Carátula del dosier encargado contra Juanfran Pérez Llorca.
El dosier encargado contra Llorca le acusa de beneficiarse de un plan urbanístico que ni siquiera ha sido aprobado
El documento también califica de "pelotazo urbanístico" la modernización de una avenida por tener su familia propiedades "colindantes".
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El dosier encargado contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, le atribuye beneficios patrimoniales -para él mismo y para su familia- derivados de dos decisiones urbanísticas: el impulso de un plan general estructural (PGE) ni siquiera aprobado y la modernización de una avenida donde tienen propiedades "colindantes".
El documento de 40 páginas, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se centra en dos supuestas interferencias durante su etapa como alcalde de Finestrat por el PP. Ambas habrían tenido el propósito -siempre según la tesis del dosier, revelado por eldiario.es- de revalorizar el patrimonio familiar.
Cabe subrayar que se trata de un informe de parte -de autoría desconocida- para desacreditar al dirigente justo cuando el PP se dispone a ratificarlo como candidato autonómico. No es el trabajo de ninguna organización policial ni una investigación judicial, si bien el PSOE anunció este miércoles que judicializará esta cuestión.
En primer lugar, el escrito, en el que abundan las conjeturas y los juicios de valor, expone lo que denomina como el "pelotazo urbanístico en Avenida Benidorm de Finestrat".
"El 17 de mayo de 2021, Juanfran Pérez Llorca firmó, personalmente, como alcalde-presidente del Ayuntamiento de Finestrat (Decreto 2021-1181), la adjudicación de la reurbanización de la Avenida Benidorm a Construcciones y Movimientos Ovisa SL por 1,06 millones de euros, con cofinanciación provincial de 950.000 euros y modificación posterior por +229.121 euros", relata.
Al respecto, agrega que "tres fincas registrales de Rancallosa I SL -sociedad familiar en la que el actual president figura como apoderado y partícipe declarado- son colindantes o inmediatas al perímetro de la obra".
Fuentes conocedoras de la actuación precisan a este periódico que consistió en la renovación del asfalto y las aceras de dicha avenida, donde la familia de Pérez Llorca, en efecto, tiene una propiedad. "La plusvalía estimada en aquel momento se sitúa entre 400.000 y 620.000", cifra.
En consecuencia, el dosier acusa a Juanfran Pérez Llorca de haber renovado la céntrica avenida de Finestrat para revalorizar una propiedad familiar que se encuentra en el lugar.
"El investigado no puede alegar desconocimiento. La firma personal sobre el decreto de adjudicación, la cofinanciación provincial, el modificado, la titularidad y apoderamiento del clan familiar en Rancallosa I SL, y la colindancia registralmente acreditada de las fincas, configuran objetivamente los elementos del tipo de los siguientes preceptos: prevaricación, negociación prohibida, fraude a la administración...", asevera.
El PGE
El otro asunto es el catalogado en el dosier como "pelotazo urbanístico justo antes de ser nombrado president de la Generalitat", si bien refiere al desarrollo del plan general estructural (PGE) para ordenar el urbanismo de Finestrat que no ha sido aprobado todavía.
"El patrimonio rústico familiar documentado de Juanfran Pérez Llorca en Finestrat alcanza 20.319 metros cuadrados distribuidos en diez fincas registrales: 11.799 en seis fincas de tres sociedades del clan familiar y 8.520 metros cuadrados en cuatro fincas a nombre personal de la madre del investigado", afirma el documento, que utiliza en varias ocasiones dicho término, "clan", para referirse a la familia de Llorca.
A continuación expone que "toda la actividad del expediente urbanístico -Documento Consultivo del PGE 2025, los PEMIT 1 y 2- se produjo bajo responsabilidad institucional directa del investigado, en posiciones sucesivas (concejal de Urbanismo, alcalde, president), hasta su firma personal del Documento Consultivo del PGE el 04/11/2025, veintiocho días antes de la toma de posesión como President de la Generalitat, y un día antes de hacerse pública su elección como sustituto de Carlos Mazón".
"Las parcelas familiares ya figuraban incorporadas a los ámbitos del PGE de 2016, lo que descarta la coincidencia sobrevenida y acredita la afectación patrimonial sostenida del clan a lo largo de toda la trayectoria municipal del investigado", agrega.
El escrito dice haber comprobado que las parcelas de la familia de Llorca se encuentran en el ámbito del PGE. "La cartografía del PGE 2025 y de los PEMIT 1 y 2 cierra finca a finca la correspondencia entre las parcelas del clan familiar y los sectores residenciales reclasificados", subraya, haciendo un mal uso del término "reclasificados", porque tal reclasificación no se ha producido.
Juanfran Pérez Llorca.
"La plusvalía latente combinada del expediente PGE / PEMIT se sitúa en el orden de los 4,1 millones de euros, calculada por comparables registrales y catastrales del clúster", llega a cifrar el dosier pese a que la reclasificación sigue en fase consultiva.
El mismo desglosa que, del total de 20.319 metros cuadrados, un total de 11.799, repartidos en 6 fincas, corresponden a "fincas societarias del clan" con "una revaloración estimada en torno a 2,4 millones de euros sobre comparables del PGE 2025".
Los 8.520 metros cuadrados restantes corresponderían a 4 fincas personales de procedencia materna con una "revaloración estimada en torno a 1,7 millones de euros sobre los PEMIT 1 y 2, fuera del perímetro societario y por tanto con mayor opacidad declarativa".
A juicio del redactor del informe, "la firma personal del investigado sobre el Documento Consultivo del PGE el 04/11/2025, con la afectación patrimonial familiar preexistente desde 2016 y la posición institucional continuada en Urbanismo y Alcaldía, configura objetivamente los elementos de los siguientes tipos: prevaricación urbanística y administrativa, y negociaciones prohibidas".
"Una denuncia en fiscalía terminaría con su investigación judicial seguro", llega a vaticinar el escrito.
Sendra, Serra e Ivorra
El dosier se autodenomina como un "documento de uso interno y reservado", y aborda también circunstancias personales y familiares de figuras del entorno del presidente valenciano.
"Síntesis ejecutiva del Informe Final Consolidado (Informe-FINAL) sobre D. Juan Francisco Pérez Llorca e integración de los informes consolidados de D. Francisco Javier Sendra Mengual, D. David Francisco Serra Cervera y D. Miguel Ángel Ivorra Devesa en lo que afectan al sujeto principal", se titula el dosier.
El propio documento expone que sus calificaciones jurídicas "se enuncian como posibles y no constituyen imputación contra persona alguna". "Su valoración definitiva corresponde, en su caso, al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente", agrega.
Más allá de su contenido, la gravedad del mismo estriba en que haya podido ser un integrante del PP quien haya encargado este dosier, o al menos que lo haya puesto en circulación, contra el propio presidente autonómico. "Informe Génova J. P. LL.", reza en el encabezado del mismo, que aparece redactado como si, en efecto, fuera dirigido a la cúpula del partido.
