Empleado de la construcción.
¿Qué diría Pedro Sánchez si le preguntasen en qué ha mejorado realmente en la vida de las familias valencianas durante sus mandatos? Probablemente, respondería con una serie de datos macroeconómicos, preparados para la ocasión por su ejército de asesores, que poco tendrían que ver con la realidad que viven cada día la mayor parte de familias en esta Comunitat.
La política puede explicarse de muchas maneras, pero los ciudadanos suelen encontrar la explicación en aspectos como cuánto cuesta llenar la nevera, pagar el alquiler, llenar el depósito del coche o ayudar a un hijo a emanciparse.
Y, además, la comparan con la nómina o la pensión con que tienen que llegar a fin de mes, con una cantidad que pierde capacidad de compra y con los impuestos que salen de su bolsillo. Y es ahí donde el discurso del Gobierno choca con la realidad cotidiana.
La economía no se mide solo en décimas de crecimiento. Se mide en la vida que pueden permitirse los ciudadanos. Los últimos datos del IPC vuelven a encender las alarmas. En septiembre, con datos del INE, los precios aumentaron casi un 5% interanual en la Comunitat Valenciana. La vivienda y los suministros subieron un 7,7 %, mientras que el transporte registró un incremento del 10,4 %.
Son cifras que reflejan la presión considerable que soportan los presupuestos de los hogares. Valga como dato que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el precio de los alimentos ha subido en torno a un 40 % y el de la vivienda, un 70 %.
Detrás de cada porcentaje hay decisiones que las familias se ven obligadas a tomar. Hay quien renuncia a salir a cenar o a disfrutar de unas cortas vacaciones, quien retrasa una compra necesaria y quien hace malabares para evitar que los gastos superen los ingresos.
Y hay jóvenes que trabajan, se esfuerzan y siguen sin encontrar una vivienda que puedan pagar para alcanzar esa tan ansiada independencia. No basta con decir que la economía crece. Hay que preguntarse cómo se reparte ese crecimiento y si llega a quienes sostienen el país con su trabajo. Porque tener empleo debería ser una vía para vivir mejor, no una carrera permanente que no garantiza llegar a fin de mes.
A esto, cabe añadir que la recaudación tributaria ha alcanzado cifras récord en los últimos años, con un sobreesfuerzo de los contribuyentes que no se traduce en una mejora de los servicios públicos, sino, al contrario, coincide con un deterioro de prestaciones básicas.
Hay un dato que refleja con claridad el mazazo fiscal que soportan los españoles: el Gobierno ha subido los impuestos en más de cien ocasiones, alcanzando una asimetría difícilmente explicable: con Sánchez pagamos más impuestos y recibimos peores servicios.
Las familias valencianas no necesitan que nadie les explique que existen dificultades internacionales, que la energía influye en los precios o que hay factores económicos que ningún Gobierno controla por completo.
Lo que necesitan es que quien gobierna utilice sus competencias para aliviar esas dificultades, facilite el acceso a la vivienda, mejore la productividad y haga que trabajar sea suficiente para poder tener una vida digna. Sin embargo, tras el paso del Sanchismo, las familias son más pobres como consecuencia del encarecimiento de los alimentos, de la vivienda y de la presión fiscal.
Por si todo esto fuera poco, la izquierda vuelve a recurrir a la vieja estrategia del miedo. El recurso es ahora meter miedo a nuestros mayores con la amenaza de que, si gobierna la derecha, perderán sus pensiones.
Cuando faltan argumentos, algunos prefieren agitar fantasmas. Jugar tan burdamente con 9,5 millones de ciudadanos -también votantes- es una irresponsabilidad que traspasa todos los límites. Las pensiones son el fruto de toda una vida de trabajo, esfuerzo y cotizaciones, no una concesión de ningún Gobierno ni patrimonio de ningún partido.
Son un derecho que debemos proteger y una responsabilidad que debemos ejercer con rigor. Y, desde luego, el Partido Popular defiende que la mejor garantía para nuestros mayores es un sistema público de pensiones sólido, sostenible y capaz de preservar su poder adquisitivo.
Gobernar no consiste en acostumbrar a las familias a vivir peor, sino en trabajar para que puedan vivir mejor. Y no olvidar que, detrás de cada cifra, hay millones de españoles que merecen algo más que hacer cuentas para llegar a fin de mes.
Carlos Gil es secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana y secretario general del PPCV