Esta semana leía en la prensa una noticia que -por fin- me arrancaba una sonrisa y me hacía sacar pecho como española.
Y es que más allá de prioridades nacionales y otros eufemismos que no traen nada bueno, resulta que nuestro país aparece como el primero en el ranking de países europeos en la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+.
Según lo que dice la noticia, España ha desbancado a Malta en el primer puesto en esa lista de países en relación a la defensa del colectivo.
Quien realiza ese ranking es ILGA -rama europea de la Asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales-, la mayor organización internacional LGTBI en su mapa Arcoíris que realiza cada año.
Se destaca en él la lucha decidida del Gobierno central contra “los intentos de la extrema derecha” de poner en riesgo la legislación de defensa del colectivo.
En realidad, no es ninguna novedad que, desde hace ya muchos años, se haya hecho una firme apuesta por la igualdad de todas las personas, una apuesta que tuvo su punto culminante en la aprobación de la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que continúa, sin prisa pero sin pausa, creando un cuerpo legislativo que nos permita afirmar que la igualdad formal ya es mucho más que una quimera en nuestro país.
Pero, como todo el mundo sabe, del dicho al hecho hay un buen trecho, y mientras la igualdad formal avanza, y lo hace a pesar de los obstáculos que determinadas políticas están poniendo en los últimos tiempos en nuestro camino, la igualdad real no siempre corre paralela.
Es por eso por lo que, a pesar de lo que dice la ley, nos seguimos encontrando con demasiada frecuencia con manifestaciones de homofobia, transfobia, lesbofobia y cualquier otra manifestación de discriminación al colectivo a poco que abramos los ojos.
En nuestros juzgados y tribunales seguimos viendo ataques de esta índole, y seguimos juzgándolos y condenándolos siempre que resulta posible.
Como buena noticia, hay que destacar que el porcentaje de condenas es elevadísimo, pero el problema no es tanto lo que se ve como lo que no se ve.
Y la infradenuncia sigue engrosando esa bolsa invisible de hechos ilícitos, gran parte de ellos delictivos, que no llegan a conocimiento de las autoridades que tienen la potestad para sancionarlos, cuando no ha sido posible evitarlos.
Los delitos contra el colectivo LGTBI son de los más frecuentes entre los delitos de odio, al menos en lo que atañe al número de denuncias y de condenas, y aunque el hecho de que cada día se denuncien y se condenen más estos hechos es una buena noticia, necesitamos dar un paso más.
O varios, porque lo realmente deseable no es que se castiguen estos delitos, sino que no se cometan.
Y ahí es donde la sociedad tiene mucho que decir y que hacer, más allá de lo que se haga desde los tribunales.
Todavía se echa de menos una educación en igualdad que abarque, no solo todos los ciclos educativos, sino que despliegue sus efectos más allá de las aulas.
La familia, la casa, las actividades de ocio y cualquier otra en que se participen deben estar impregnadas de un espíritu de igualdad que no siempre existe.
Y otro tanto cabe decir de los medios de comunicación y, especialmente, de las redes sociales, donde los discursos homófobos campan por sus fueros.
La LGTBIfobia no puede tener cabida en nuestras vidas. Pensémoslo la próxima vez que alguien cuente un chiste homófobo, o haga un comentario de esta índole en algún chat del que formemos parte, y reaccionemos.
Ojalá nunca perdamos el primer puesto de ese ranking arco iris.
