El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, saluda al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
El PP accede a la mayoría de exigencias de Vox, pero rechaza la publicación de datos de delincuencia e inmigración
PP y Vox vuelven a escenificar su sintonía en Les Corts y solo rompen en dos de sus 24 propuestas en el Debate de Política General.
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PP y Vox volvieron a escenificar este miércoles su sintonía en Les Corts Valencianes. Las dos formaciones se aprobaron mutuamente en la segunda jornada del Debate de Política General las propuestas de resolución registradas en distintas materias.
Todas, salvo una. Y no una cualquiera: de las 12 iniciativas presentadas por el partido de Santiago Abascal, el PP rechazó el texto en el que Vox exigía al Consell la publicación de "las estadísticas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada a la inmigración masiva en la Comunitat Valenciana".
Un rechazo que el portavoz del PP justificó en que el grupo parlamentario que dirige José María Llanos había incorporado en este texto cuestiones totalmente dispares que nada tenían que ver entre sí, pero que resulta especialmente significativo.
El pasado mes de junio, durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, PP y Vox acordaron recortar una subvención de 10.000 euros a Cruz Roja para realizar un estudio sobre las "nuevas realidades delincuenciales derivadas de los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración".
El objetivo, según el texto aprobado entonces, era la "obtención de datos objetivos sobre el impacto de nuevas realidades sociodemográficas en la delincuencia" y analizar el impacto de la inmigración en la "seguridad pública".
También en el Debate de Política General de 2025 el PP aceptó una propuesta de Vox para que "en la medida de las posibilidades técnicas y materiales" la Generalitat hiciera una distinción entre inmigrantes y españoles en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028.
Ahora bien, de hacerlo a publicar o difundir estos datos -como exigía la propuesta de este año-, hay un trecho. Aunque las propuestas de resolución no tienen efectos prácticos, sí sirven para que los partidos fijen su posicionamiento político respecto a distintos asuntos. Y el PP decidió este miércoles rechazar la propuesta de los de Abascal.
Esta, además, pedía al Ejecutivo valenciano que manifestase "la gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos en España, en términos de saturación y en muchas ocasiones de colapso, así como en la devaluación de la calidad de las prestaciones". También cómo ello contribuye al "empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados públicos".
El grupo, asimismo, reclamaba al Gobierno autonómico que pusiera de manifiesto "que los recursos de las administraciones públicas son limitados y, dada la presión provocada por la inmigración masiva, estos recursos están alcanzando su límite material y ya son insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población española".
En la misma línea exigía al Consell no participar en acuerdos presupuestarios que pudieran "facilitar, financiar o consolidar la entrada, acogida o permanencia de menores no acompañados", además de rechazar de manera "frontal cualquier proceso de regularización de inmigrantes ilegales en España".
El texto registrado por los diputados de Vox también reservaba un apartado para instar al Gobierno valenciano a dirigirse al Ejecutivo de Pedro Sánchez a aprobar "definitivamente el Estatuto Médico que reconozca la singularidad de la profesión" o "combatir el fenómeno del turismo sanitario desde las administraciones".
En Vox pedían "convocar al embajador del Reino de Marruecos en España" para trasladarle "queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla" y "promover la suspensión inmediata del Tratado de Amistad" con Marruecos.
Financiación autonómica
Del mismo modo que el PP descartó una de las iniciativas de Vox, estos hicieron lo propio con los populares. En concreto, la relativa a la financiación autonómica en la que el partido que gobierna reclama al Estado retirar su propuesta de reforma del modelo y volver a abrir una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La propuesta solicitaba, entre otras cuestiones, aprobar un fondo de nivelación transitorio que permita a aquellas comunidades autónomas infrafinanciadas disponer de los mismos recursos que la media española mientras se aprueba el nuevo sistema.
El PP exigía una solución para la deuda de la Generalitat, habilitar un mecanismo para que las entregas a cuenta no fueran vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado, o que las futuras inversiones estatales tuvieran en cuenta el peso poblacional de la Comunitat Valenciana.
22 acuerdos
Pese a todo, los dos partidos validaron un total de 22 propuestas: 11 de cada formación. Un entendimiento que volvió a poner de manifiesto la sintonía entre ambas formaciones. La dinámica no es nueva, pues PP y Vox han cerrado durante la legislatura numerosos acuerdos. Y entre los más relevantes, los Presupuestos de la Generalitat año tras año.
En el Debate de este ejercicio, el último de la legislatura, aprobaron la creación de un Servicio Valenciano de Control del Fraude Padronal y la Sobreocupación para coordinar administraciones, unificar protocolos, detectar posibles irregularidades y promover actuaciones de inspección "cuando existan indicios de fraude".
El PP, además, dio luz verde a la propuesta de Vox que pedía "impulsar el funcionamiento del canal autonómico de denuncias y reclamaciones educativas, accesible, sencillo y confidencial, aprobado en los Presupuestos 2026".
Una iniciativa que busca, según explicaron, garantizar la "libertad educativa y el derecho de los padres a educar a sus hijos", así como la "neutralidad ideológica" en las aulas para evitar "prácticas de adoctrinamiento".
Modificaciones que quieren impulsar tras los cambios en la Inspección Educativa introducidos en la ley de Acompañamiento y que pretendían velar por la "neutralidad ideológica". Estas fueron criticadas por la izquierda y serán próximamente recurridas por el Gobierno central al Tribunal Constitucional.
