Sanitarios en un hospital público.
Radiografía de la violencia laboral en los servicios públicos: 4 de cada 5 empleados valencianos la ha sufrido
Un estudio de UGT y la UJI revela el porcentaje de agresiones y "escasas medidas de prevención" adoptadas por las instituciones.
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La violencia laboral es ya "una realidad cotidiana" en los servicios públicos esenciales de la Comunitat Valenciana: cerca del 80% de los profesionales -cuatro de cada cinco- relata haber sufrido algún episodio violento en la última década.
Es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por UGT Serveis Públics PV y la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) sobre la violencia laboral externa que sufren los sanitarios, docentes y trabajadores de ayuda a domicilio (SAD).
La investigación, realizada a partir de entrevistas a 39 y 279 encuestas a trabajadores de las tres provincias, recoge situaciones en las que los empleados de los servicios públicos han sufrido agresiones, insultos, amenazas y acoso por parte de pacientes, alumnos, familiares o usuarios.
Unos resultados que son extrapolables a las más de 160.000 personas que trabajan en los tres sectores, según recoge el informe en el que el 90% de los encuestados consideran que la violencia laboral supone un riesgo importante en su día a día.
El análisis pone de manifiesto, además, las secuelas que este tipo de sucesos deja en la salud mental de estos trabajadores. De hecho, 9 de cada 10 dice padecer cuadros de estrés y ansiedad, mientras el 71,4% afirma sentir miedo o inseguridad en el ejercicio de su profesión.
El estudio sitúa la violencia verbal como la que se ejerce con mayor frecuencia (97,4%), seguida de la psicológica (66,7%) y la física (46,2%). Las estrategias que se ejercen de forma habitual contra el personal, asimismo, son el desprestigio profesional, las amenazas y el desprestigio personal.
Sus consecuencias tienen un efecto dominó, ya que según reportan las entrevistas realizadas, este contexto intimidatorio repercute en el propio funcionamiento del servicio público a la ciudadanía: genera síndrome de burnout, motiva bajas laborales, empeora el clima laboral y despierta una "profunda desmotivación" que puede llevar incluso al abandono de la profesión.
No en vano, según el estudio, el 64% de los encuestados advierte que este clima afecta a su motivación para acudir a su puesto de trabajo día tras día y el 62% ha visto, incluso, cómo su sueño y descanso se ha visto alterado.
Por lo que respecta al perfil de los agresores, el análisis muestra cómo varían según el sector, así como que son relevantes tanto los directos -en Sanidad y SAD provienen los pacientes y en Educación los alumnos- como los indirectos, sus familiares. Lo que explicaría, según interpretan los propulsores del informe, por qué en las consultas sanitarias, por ejemplo, "solo dejen pasar a un acompañante".
Brecha de género
El número de agresiones, además, también varía si el empleado es hombre o mujer. Las segundas sufren una violencia más frecuente y un mayor impacto emocional.
En este sentido, cabe destacar que los sectores analizados están profundamente feminizados: las mujeres representan el 76,11% del personal en sanidad, alrededor del 70% en educación y entre el 85% y el 90% en el servicio de ayuda a domicilio.
A modo de ejemplo, los datos reflejan cómo las mujeres sufren una mayor incidencia de violencia psicológica: un 62,1% frente al 56,5% en el caso de los hombres. Estos, sin embargo, reportan más agresiones físicas y amenazas.
La UJI y UGT Serveis Públics presentan el informe de violencia laboral externa.
Con todo, sanitarios, docentes y empleados de ayuda a domicilio piden "medidas concretas" para revertir lo que cada día es más habitual en consultas, aulas y visitas en domicilios: la puesta a disposición de personal de seguridad, pero también la implementación de un pulsador silencioso que permita dar la voz de alarma ante episodios violentos.
No en vano, los encuestados suspenden las políticas preventivas puestas en marcha por las instituciones, especialmente en el ámbito educativo. No obstante, lo cierto es que ningún colectivo aprueba las iniciativas de prevención que promueven las administraciones: la nota media con la que puntúan los tres sectores a la Generalitat alcanza un 4,23 sobre 10.
De entre todos, el 75,9% piensa que la protección real es inexistente o mínima, mientras que el 69,8% califica las medidas preventivas como escasas o nulas, y un porcentaje casi idéntico al de quienes perciben que el apoyo institucional ante una agresión no existe o es mínimo (69,1%).
Remitirlo a las consellerias
Con todo, el estudio concluye que la "violencia laboral es una realidad estructural, creciente, multidimensional y sistémica".
La secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, expuso durante la presentación del análisis este martes cuáles eran "las causas estructurales" de esta violencia en cada uno de los sectores: en la sanidad, el detonante principal es la saturación asistencial y las largas listas de espera.
En los colegios e institutos, el origen radica en la "erosión de la legitimidad y autoridad del docente" y en el SAD, la vulnerabilidad viene dictada por el "trabajo en solitario y el aislamiento laboral dentro de los domicilios".
Ahora, con la foto fija y las cifras sobre la mesa, UGT trasladará el informe a las distintas consellerias afectadas -Sanidad, Educación y Servicios Sociales- junto a una serie de medidas que, a su juicio, la Generalitat Valenciana debe poner en marcha para "no dejar sola a la víctima ante su agresor".
Piden al departamento de Marciano Gómez el refuerzo de plantillas para evitar los tiempos de espera, instaurar el trabajo en pareja en contextos de riesgo y sustituir la identificación personal por el número de empleado en las denuncias.
Por su parte, a la cartera que dirige Carmen Ortí le urgen a bajar las ratios y a implantar planes de acogida para el personal interino y novel, mientras que en SAD exigen a la consellera Elena Albalat la evaluación previa y obligatoria de los domicilios antes de iniciar la atención.
Preguntada por la incidencia que pudo tener en el personal docente la huelga educativa indefinida que marcó el fin de curso pasado, además, Montaner aclaró que esta no solo tuvo efectos en la salud mental de los profesores, sino que también generó "conflictos en los propios centros entre los docentes que la apoyaban y los que no".
Pero también "en la salud económica". "Los 18 liberados sindicales de UGT que secundaron la totalidad del paro indefinido para dar ejemplo cobraron 400 euros un mes de vacaciones", zanjó.
