Un cartel ofrece ayuda veterinaria en la zona cero de la dana tras la riada. Rober Solsona / Europa Press
En una sociedad que presume de avanzar en derechos, proteger a los animales no debería limitarse a los eslóganes. Tampoco puede quedar reducido a iniciativas bienintencionadas, pero ineficaces, o normativas que dificulten el trabajo de quienes están en primera línea del bienestar animal: los veterinarios.
Digo esto porque la reciente entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 ha supuesto un duro golpe para la profesión veterinaria. Se trata de una normativa aprobada por el Gobierno de España que con el supuesto objetivo de luchar contra la resistencia antimicrobiana, está generando por el contrario un problema en el día a día de los veterinarios al imponer más burocracia y rigidez en la actuación sanitaria del colectivo.
Hoy, los veterinarios se enfrentan a un dilema insólito: deben elegir entre aplicar su criterio profesional, cuando la vida del animal depende de ello, o cumplir un procedimiento que exige el cumplimiento estricto de una serie de pasos administrativos que pueden demorar el tratamiento entre siete y diez días. En muchos casos, ese retraso significa la muerte del animal.
No estamos ante un debate técnico ni un asunto menor. Es un atentado contra la ética profesional, la salud animal y, en última instancia, contra la salud pública. Porque cuando un animal enferma, no solo está en juego su bienestar, también lo está la tranquilidad de sus dueños y la confianza en una profesión sobre la que se ha puesto el foco de la sospecha de forma injusta,
La pregunta es inevitable: ¿en qué momento empezamos a tratar a los veterinarios como si fueran sospechosos? ¿Qué ha hecho este colectivo para que su criterio clínico —avalado por años de formación universitaria y experiencia práctica— sea sustituido por la frialdad de un formulario?
El Real Decreto del Gobierno convierte al veterinario en un burócrata que, en lugar de centrarse en diagnosticar, tratar y curar, debe dedicar horas a completar documentación para evitar sanciones, que pueden alcanzar cifras tan disparatadas como los 60.000 euros… o incluso un millón.
Este nuevo marco normativo no solo está provocando sufrimiento animal por falta de tratamientos a tiempo, sino que está comprometiendo gravemente el ejercicio profesional: ya no importa lo que el veterinario ve, ni lo que el animal necesita. Solo importa lo que permite el papel.
Si a todo esto le añadimos el IVA del 21% —el mismo que se aplica a artículos de lujo—, cuidar de un animal se convierte, literalmente, en un privilegio para quien puede pagarlo.
¿Queremos un bienestar animal exclusivo? ¿Queremos una atención veterinaria limitada solo a quienes superen el laberinto administrativo y tengan capacidad económica para asumirlo?
Este es un modelo profundamente injusto y contradice la filosofía del bienestar animal. No puede haber equidad ni sensibilidad si la salud de un animal depende del bolsillo de su dueño o de la paciencia del veterinario para enfrentarse a un sistema que lo pone contra las cuerdas.
Unas reivindicaciones que, como concejal de Bienestar Animal, defendí en el pleno municipal con una moción que se aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos, salvo por el PSPV, que una vez más dio la espalda a los veterinarios con una abstención cobarde en la que han pesado más las siglas que el interés general por el mero hecho de no cuestionar una norma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Se trata de una reivindicación de sentido común, de dignidad profesional y de respeto por la salud animal. Es una exigencia para que el Gobierno rectifique y reabra el diálogo con el sector, escuche a los colegios veterinarios, a los clínicos y a quienes trabajan día a día con animales. Porque legislar desde un despacho, sin pisar una clínica ni atender una urgencia, es una forma segura de fracasar.
Nadie cuestiona la necesidad de combatir la resistencia antimicrobiana. Pero hacerlo mal es igual de peligroso que no hacerlo. Si dejamos atrás a los profesionales, si ignoramos las consecuencias prácticas de una ley mal planteada, el daño será profundo y duradero.
El bienestar animal no puede ser solo una etiqueta. Debe ser una prioridad real, coherente y accesible. Y para lograrlo, necesitamos una normativa justa, sensata y aplicada desde la escucha. Porque una sociedad que maltrata a sus profesionales también está maltratando —aunque sea por omisión— a los animales que dice querer proteger.
Juan Carlos Caballero es portavoz del Ayuntamiento de Valencia