La alcaldesa de Valencia, María José Catalá
Hay comparecencias parlamentarias que sirven para esclarecer los hechos y otras que muestran la catadura moral de quien comparece.
A esa segunda categoría pertenece la intervención de María José Catalá en la comisión de investigación sobre la DANA del Congreso.
Lejos de asumir la responsabilidad política que corresponde a quien dirige la tercera ciudad de España en una emergencia de dimensiones históricas, Catalá optó por la arrogancia y prepotencia como estrategia de defensa.
Su tono no buscó aportar luz sobre lo sucedido, sino proyectar la imagen de que todas las responsabilidades recaían sobre otras administraciones, mientras evitaba responder a una pregunta esencial: ¿Por qué la Policía Local de Valencia no fue movilizada para ayudar a los municipios vecinos cuando miles de personas estaban atrapadas y necesitaban auxilio?
El momento más llamativo de su comparecencia fue, sin duda, cuando exhibió un documento que aseguró procedía del Ministerio del Interior y que, según su versión, impedía el desplazamiento de las policías locales fuera de su término municipal.
Lo mostró como quien enseña la carta ganadora de una partida, pero inmediatamente lo retiró y evitó incorporarlo a la documentación de la comisión. Una maniobra más propia de un trilero que de una responsable pública llamada a rendir cuentas.
Intentó justificar lo injustificable: escapaba a las más elementales reglas de solidaridad que una ciudad con cerca de 1.800 policías locales no movilizara efectivos para auxiliar a municipios vecinos que estaban viviendo una tragedia humana sin precedentes.
Mientras familias enteras pedían ayuda desesperadamente, València disponía de un cuerpo policial preparado y operativo. Aquella decisión no fue únicamente un error político; fue un fracaso moral.
Porque en situaciones excepcionales la primera obligación de cualquier gobernante es ayudar, no buscar argumentos para escaquearse.
La realidad terminó desmontando aquel relato. Apenas una semana después, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, leyó íntegramente el contenido del correo del Ministerio del Interior y lo aportó oficialmente a la comisión para que todos los grupos parlamentarios pudieran examinarlo.
El documento dejaba en evidencia la mentira de Catalá, pues no impedía la intervención de las policías locales del territorio de la Comunitat Valenciana en los municipios afectados, como autoriza el artículo 31 de la Ley de coordinación de policías locales en la Comunitat Valenciana y el artículo 40 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
Lo verdaderamente revelador es que, meses después de la DANA, el gobierno de María José Catalá demostró una extraordinaria diligencia cuando se trató de impulsar un pelotazo urbanístico de enorme impacto económico vinculado al promotor José Luis Timoner, esposo de la diputada del Partido Popular Alma Alfonso, mediante la adjudicación de un contrato millonario relacionado con el desarrollo de vivienda en un ámbito afectado por la DANA.
Esa sucesión de decisiones en la gestión de la crisis de la DANA, dibuja una escala de prioridades difícil de ignorar: la solidaridad con los municipios devastados avanzó con paso de tortuga; los intereses urbanísticos a la velocidad del rayo.
La política consiste, sobre todo, en elegir qué debe ser urgente. Y las decisiones del gobierno de Catalá transmiten una imagen devastadora: cuando tocó enviar policías para salvar y proteger a personas, prevalecieron las excusas; cuando llegó el momento de facilitar un pelotazo urbanístico, desaparecieron los obstáculos.
Y muchas valencianas y valencianos siguen preguntándose por qué Valencia no desplegó todos los recursos de los que disponía para colaborar con los municipios más castigados. Esa pregunta solo tiene una respuesta: Catalá, la alcaldesa invisible, no supo estar a la altura y miró hacia otro lado.
La política también tiene un termómetro que no aparece en las encuestas: la reacción espontánea de la ciudadanía. Las sonoras pitadas que recibió María José Catalá durante las celebraciones de los títulos de Liga del Valencia Basket femenino y masculino son la expresión de descontento hacia su gestión municipal y, por qué no, hacia su actuación durante la tragedia de la DANA. Los aplausos se ganan y los abucheos también suelen tener una explicación.
Y cuando la realidad se impone al relato, la prepotencia deja de ser un escudo para convertirse en la prueba más evidente de la propia debilidad política.
Alicia Andújar es diputada del PSPV en Les Corts valencianas.