Las dos palabras empiezan por la letra “F”, es más, la siguiente también es coincidente, pero, pongamos el freno, hasta ahí llega lo que tienen que ver la una con la otra.

A petición de la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, siguiendo las instrucciones de ERC, partido político sobradamente conocido por su labor incondicional de soporte legislativo del Gobierno, nos encontramos sumergidos en el debate sobre el sistema de financiación autonómico.

Un asunto que, como el Guadiana, aparece y desaparece, eso sí, a convenir por el gestor de turno.

Pero ese interés repentino viene suscitado no precisamente por la voluntad política de acometer aquello para lo que fueron elegidos representantes de la sociedad sobre la que aplicar las políticas públicas más beneficiosas, en cumplimiento de la obligación normativa, y, sí, también la ética política, que existir existe, aunque, a veces, nos invadan las dudas, sino más bien por el interés del momento, máxime en este cortoplacismo político que parece que sigue sin tocar fondo.

Ni siquiera es ya necesario deliberar sobre la conveniencia del momento para la futura candidata a la Junta de Andalucía, es una cuestión que no requiere contraposición de análisis.

Llegados a este punto, y conociendo que eso del modelo de financiación autonómico, vamos a llamar para que entre en el tablero de juego a la fiscalidad, esa carga impositiva que desde un modelo numérico u otro todos asumimos, en mayor o menor medida.

Y, ahí, está el quid de la cuestión, el grado de obligación tributaria de unos y de otros, en atención al territorio en el que se mantenga el sujeto pasivo.

Parece ser que aquellos territorios como el de la Comunitat Valenciana que sufren del mal crónico de la infrafinanciación, castigados por un sistema que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la autonomía, no tenemos derecho a ser mejorados por el sistema impositivo de la fiscalidad.

No se trata de pedir y rebajar, sino de ajustar a derecho aquello que, caduco, causa graves perjuicios, es decir, aprobar un sistema de financiación autonómica justo; y, por otra parte, minorar la carga fiscal a las rentas que más lo requieren, un término muy ideologizado y poco definido, pero donde también cabe el mismo método para incentivar las inversiones económicas, que, en definitiva, son generadoras de riqueza y empleo.

Si además de soportar la infrafinaciación autonómica también tenemos que sostener una fiscalidad asfixiante, todo ello sin queja alguna, con la cara bien alta, aguantando carros y carretas, y terminamos llamándole resiliencia habría que proponer la eliminación del vocablo del diccionario o nos lo terminaremos creyendo.