La mujer de Pujol Jr. vació una caja fuerte al publicarse el borrador de la UDEF

La mujer de Pujol Jr. vació una caja fuerte al publicarse el borrador de la UDEF Gonzalo Arroyo Getty Images

España LAS PRUEBAS DEL GRAN SAQUEO (IV)

La mujer de Pujol Jr. vació una caja fuerte al publicarse el borrador de la UDEF

La Policía denuncia que Gironés acudió al BBVA de Diagonal horas después de estallar el 'caso Pujol'.

30 diciembre, 2015 02:30
Esteban Urreiztieta Daniel Montero

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La esposa de Jordi Pujol Ferrusola vació una caja fuerte horas después de la publicación del ya célebre borrador de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). La Policía Judicial atribuye al matrimonio formado por Mercé Gironés y el primogénito del clan catalán un proceso continuado de “vaciado patrimonial en España” que comenzó el 16 de noviembre de 2012. Ese mismo día el diario El Mundo publicó un informe interno elaborado por la Policía en el que se destapaba la tenencia por parte de la familia Pujol de una ingente fortuna oculta en paraísos fiscales entre los que destacaba el de Andorra.

Según han podido acreditar ahora los investigadores, Mercé Gironés acudió a las 13.44 horas a la sucursal del BBVA ubicada en el número 662-664 de la Avenida Diagonal de Barcelona para acceder a la caja de seguridad. La Policía destaca en sus informes, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la “coincidencia” de la visita con la publicación de la información que supuso el inicio de 'caso Pujol' y que ha sido avalada por los juzgados de Madrid y Barcelona. Según los agentes, la “repercusión” de la noticia “pudiera haber compelido a Gironés a acudir a la entidad financiera”.

El borrador de la UDEF precisaba además que la familia Pujol disponía de cantidades muy importantes en entidades financieras andorranas que habían sido ingresadas en metálico, tal y como denunció posteriormente Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Jr., y ya ha quedado acreditado judicialmente.

"Dinámica de salida de capitales"

A juicio de la Policía, esta operación se enclava en “la dinámica de salida de capitales ubicados en España”, entre los que destacan “aquellos depositados en cajas fuertes”. Si bien los investigadores no han podido “conocer qué activos concretos contuvieron esas cajas” presumen que albergaban “dinero en metálico”.

Tal y como ha puesto la propia UDEF en conocimiento del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Ferrusola y su mujer pusieron en marcha “un proceso para deshacerse de ciertos activos de los que serían titulares en previsión de las posibles consecuencias penales”. Así, esta conducta, que comenzó a finales de 2012, se intensificó a lo largo del 2014, cuando el sumario del denominado 'caso Pujol' avanzaba ya inexorablemente en la Audiencia Nacional.

Separación de bienes ficticia

De esta forma, añade la UDEF, “durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014 se han producido movimientos entre las sociedades en las que Jordi Pujol Ferrusola ostenta cargos sociales”. Según “informó formalmente” el matrimonio, fueron “debidos al proceso de separación conyugal” que mantenían. “En este proceso”, abundan los investigadores, “se ha producido la venta de las participaciones que la sociedad patrimonial de Mercé Gironés poseía en las sociedades Iniciatives, Marketing i Inversions, S.A., Project Marketing Cat, S.L., e Inter Rosario Port Services, S.A.”, que fueron “adquiridas por su ex cóyuge Jordi Pujol Ferrusola”.

Así, “fruto de estas operaciones, Active Translation, S.L., pasó a ser socio único en dichas sociedades”, elevándose a público varias escrituras notariales “a efectos acreditativos”. No obstante, la Policía considera que se trataría de “operaciones diseñadas para disolver de facto sus intereses conjuntos sin que en realidad se produzcan traspasos reales de fondos”.

Entre las operaciones que destaca la Policía en esta dinámica se encuentra una donación de 585.000 euros realizada por Jordi Pujol Ferrusola a su hija Nuria con la que ésta compró a continuación un inmueble a su padre. Se trata, según la UDEF, de "una operación económica previamente diseñada que pudiera responder al interés del investigado en evitar que el inmueble le pueda ser atribuido, en lo que entenderíamos como una maniobra de ocultación, desarrollada en previsión  de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse del proceso penal que se sigue contra él".