marido de la Infanta Cristina de consignar ante la Audiencia de Palma una importante cantidad a efectos de reparar los daños ocasionados a las arcas públicas de Valencia y Baleares por los contratos otorgados a la entidad sin ánimo de lucro que presidía.

La intención de Urdangarin pasa por devolver lo que él considera que es la diferencia entre el coste real que tuvieron los foros que organizó para los gobiernos de Francisco Camps y Jaume Matas y las cifras que le fueron otorgadas y que se acabó desviando a sus bolsillos. En este sentido, las cuentas que hace el ex duque de Palma pasan por destinar a estos efectos un millón y medio procedente de la venta del palacete de Pedralbes, que ya fue consignado ante el juzgado, y una cantidad extra que podría llegar a alcanzar incluso un millón de euros más. Una cifra que dista mucho de la exigida por Anticorrupción.

Devolución del fraude fiscal

En este sentido, la idea de Urdangarin pasa por entregar los fondos que obtenga de la venta de los pisos que tiene en Palma a nombre de su sociedad instrumental Aizoon así como un dinero extra que, siempre según él, le prestarían “amigos de la familia”. En este millón complementario el ex jugador de balonmano incluye las cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria derivadas de los dos delitos fiscales de los que está acusado y que ascenderían a 338.000 euros.

Junto a la iniciativa de devolver una parte del dinero, el principal imputado del 'caso Nóos' ha asumido, y así también le ha sido trasladado en su nombre al Ministerio Público, que deberá ingresar en prisión. Eso sí, discute la calificación jurídica de Anticorrupción, se niega a aceptar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos y pretende rebajar al máximo la solicitud de la Fiscalía contra él, que va a rondar los veinte años de cárcel.

Ante la propuesta inicial de la Fiscalía, el ex duque de Palma siempre se mostró dispuesto a hacer frente a la devolución del dinero –su entorno asegura a este periódico que en el peor de los escenarios estaría dispuesto a hacer frente en solitario a los seis millones de euros- pero era inflexible en lo que al ingreso en prisión se refería. En esta línea sólo aceptaba declararse responsable del escándalo “a título lucrativo”, pero en ningún caso admitir la comisión de delito alguno.

Los pactos fraguados durante los últimos meses entre la Fiscalía y la inmensa mayoría de cargos públicos mallorquines que intervinieron en la adjudicación de los contratos al Instituto Nóos –todos admiten que amañaron los concursos para favorecerle- han obligado al marido de la Infanta Cristina a replantear su posición al advertir las crecientes probabilidades de ser finalmente condenado por el tribunal a penas muy elevadas.

Por su parte, su ex socio Diego Torres no ha realizado todavía ninguna aproximación a la Fiscalía Anticorrupción y se encuentra a la espera de los movimientos que realice Urdangarin. En el caso del ex presidente balear Jaume Matas, éste ya ha dado un primer paso para alcanzar un acuerdo. Anticorrupción le exigió como primera medida para empezar a hablar que devolviera el dinero supuestamente malversado. Para ello ya ha consignado a efectos de reparación del daño su palacete de Palma. No obstante, al igual que Urdangarin, discute la calificación jurídica de la Fiscalía y no está por la labor de reconocer la comisión de un delito de malversación de caudales públicos y sólo es partidario de reconocer otros como el fraude y la falsedad documental.

El tribunal que juzga este caso ha dado a las partes de plazo hasta el próximo 9 de febrero para cerrar los acuerdos que consideren oportunos. En el caso de cristalizar los mismos, todavía quedaría un cabo suelto: el del sindicato Manos Limpias. Y es que si esta acusación no acepta los acuerdos que pueda suscribir Anticorrupción puede dejarlos sin efecto si mantiene una petición de pena más alta para los implicados.