La Confederación Hidrográfica del Júcar, en su escrito remitido a la comisión no permanente del Ayuntamiento de Valencia sobre la dana, ha vuelto a poner negro sobre blanco las dos grandes razones por las que no se hicieron las obras que habrían evitado la catástrofe en el barranco del Poyo.
Se trata, por un lado, de la no ejecución de los siete proyectos hidráulicos que impulsó la propia CHJ desde “hace más de 15 años”, cuyo coste partía de un presupuesto de 240 millones de euros.
Por otro, de “los reparos” que puso el Consejo de la Huerta -creado por la Ley de la Huerta del Gobierno de Ximo Puig- a una de las obras esenciales -una de las dos conexiones para desviar agua del Poyo al nuevo cauce del Turia-.
Ello obligó a rehacer el proyecto, considerado una obra ‘dura’, cuando por fin el Gobierno se animó a ejecutarlo en 2021. Llegó antes la riada que su construcción.
Lean y juzguen ustedes mismos. Es una organización estatal presidida por Miguel Polo, exconcejal del PSOE, subrayando que no han hecho nada durante 15 años los gobiernos de España de Zapatero, Rajoy y Sánchez, y que el último se topó con las restricciones de Ximo Puig cuando, con una década de retraso, se puso manos a la obra.
La infrainversión histórica que la Comunitat Valenciana ha sufrido por parte del Gobierno de España se ha cobrado decenas de muertes, si no cientos, y ha causado daños que, según organismos como el Ivie y la CEV, oscilan entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros.
Jamás sabremos cuánto se habría reducido la tragedia en caso de haber contado con la infraestructura proyectada. Pero el análisis de los ingenieros de caminos, canales y puertos que planificaron las actuaciones es muy contundente. En EL ESPAÑOL nos hemos molestado en preguntarles.
Según Jorge Paciarotti, el ingeniero de Typsa que elaboró los proyectos, “muchas vidas se habrían salvado”. Según Javier Machi, el entonces delegado de la empresa en Valencia y hoy presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, “con la actuación hecha, el agua habría rebosado, pero apenas habría tenido impacto en los núcleos urbanos”.
Lean también sus testimonios. Machi incluso precisa los metros cúbicos por segundo que habría absorbido cada una de las actuaciones en lugar de penetrar como un misil de muerte y destrucción en las poblaciones.
'Espanya ens mata'
Si tuviéramos políticos con altura de miras, todos ellos, independientemente de su adscripción política, unirían sus fuerzas para que jamás vuelva a pasarnos esto a los valencianos. Imagínense qué no harían los dirigentes vascos o catalanes si sus ciudadanos hubieran muerto por la infraniversión del Gobierno en sus territorios. El Espanya ens roba mutaría a Espanya ens mata.
En Valencia, sin embargo, parece importar mucho la destreza del piloto que dirigía la emergencia del 29 de octubre de 2024 y muy poco el calamitoso estado en el que se encontraba la nave.
No digo que lo primero no importe. Es normal que el PSOE, cuyos Gobiernos nos privaron de las infraestructuras hidráulicas que habrían impedido una tragedia tan mayúscula, lo achaque todo a la lenta respuesta de la Generalitat Valenciana, que no convocó hasta la tarde el Cecopi para coordinar la emergencia, y a la ausencia de un contundente mensaje de alerta dirigido a la población.
También entiendo que los socialistas vistan al presidente Carlos Mazón del demonio en la tierra por alargar su comida en el Ventorro con Maribel Vilaplana -revelada por EL ESPAÑOL- la tarde de la desgracia. Máxime cuando necesitan exculpar la responsabilidad de la CHJ, que no informó aquella tarde a la Generalitat de lo que ocurría en el epicentro de la desgracia como le exigen sus protocolos.
Comprendo menos a Compromís, que tiene una posición comodísima para disparar tanto a al PP como al PSOE, que es su verdadero adversario electoral. En cambio, su nacionalismo, una vez más, ha demostrado ser de fogueo. Clama más la derecha que ellos contra la infrainversión estatal que ha causado esta desgracia.
Yo, sin embargo, invito a que el Ventorro no impida ver el Poyo. La Generalitat Valenciana, con las destituciones en Emergencias de la consellera Salomé Pradas y sus subordinados, ha asumido responsabilidades. La dimisión de Mazón que pide la izquierda supondría, nada menos, pero nada más, que extenderlas hasta lo más alto de la cadena de mando del Ejecutivo autonómico.
Contamos, además, con una jueza diligente al frente de la causa, dispuesta a exigir responsabilidades a todos y cada uno de los actores implicados en la emergencia.
No dimite ni Polo
Pero en el Gobierno de España lo que encontramos es la completa negación de cualquier error. No solo de los cometidos por la CHJ el 29 de octubre. También la de los lustros previos en los que la infraestructura hídrica que habría impedido la desgracia fue completamente ignorada en los Presupuestos Generales del Estado.
Por parte del Ejecutivo central no dimite ni Miguel Polo, el presidente de una CHJ incapaz primero de convencer al Gobierno de que encauzara el barranco del Poyo y, después, de avisar con contundencia de la gravedad de lo que ocurría en esa rambla.
Aunque la Generalitat hubiera tenido una bola de cristal que le advirtiera de que iba a llover el cuádruple de lo que preveía Aemet, aunque hubiera decretado un toque de queda en toda la provincia, el 'Nilo' desbocado que bajó aquella tarde por un humilde barranco habría causado, como poco, la misma destrucción material.
Los valencianos deberíamos tomar conciencia de que la inacción del Estado ha matado a nuestros vecinos y destruido nuestras casas, negocios e infraestructuras, y alzar la voz con la suficiente fuerza para que jamás se vuelva a producir un desprecio territorial de este calibre.
Hay decenas de barrancos en situaciones similares, y del Gobierno solo hemos obtenido la promesa de que empezarán con las obras del Poyo en 2026.
