Mazón y Sánchez. Jorge Gil / EP

Mazón y Sánchez. Jorge Gil / EP

Reconstruir Valencia

La Generalitat paga el 53% de las ayudas directas por la dana frente al 15% del Gobierno 9 meses después de la tragedia

El Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye en los fondos repartidos las moratorias de bancos o las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.

Más información: Solo 2.437 de los 7.500 millones de euros desembolsados por el Gobierno para la dana son ayudas directas a los afectados

Valencia
Publicada

Han pasado ya nueve meses desde que una terrible dana azotara la provincia de Valencia y dejara a su paso 228 víctimas mortales y un cúmulo de daños materiales que la Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) han cifrado en unas pérdidas de en torno a 17.800 millones de euros.

Tanto el Gobierno valenciano como el de España anunciaron en su momento ayudas para los afectados por las riadas, siendo el ritmo de ejecución muy dispar de una administración a otra a tres meses de que se cumpla el primer aniversario de la tragedia.

La administración autonómica ha ejecutado ya el 53% de las ayudas directas contempladas para socorrer a los damnificados, mientras el Ejecutivo apenas alcanza el 15% de los 16.600 millones que prometió movilizar.

En el porcentaje que corresponde al Consell dirigido por Carlos Mazón, se incluyen ayudas de bienes de primera necesidad (6.000 euros), que se han pagado casi en el 70% de los casos; o para la adquisición de vehículos, dividida en dos convocatorias tras el éxito de la primera, que se agotó a los pocos días de publicarse.

En este caso, la Generalitat Valenciana contempló un presupuesto inicial de 180 millones de euros, ya ejecutados al 100%. La segunda fase, de otros 36 millones, ha registrado cerca de 4.000 solicitudes, si bien todavía no hay datos del porcentaje ejecutado.

El Gobierno valenciano también ha destinado 100 millones para empresas de autónomos con empleados y otros 92 millones para aquellas sin empleados. En el primer caso, la cifra de peticiones resueltas y pagos abonados se sitúa en el 98%, mientras que en el segundo la ejecución es del 100%.

Campa de vehículos de la dana. Rober Solsona / EP

Campa de vehículos de la dana. Rober Solsona / EP

Ahora bien, no se han llegado a abonar todos los fondos porque el número de solicitudes no ha llegado a agotar el presupuesto previsto. De los 192 millones de euros dibujados se han entregado un total de 131 entre 26.355 solicitantes. Esto es, en torno a 4.970 euros por demandante.

Las ayudas por el alquiler de vivienda -muchos afectados perdieron su hogar y se han visto obligados a arrendar un inmueble- se han pagado a 1.287 personas, casi 400 menos de las que lo reclamaron. El presupuesto contemplaba una partida de 50 millones, de los que se han gastado algo más de 14,4.

Entre los fondos repartidos, también hay 6 millones para el sector cultural, del que se ha abonado 4,5 millones. Por lo que el porcentaje de ayudas resueltas se sitúa en un 82%.

El 15% repartido por el Gobierno

Por su parte, el ritmo de ejecución del Gobierno de España es más lento. Apenas ha ejecutado nueve meses después de la catástrofe el 15% de las ayudas directas a los afectados de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre.

De los 16.600 millones prometidos y 5.939 que, en la web info DANA constan como ejecutados, tan solo 2.467 corresponden, en efecto, a dinero entregado a los damnificados por la riada.

Hace unos días la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, compareció ante los medios para realizar un balance de las ayudas otorgadas por el Gobierno central con la intención de reivindicar el "liderazgo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la reconstrucción.

En su comparecencia, acompañada del comisionado para la reconstrucción, José María Ángel, defendió que el 90% del dinero repartido entre los afectados provenía de fondos del Gobierno. Aquel día expuso que este había repartido 7.500 millones de euros, si bien en la web oficial, actualizada este lunes, constan 5.939.

Varias personas colaboran en las labores de limpieza de Utiel tras la dana. Víctor Fernández / EP

Varias personas colaboran en las labores de limpieza de Utiel tras la dana. Víctor Fernández / EP

La cuantía de los 7.500, en realidad, responde a que el Ejecutivo incluye en ella los fondos transferidos a los ayuntamientos (1.745 millones de euros) para rehabilitar y reconstruir infraestructuras dañadas. Un dinero que, sin embargo, los consistorios no han podido empezar a ejecutar por falta de personal.

En cualquier caso, en el montante global ejecutado, el Gobierno incluye como ayuda propia las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que por el momento ascienden ya a un total de 3.386 millones.

Se trata de indemnizaciones sufragadas con los fondos acumulados por el Estado gracias a las cuotas que los asegurados españoles, previamente, han pagado religiosamente. Cumplir con el pago de esas indemnizaciones es una obligación del Gobierno de España.

Lo mismo sucede con las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a explotaciones aseguradas. Estas compensaciones no constituyen en realidad ayudas directas del Gobierno, sino que son gestionadas por la entidad encargada de los seguros agrarios y en nombre de las entidades aseguradoras. En este caso, suponen 77 millones de euros.

Si se descuentan estas dos cuantías del total de lo abonado hasta el momento, el importe descendería a los 2.476 millones de euros, lo que representa en torno a un 15% del total de los fondos que el Ejecutivo ha prometido movilizar.

El 20% adicional del valor venal

En este punto conviene apuntar que tras la catástrofe, el Gobierno obligó al Consorcio de Compensación de Seguros a indemnizar a los propietarios de vehículos afectados por la dana con un 20% adicional del valor venal del vehículo.

Desguace de vehículos afectados por la dana. Rober Solsona / EP

Desguace de vehículos afectados por la dana. Rober Solsona / EP

Para hacer el cálculo de la indemnización, las aseguradoras debían determinar el valor venal de vehículo, que es el precio de mercado justo antes del siniestro y añadirle un 20% a este importe. El resultado sería el dinero a percibir por el propietario.

Por ello, el Gobierno se arroga como propias las indemnizaciones del Consorcio. No obstante, no se podría considerar que la totalidad de esos 3.386 millones son ayudas directas del Ejecutivo.

En el mejor de los casos, se podría ponderar que de ellos, 677 millones se han repartido gracias a esta exigencia del Estado.

Las moratorias de los bancos

El porcentaje de ayudas abonadas nueve meses después de que se produjeran las fatídicas inundaciones, podría disminuir aún más y descender al 9,6%.

En su comparecencia en la Comisión de Economía en el Congreso de los Diputados, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó el ritmo de ejecución de las ayudas prometidas.

En la documentación facilitada, el ministro incluyó las moratorias concedidas por las entidades financieras a empresas afectadas por la dana por un valor de 910 millones de euros. Una cifra que, en realidad, tampoco se trataría de ayudas directas.

En caso de desgajarse de los 2.467 millones entregados, efectivamente, como ayudas directas a los afectados estaríamos hablando de que el Ejecutivo habría entregado apenas 1.557 millones, no llega al 10% de lo previsto a tres meses del aniversario de la riada.

Negocio de uñas arrasado por la dana. Víctor Fernández / EP

Negocio de uñas arrasado por la dana. Víctor Fernández / EP

En la web info DANA, sin embargo, no reflejan estos 910 millones, sino que solo reconocen haber registrado 39 peticiones por parte de empresas afectadas para reestructurar o beneficiarse de una moratoria de su deuda por valor de 9,28 millones.

De ellas, 28 han sido aprobadas por un importe total de 258.985 euros en ahorro de intereses, mientras 5 han sido rechazadas, otras 5 quedan pendientes de evaluación y una última ha renunciado a ello.

Por ello, este periódico no ha restado de la cuantía de dinero entregado a los afectados los 910 millones mencionados por Cuerpo, dado que no se reflejan en la documentación oficial actualizada por el propio Gobierno.

Con todo, es cierto que a pesar de la diferencia de porcentajes, el Gobierno autonómico ha pagado 522 millones y el Estado 2.467 millones de euros. Unas cuantías acordes, también, al músculo financiero que tiene cada administración.

Mientras la Generalitat Valenciana cuenta con un presupuesto anual de 32.291 millones de euros, los Presupuestos Generales del Estado para 2025 -prorrogados desde 2023- es de 380.822 millones de euros.