Caso Nóos

El fiscal Horrach: "Juzgar a la infanta supondría una discriminación"

La defensa de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, sostiene que si se la exonera, "saldría perjudicada la propia infanta, que teniendo la oportunidad de defender su inocencia va a quedar estigmatizada socialmente".

Cristina de Borbón en el banquillo de los acusados al inicio esta mañana del juicio por el caso Nóos

Cristina de Borbón en el banquillo de los acusados al inicio esta mañana del juicio por el caso Nóos Efe

  1. Caso Nóos

El fiscal Pedro Horrach ha solicitado que se aparte del juicio a la infanta Cristina de Borbón en aras a la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que si la Fiscalía no acusa y la Abogacía del Estado, tampoco, no se puede mantener un proceso contra alguien. A su juicio, mantener la acusación tanto a la hermana del Rey Felipe VI como a la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, supondría quebrantar la doctrina y una discriminación a dos ciudadanas.

El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido que si el fiscal no acusa y la Abogacía del Estado tampoco, no se puede llevar a la infanta a juicio. Es más, recalca que si se ha podido abrir un proceso por delitos fiscales contra varios acusados ha sido gracias a la labor de Hacienda y de sus inspectores. Y si éstos han considerado que respecto de la hija del monarca Juan Carlos I no se aprecia ningún delito, así debe mantenerse.

El fiscal ha aprovechado su intervención para atacar la decisión del juez José Castro de procesar a la infanta. "Ampararse en la manida expresión de que Hacienda somos todos significa desconocer la premisa básica en los delitos contra la Hacienda", ha subrayado. A su juicio, está interpretación actúa directamente contra la doctrina del Tribunal Supremo."La ausencia de motivos suficientes para imputar a una persona de un delito debe impedir la prosecución de un proceso", ha indicado.

En la fase de cuestiones previas, tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado y la defensa de la infanta han sostenido que la hermana del rey Felipe VI no ha cometido ningún delito porque la cuota defraudada de la que se le acusa es inferior a los 120.000 euros y, por tanto, no hay causa contra ella. Pero, además, si la Abogacía del Estado, que defiende a Hacienda, concluye que no hay delito, no se puede permitir que se la lleve a juicio con la única acusación del sindicato Manos Limpias.

“Si el Ministerio Fiscal que representa al Estado y el acusado particular que representa al perjudicado determinan que no existen indicios inculpatorios, la única respuesta judicial posible es el sobreseimiento o archivo”, recalca el fiscal, quien añade que “no es posible que la acusación popular supla la voluntad del perjudicado”.

La Abogacía del Estado apoya al fiscal

La abogada del Estado jefe de Baleares, Dolores Ripoll, ha apoyado también esta postura y ha resaltado que la Abogacía del Estado lo componen funcionarios públicos que están sometidos a la “objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público”. Sin embargo, los intereses de la acusación popular son bien distintos, son “clientelares, familiares, particulares o intereses que considera pertinentes”. Según ha explicado, la acusación popular no persigue el interés común ni le caracteriza la imparcialidad.

El fiscal ha acabado alegando que espera que “se devuelva la justicia al lugar que le corresponde” porque el hecho de mantener tanto a la infanta como a la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, en el juicio es atacar la amplia doctrina del Tribunal Supremo, aplicada por numerosas audiencias provinciales. “No acabo de entender cómo se pueden hacer esfuerzos interpretativos para una interpretación restrictiva contra el reo pero no se hacen los mismos esfuerzos a favor del reo”.

Por su parte, la abogada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete se ha opuesto a la petición y ha afirmado que “si se quita a la infanta, la justicia no sería igual para todos”. A su juicio, no juzgar a Cristina de Borbón perjudicaría mucho a la Corona, “y a la propia infanta, que como cualquier ciudadano va a tener la oportunidad de defenderse”. Lo contrario, sería quedar “totalmente estigmatizada”.