El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Diana Morant.
Más de un centenar de personas vinculadas al entorno político del sanchismo se encuentran hoy investigadas en distintas causas judiciales. Los últimos en incorporarse a esa lista son, nada menos, que la directora general de la Guardia Civil y el director adjunto operativo del Instituto Armado, investigados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por su supuesta actuación para entorpecer investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).
Cuando quienes deben velar por la independencia de las investigaciones policiales (como ya ocurrió con el Fiscal García Ortiz) terminan compareciendo ante la Justicia por presuntamente obstaculizarlas, el problema adquiere una gravedad institucional sin precedentes.
Lo más preocupante es que esta situación llega después de que tanto el ministro del Interior como la directora general de la Guardia Civil ofrecieran en sede parlamentaria una versión de los hechos que ha quedado desmentida por las evidencias que obran en la instrucción judicial.
Las reuniones con la conocida como «la fontanera», cuya existencia ambos minimizaron e incluso negaron, han adquirido una dimensión muy distinta. Pese a ello, nadie asume responsabilidades. No hay ceses, no hay dimisiones. Ese es el estilo político de Pedro Sánchez: aferrarse al cargo y ordenar el cierre de filas.
Ese mismo patrón de comportamiento lo conocemos bien con Diana Morant. La autoproclamada candidata a la Generalitat desde su Gandía natal -con escaso poder de convocatoria- no ha aprovechado ninguno de estos episodios para reclamar explicaciones o exigir transparencia. Al contrario, ha optado por respaldar sin fisuras la estrategia marcada desde La Moncloa y por cuestionar continuamente a la justicia. Lo hizo defendiendo al presidente y a todo su entorno político y personal.
La mujer, el hermano, el fiscal general, a Zapatero, a la directora de la Guardia Civil o a su número dos Mascarell -ahora también imputado-. Todo ello hasta el punto de dejar para las hemerotecas una frase que resume como pocas la desconexión del sanchismo con la realidad: “La gente por la calle me pide que aguantemos”.
Hace apenas un año, Pedro Sánchez compareció en el Congreso asegurando que todo obedecía a una campaña de bulos y que él había sido víctima del engaño de quienes le rodeaban. Hoy ese relato ya no se sostiene. La corrupción ha dejado de ser una mera sospecha.
El Tribunal Supremo ha declarado, por unanimidad, la existencia de una organización criminal y ha condenado a José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a Koldo García Izaguirre a 19 años. A ello cabe añadir las investigaciones que afectan a Santos Cerdán; la causa que investiga la contabilidad del PSOE y mantiene imputada a su gerente federal; el caso Plus Ultra en el que figura como investigado por cinco presuntos delitos el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; y, sin olvidar, la condena e inhabilitación de García Ortiz. Y, con todo este panorama, el Gobierno sigue empeñado en repetir que aquí no pasa nada.
Así que quien aspire a presidir la Generalitat debería estar a la altura de la responsabilidad que ese cometido exige. Sin embargo, la señora Morant ha vuelto a elegir convertirse en la principal portavoz del sanchismo. Justifica, una y otra vez, lo injustificable antes que exigir ejemplaridad y limpieza.
Una posición que la aleja cada vez más de la confianza necesaria para presidir el Consell y que, a la vista de los resultados, tampoco termina de convencer a sus propios vecinos de Gandía. Mientras «dimitir» siga siendo un verbo ruso para el sanchismo, quizá debería empezar a pensar en un plan B.
Nando Pastor es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes.