Ese espacio llamado litoral que discurre por una gran parte del territorio español, incluidas las islas, como no puede ser de otro modo, gran patrimonio el de nuestro país al que tanto nos gusta visitar, y, por supuesto, que nos visiten.

Porque, a pesar de las voces contrarias, hoy por hoy, la realidad es que el turismo forma parte de la actividad económica generadora de puestos de trabajo, aunque éstos, también es verdad, que deberían mejorarse, pero esto lo dejamos para otro momento, ahora vamos con la costa.

Valencia ha sido la impulsora de la unión autonómica frente a la descooperación en protección del litoral.

Desde la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos se ha dado voz a las distintas autonómicas que han tenido a bien recalar en Valencia para firmar un manifiesto en pro de los territorios costeros, se han sumado Galicia, Canarias, Andalucía, Murcia y Baleares.

El resto habría que preguntarse el por qué de su ausencia, y, es que, a la vista del contenido regulatorio de los dispares decretos de traspaso de competencias, tal vez, algunas comunidades autónomas, no tienen la necesidad de formar parte de peticiones conjuntas, van por libre, ya que las cuotas numéricas parlamentarias les dota de un poder sobreautonómico.

Estos agravios por los dispares tratos autonómicos no tienen más justificación que el interés del cedente, en este caso el Gobierno, en mantener los soportes necesarios de durabilidad, y, el rédito del cesionario en obtener, sin necesidad de agregarse a manifiestos, todo aquello que juzguen peticionar, porque nada les será denegado.

Igual otros no lo verán, pero lejos queda el principio de solidaridad, regulado en la Constitución Española, ni la proporcionalidad que debe aplicar la administración pública.

En cambio, donde se aplica el rodillo de la homogeneidad es en la regulación para el resto de las comunidades autónomas, llamémoslas de segunda, o, como mínimos, las que deben pedir cita previa, desde una normativa alejada del litoral.

Con una costa plural y diversa a nadie se le escapa que cada parte del territorio requiere de actuaciones específicas, para su ordenación y regulación, donde deben converger la economía, el turismo, el ocio, en espacios distintos, es la administración autonómica la que debe dar respuesta cercana, ágil y efectiva, en coordinación con los municipios tan faltos de medios y herramientas, y, por supuesto en cooperación con el estado que es el que debe actualizarse a través de un marco normativo que cumpla con su función mínima de dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

La cogobernanza debería ser el eje sobre el que sostener toda respuesta administrativa, y del que poco o nada se habla.