VALENCIA

El fiasco de la Fórmula 1 de Valencia llega a los juzgados

El expresidente de la Generalitat y de Bancaja inaugura los interrogatorios en una causa en la que está imputado Camps

Rita Barberá y Francisco Camps en el interior de un coche en el circuito de Fórmula1

Rita Barberá y Francisco Camps en el interior de un coche en el circuito de Fórmula1 EFE

  1. Comunidad Valenciana

La política de grandes eventos que durante años promovieron los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana pasa factura judicial. Un juzgado valenciano ha comenzado este lunes los interrogatorios en la causa abierta por la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia en la que están imputados el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, una exconsejera de su gobierno y el piloto de motociclismo Jorge Martínez ‘Aspar’.

Es el llamado ‘caso Valmor’, que es el nombre de la empresa pantalla que, según la Fiscalía Anticorrupción, utilizó Camps para organizar la gran cita deportiva con el objetivo de dar la “apariencia” de que era una empresa privada la que la organizaba e incurría en los gastos cuando en realidad “corrió siempre a cargo de la Generalitat valenciana”.

Ello le sirvió al PP para argumentar en su día que las carreras no costarían “ni un euro” a los valencianos. Recientemente, el Gobierno valenciano ha cifrado en cien millones solo el coste de las obras para el circuito urbano, sin contar con la deuda de Valmor que ha acabado asumiendo.

Los primeros en pasar ante el juzgado han sido José Luis Olivas, antecesor de Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat y ex presidente de Bancaja, y el empresario castellonense y presidente del Villarreal CF, Fernando Roig. Ambos como testigos. Según fuentes conocedoras de la causa, Olivas ha manifestado en sede judicial que la idea de organizar el Gran Premio fue de Camps.

En la causa, el juzgado de Instrucción 2 de Valencia investiga si hubo un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito de prevaricación en la organización del Gran Premio y en la asunción por parte de la Generalitat de los costes que debían haber sido satisfechos por la empresa Valmor Sports.

Valmor Sports nació en mayo de 2007 y estaba integrada por Jorge Martínez ‘Aspar’ –a quien el fiscal se refiere como el “amigo” de Camps-, el empresario valenciano Roig y Bancaja, entonces presidida por Olivas. Camps inició contactos con el patrón de la Fórmula 1, Bernard Ecclestone, un año antes. Quería que Valencia fuera escenario de las carreras. Era un paso más en sus esfuerzos para poner la ciudad “en el mapa” con su política de grandes eventos que tanto ha costado a las arcas valencianas.

ECCLESTONE CONDICIONÓ LA F1 A QUE GANARA EL PP

El relato de Anticorrupción que conllevó la apertura de la causa sitúa al expresidente en el centro de las negociaciones directas con Ecclestone. El dueño de la F1 llegó a condicionar la celebración de la prueba a que fuera el PP quien ganara las elecciones de 2007. Así fue y se firmó el acuerdo. “Camps garantizó personalmente y en nombre de la Generalitat la viabilidad del proyecto”, sostiene el fiscal.

Para ello, decidió que “su amigo”, el piloto Aspar, crease una sociedad para organizar la prueba. También se solicitó la intervención de Bancaja y Roig, que participaron “al ser un proyecto que contaba con el respaldo de Camps”.

Este lunes, Olivas, según las citadas fuentes, ha declarado que fue Camps quien le propuso la idea y que, en un primer momento, lo descartó pero finalmente accedió al entender que podía ser beneficioso para la entidad. Así que se puso en contacto con Roig, por ser un empresario vinculado al deporte, y con ‘Aspar’ por estar en el ‘mundillo’ de las carreras, para impulsar la empresa Valmor Sports. Su apoyo, apuntó, fue únicamente como socio financiero, sin participar en la gestión.

Anticorrupción considera que esta sociedad era en realidad una tapadera, porque la empresa ni tenía infraestructura, ni personal y ni tan siquiera podía organizar el Gran Premio al carecer de licencia federativa de la Real Federación Española de Automovilismo, como todos sabían, así que acabó organizándola la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SL.

“Camps eludió todos los procedimientos administrativos de contratación pública, interponiendo una empresa privada, sabiendo que quien iba a desarrollar el proyecto era una empresa pública”, recoge la querella. En marzo de 2008 se firmó el contrato por el que Circuito del Motor se comprometía a organizar la prueba sin que se fijara a cam+bio ninguna contraprestación económica.

LOS RESCATES A LA EMPRESA ‘PANTALLA’

Este fue el primer rescate a la sociedad del ‘amigo Aspar’. La Fiscalía relata varios más. Camps decidió, tras una reunión con Ecclestone y después de que los dueños de Valmor se dirigieran a la Generalitat por haber tenido pérdidas, que sería la empresa pública (y no Valmor) la que pagaría el canon anual por la celebración del premio que fue de 24 millones de dólares en 2009.

El siguiente rescate se produjo un día antes de que Camps dimitiera como presidente de la Generalitat. Aquel día se firmó un contrato por el que la Generalitat se constituía como avalista de Valmor en sustitución de Bancaja. Una acción que, según el fiscal, hizo Camps “con consciente desprecio hacia la legalidad vigente” al saltarse el procedimiento.

Por aquella época los dueños de Valmor no querían continuar con la gestión del Gran Premio porque el negocio no era rentable y la empresa estaba en suspensión de pagos, así que ‘Aspar’ y Fernando Roig volvieron a dirigirse al gobierno valenciano. La operación acabó con la compra de la sociedad por menos de un euro.

Para ello, el fiscal sostiene que la exconsejera Lola Johnson (a quien también se le imputa por un presunto delito societario) utilizó el engaño de forma que no se conociera que, con esta operación, se estaba condonando una deuda de 14 millones y se asumían más de 31 millones.Olivas y Roig, los dos primeros testigos que han declarado en esta causa, coincidieron ayer en afirmar que se dieron cuenta con la organización del primer Gran Premio que la empresa no era sostenible y que estaba abocada al concurso de acreedores.

Fuentes del caso aseguran que Roig corroboró ante el juez que las cuentas de la empresa estaban perfectamente auditadas y que la Generalitat era conocedora de su situación cuando decidió comprarla.

El juez tomará declaración a otros testigos relacionados con la causa antes de citar a Camps, Johnson y ‘Aspar’ como imputados.