Casas derruidas por la dana junto al barranco del Poyo.
El Gobierno compra solares comerciales y de oficinas en municipios de la dana para construir "vivienda asequible"
La entidad estatal Casa 47 destina 23 millones a la adquisición de parcelas municipales aunque todavía no sean residenciales.
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El Gobierno de España comprará a los ayuntamientos de las zonas afectadas por la dana -a través de Casa 47, antigua Sareb, entidad estatal de vivienda- solares de uso terciario -es decir, ideados para espacios comerciales y de oficinas- para la construcción de "viviendas de alquiler asequible".
Este cambio de paradigma será posible tras la flexibilización de criterios para la cesión de suelo que acaba da aprobar la propia Casa 47. En concreto, la entidad relaja los requisitos que deben cumplir los solares en su nueva convocatoria para adquirir suelo de titularidad municipal en localidades afectadas por la dana, destinados a la construcción de vivienda asequible.
Con esta decisión, adoptada a petición de los ayuntamientos, la entidad del Gobierno quiere movilizar una mayor cantidad de suelo que, a su vez, permita impulsar la promoción de vivienda en los municipios que sufrieron los mayores daños durante las riadas del 29 de octubre de 2024, que arrasaron decenas de municipios y acabaron con la vida de 230 personas.
Según informó la entidad estatal, que aprobó la convocatoria el pasado 26 de junio, los nuevos criterios perasiguen flexibilizar las condiciones y facilitar la inclusión de las propuestas recibidas por los ayuntamientos.
Esta convocatoria cuenta con una dotación de 22.868.312 euros, tiene como objeto "continuar la reconstrucción urbanística y la revitalización social y económica de los municipios afectados por la catástrofe del 29 de octubre de 2024", así como "favorecer el acceso a una vivienda digna mediante un régimen de alquiler asequible y permanente".
La excepción
Los criterios, como siempre ha ocurrido, establecerán que los solares susceptibles de cesión deben contar con la clasificación de suelo urbano y calificación residencial colectiva en el planeamiento municipal vigente. No obstante, introducen una excepción.
De acuerdo con los nuevos criterios, "serán admitidos suelos con calificación terciaria, siempre y cuando el ayuntamiento se comprometa a impulsar una modificación de la calificación para adecuarlo al uso residencial".
Además, las nuevas bases eliminan el requisito de superficie mínima de solar, pero que permitan la construcción de al menos 25 viviendas. Este cambio de enfoque permite aceptar solares con menor superficie, pero con mayor capacidad de desarrollo en altura, optimizando así el suelo disponible en los municipios.
Se mantiene, en cambio, el requerimiento de que el suelo esté libre de protección patrimonial, restricciones arqueológicas, ambientales u otras limitaciones o cargas que impidan su uso residencial sin acciones previas. Los suelos objeto de cesión deberán cumplir con la normativa vigente en materia de urbanismo, medio ambiente y cualquier otra normativa sectorial de aplicación.
Un mes de plazo
Los nuevos requisitos que deben cumplir los suelos quedan regulados en las bases de esta convocatoria, publicadas este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A partir de esta fecha, los ayuntamientos podrán formalizar la presentación de sus propuestas.
El plazo se reduce a un mes, período en el que se evaluarán las propuestas recibidas y se seleccionarán los solares que cumplan con los requisitos, y se mantendrá abierto hasta seis meses en el caso de que siga existiendo crédito disponible.
La promoción y edificación de estas viviendas estará financiada en su totalidad por Casa 47. Pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente como "herramienta imprescindible para poder garantizar el derecho a la vivienda".
Este parque será gestionado por la entidad estatal, que actuará en el ciclo residencial completo: desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, con el objetivo de garantizar el acceso a "una vivienda digna para toda la ciudadanía".
