Dos turistas en los pisos turísticos del residencial de Patraix
La batalla judicial interminable de unos vecinos de Valencia contra los bajos turísticos: "Son 24 jaulas. Hemos visto de todo"
Piden que se resuelva el caso, ya que la Generalitat retiró la licencia pero llevan diez meses abiertos gracias a una medida judicial cautelar.
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Casi dos años es el tiempo que la comunidad de vecinos del residencial Nicet de Patraix en Valencia lleva luchando contra los 24 apartamentos turísticos situados en sus bajos, una larga batalla judicial que esperan que se resuelva pronto.
"Estamos cansados, tenemos debajo de nuestras casas 24 jaulas y hemos visto de todo: inundaciones, fiestas, borracheras...", relata a EL ESPAÑOL el portavoz de la junta de gobierno de la comunidad que fue una de las pioneras en la capital del Turia en unirse contra este tipo de alojamiento turístico presente en todos los barrios de la ciudad.
Están hartos de seguir esperando y exigen a la justicia que actúe sin más demoras ya que, pese a que el Gobierno valenciano retiró la licencia de estos apartamentos, siguen abiertos debido a una medida judicial cautelar.
Los vecinos denuncian que llevan diez meses "esperando una sentencia" que les devuelva la tranquilidad de estar en sus casas. "Nos consta que han tenido hasta ratas", afirma este vecino, que lamenta que, como los bajos "son zulos", los visitantes salen a la calle con sus sillas a comer o a fumar y que todos los fines de semana "hay fiestas".
"Hemos denunciado por activa y por pasiva", asegura, al tiempo que subraya que tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento de Valencia apoya a los vecinos.
Sin embargo, la justicia sigue sin pronunciarse en lo que entienden que es una batalla de desgaste, de David contra Goliat. "Nos estamos gastando un dineral en abogados, hay vecinos que se han ido hasta Países Bajos a la sede de Booking para que retiraran los anuncios. Y ahora, llevamos diez meses esperando. No queremos que se olviden de nosotros", añade el portavoz.
Lo único que piden, insiste, es que se cumpla con la legalidad y que los bajos se destinen a comercio de proximidad. "Si esta es la imagen turística que se quiere de Valencia, apaga y vámonos", denuncia.
Cronología
El caso de este residencial en Patraix se remonta a septiembre de 2024, cuando salieron a la calle para denunciar la implantación de 24 alojamientos turísticos, propiedad de Grupo MContigo, en los bajos, pese a que en mayo las 147 familias modificaron sus estatutos para prohibirlos expresamente.
Los vecinos denunciaron que la empresa solicitó las licencias en el último momento, un día antes de que se aprobara la moratoria de apartamentos turísticos del Ayuntamiento de Valencia.
Los bajos turísticos
La comunidad acusó a la empresa de comercializar los apartamentos durante el periodo en que la inscripción había sido cancelada, de la apertura de huecos y puertas en la fachada sin autorización comunitaria o de la instalación de 24 cámaras en elementos comunes.
"Durante ese periodo, el Ayuntamiento de Valencia habría impuesto al grupo una multa de al menos 100.001 euros por la comercialización de hasta diez bajos sin licencia en distintas plataformas, según ha podido conocer la Junta de Gobierno del residencial", añaden los vecinos.
“No estamos hablando únicamente de una discrepancia sobre las licencias turísticas. Hay una sucesión de actuaciones que han afectado a elementos comunes y a la convivencia de los vecinos y que han sido denunciadas ante las Administraciones", lamentan y añaden: "Han hecho de todo, como utilizar las licencias de otros apartamentos para comercializar estas".
Recurso judicial
En 2025, el Gobierno valenciano, ante la presión vecinal, intervino y el Servicio Territorial de Turismo de Valencia acordó cancelar y dar de baja las 24 viviendas del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana.
Entre sus fundamentos, Turismo concluyó que no se había acreditado el inicio de actividad de las 24 viviendas turísticas dentro del plazo establecido legalmente, según explican los vecinos, que consideran que "el informe de inspección estaba basado en comprobaciones presenciales y documentación".
Uno de los pisos turísticos
Al respecto, indican que otro informe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas determinó que "los bajos no disponían de contratos de electricidad que permitieran acreditar la actividad durante el periodo exigido"
La ley valenciana establece que la actividad turísticas debe comenzar de forma efectiva en un plazo máximo de 2 meses a contar desde el día que se presenta la declaración responsable. Si transcurre ese plazo sin actividad, la administración está obligada a abrir un expediente y proceder a dar de baja la inscripción.
Tras el recurso presentado por el grupo empresarial ante el Contencioso Administrativo contra la Generalitat Valenciana, el Juzgado acordó el 31 de octubre de 2025 la suspensión cautelar de la resolución administrativa, previa constitución de una caución de 10.000 euros, según las mismas fuentes.
Esta medida permitió reactivar provisionalmente las 24 inscripciones hasta que recaiga sentencia, por lo que los pisos turísticos siguen abiertos y recibiendo visitantes.
Desde el complejo insisten en que su posición no es contraria al turismo ni a la actividad económica, sino a la implantación de un modelo turístico intensivo en los bajos de un edificio residencial.
"Estamos defendiendo el derecho de 147 familias y de más de 450 residentes a que se respeten los estatutos, los elementos comunes y las decisiones adoptadas por los propietarios", apuntan.
