Vecinos de Alfafar durante la limpieza de las calles para restablecer la normalidad en el municipio..
La Sindicatura de Cuentas destaca la rapidez de las ayudas dana de la Generalitat pero cuestiona los controles
El órgano fiscalizador insta a que se revisen expedientes para estudiar el reintegro de algunas ayudas si se concedieron a gente que no cumplía requisitos.
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La Sindicatura de Comptes ha emitido un informe de fiscalización de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana por la dana del 29 de octubre de 2024. Un análisis en el que destaca "la celeridad" con la que se pusieron a disposición de la ciudadanía las primeras líneas de subvenciones.
El órgano fiscalizador subraya así que el sistema diseñado constituyó "una respuesta rápida, de amplio alcance y tipológicamente diversificada ante una catástrofe de magnitud excepcional". O dicho de otro modo: que la administración autonómica dio una respuesta ágil que permitió hacer llegar el dinero a los damnificados en poco tiempo.
Asimismo, el informe constata que hasta el pasado mes de febrero se habían pagado 1.093 millones de euros de los 1.816 comprometidos, lo que representa algo más del 60% de lo presupuestado.
Conviene recordar que la Generalitat aprobó los primeros decretos de ayudas siete días después de la catástrofe, y los primeros pagos se efectuaron nueve días después de la riada.
Así, el 23% ya se había abonado antes del 31 de diciembre de 2024 y, en conjunto, la administración autonómica había convocado hasta febrero de 2026 un total de 45 ayudas relacionadas con la recuperación con un importe máximo de 1.816 millones de euros.
Una circunstancia por la que, según el análisis, tres de cada cuatro ciudadanos valoraron favorablemente la rapidez; más del 80% consideró clara la información y más del 90%, que los requisitos y la documentación solicitada fueron razonables.
La propia Sindicatura, así, considera que esta rapidez fue "positiva". Sin embargo, esa celeridad tuvo como contrapartida una menor precisión en el diseño de las ayudas. De hecho, el documento pone de manifiesto que se produjeron fallos relacionados con el modelo utilizado para acelerar los pagos.
En muchos casos se recurrió a la declaración responsable de los beneficiarios, de modo que determinados requisitos no se verificaron antes de conceder las subvenciones y pagarlas, sino que quedaron pendientes de una comprobación posterior.
La Sindicatura considera que esto incrementó el riesgo de fraude o de percepción indebida. Por ello, insta ahora a la Generalitat a implantar planes de control posteriores que sean lo suficientemente exhaustivos para verificar que el dinero se repartió realmente a personas afectadas que cumplían los requisitos exigidos.
Ayudas a reintegrar
Uno de los incumplimientos detectados afecta a las ayudas para vehículos siniestrados. Las bases exigían que el vehículo afectado hubiera causado baja definitiva en la Dirección General de Tráfico como consecuencia de los daños de la dana.
La Sindicatura identificó inicialmente 1.982 expedientes en los que a la fecha establecida no constaba esa baja definitiva, aunque sí figuraba una baja provisional.
Tras las comprobaciones realizadas, se identificaron 1.936 expedientes en los que concurría esta circunstancia. Según el informe, ahora la Generalitat debería iniciar un procedimiento de reintegro sobre estos beneficiarios, que recibieron un total de 6,4 millones de euros.
Sin embargo, aunque la Generalitat amplió posteriormente el plazo para obtener la baja definitiva hasta el 28 de febrero de 2026, la Sindicatura insiste en que los expedientes que no acrediten el cumplimiento de este requisito deberían ser sometidos al procedimiento de reintegro.
Ayudas de vivienda en duda
El informe pone también el foco en las ayudas para reponer bienes y efectos de primera necesidad de las viviendas afectadas por la dana.
La Sindicatura realizó un análisis cartográfico de las referencias catastrales y lo cruzó con información del Consorcio de Compensación de Seguros.
El informe identifica 4.417 expedientes, el 16,2% del total, en los que aparece al menos un factor de riesgo, entendido como una "inobservancia del requisito esencial de acceso" a las ayudas por haber sufrido daños graves en la vivienda habitual. El importe concedido en estos expedientes ronda los 39,7 millones de euros.
Entre los factores de riesgo aparecen referencias catastrales inexistentes o repetidas, viviendas situadas fuera de la huella oficial de inundación, inmuebles cuyo uso no figura como residencial o viviendas ubicadas en primera planta o superiores.
El factor más frecuente fue precisamente la localización de la parcela a más de 200 metros del límite exterior de la huella de inundación oficial, circunstancia detectada en un total de 2.673 expedientes.
En cualquier caso, la Sindicatura advierte que estos datos no prueban por sí mismos que haya ayudas concedidas irregularmente. Son "indicios" que deben utilizarse para seleccionar expedientes y realizar una comprobación más profunda.
El propio documento recuerda que la dana produjo daños por mecanismos distintos de la inundación, como tornados o precipitaciones torrenciales sin lámina de agua, que no necesariamente aparecen reflejados en la cartografía de inundaciones.
Otro de los puntos señalados son las ayudas para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a las personas afectadas.
La normativa establecía un control mínimo del 5% de las ayudas concedidas, pero la Sindicatura considera que ese porcentaje es insuficiente después de detectar factores de riesgo alto en el 51,3 % de los expedientes analizados.
El organismo considera que el control debería extenderse a todos los expedientes que no hayan sido ya objeto de reintegro, especialmente para comprobar dos requisitos esenciales: que la vivienda habitual afectada no pueda ser utilizada y que los beneficiarios no dispongan de otra vivienda alternativa.
