Anula la resolución secesionista

El TC recuerda al Parlament que su legitimidad proviene de la Constitución

El tribunal, en la sentencia más rápida de su historia, declara nulo el acuerdo secesionista al considerarlo inconstitucional.

Miembros de Junts Pel Sí en la bancada del Parlament

Miembros de Junts Pel Sí en la bancada del Parlament Efe

Desde hoy la resolución de ruptura con España aprobada el pasado 9 de noviembre por el Parlamento de Cataluña es nula y carece de efecto alguno. El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado este miércoles inconstitucional el acuerdo por el que la Cámara autonómica anunciaba el inicio del proceso de constitución de una república catalana independiente, de forma unilateral y sin seguir el mecanismo previsto en la Constitución para su propia reforma.

El fallo del TC, el más rápido de la historia del tribunal, ha concitado la unanimidad de los magistrados, que han alumbrado la sentencia tras una breve y fluida deliberación.

La notoria inconstitucionalidad de la resolución del Parlament ha propiciado esa celeridad, pero el TC no se ha limitado a lo obvio. La sentencia, con ponencia del magistrado Andrés Ollero, aprovecha para recordar los fundamentos básicos de nuestra convivencia democrática y contesta a las alegaciones en las que el Parlament de Cataluña subrayó que la resolución independentista es un mandato político que responde a la voluntad expresada por la mayoría de los catalanes en unas elecciones democráticas, los comicios del 27 de septiembre.

El tribunal señala que el principio democrático es un fundamento de la Constitución, en la que encuentran su reconocimiento como sujetos jurídicos las instituciones autonómicas. El Parlamento de Cataluña no tiene una legitimidad anterior y al margen de la Constitución, recuerda el TC.

"El ordenamiento jurídico, con la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino como su garantía misma”, afirma la sentencia.

El TC afirma también que la resolución independentista “desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía".