El conseller de Hacienda y Función Pública, José Antonio Rovira, en la presentación de los Presupuestos de 2026.
La Generalitat gastará 3M€ al año para contratar personal y compensar la jornada laboral de 35 horas de los funcionarios
La medida beneficiará a 21.200 empleados de Función Pública, mientras Sanidad, Educación y Justicia deberán negociarla en sus mesas sectoriales.
Más información: La Generalitat planea reducir a 35 horas la jornada de los funcionarios sin más personal y con "mejoras de eficiencia"
La Generalitat Valenciana dio este lunes un paso adelante para poder hacer efectiva la reducción de la jornada laboral de los funcionarios valencianos a 35 horas semanales. Una medida que el Gobierno valenciano estima que tendrá un coste aproximado para las arcas públicas de 3 millones de euros al año.
Una cuantía que la administración autonómica destinará a contratar personal para compensar las horas de trabajo que dejen de hacer sus empleados públicos al reducir en 2,5 horas su jornada laboral cada semana.
Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, esta partida se destinará a crear nuevos puestos que se concentrarán, principalmente, en aquellos centros donde el servicio se presta a turnos, con especial incidencia en los centros sociosanitarios, teniendo en cuenta que el "cómputo anual supone una reducción de más de 60 horas".
La medida se aplicará a más de 21.200 empleados de la administración valenciana. Es decir, que beneficiaría a los funcionarios del ámbito de la Función Pública de la Generalitat Valenciana, pero no al personal de Educación, Sanidad o Justicia, que quedan fuera de este acuerdo y deberán negociar en sus respectivas mesas sectoriales esta mejora.
Ahora bien, antes de entrar en vigor la administración autonómica debe todavía especificar cómo se aplicará sobre su plantilla, aprobarse en un pleno del Consell y publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Pero en cualquier caso, el camino ya quedó completamente despejado este lunes para poder aplicarlo. La Dirección General de Función Pública y las organizaciones sindicales sellaron un acuerdo que, en la práctica, elimina todas las trabas presupuestarias con las que podía toparse esta iniciativa medida en el futuro.
En concreto, eliminaron del decreto en la que se regulan las condiciones de trabajo de los funcionarios valencianos una referencia a una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.
En concreto, al apartado en el que se permitía a cada Administración Pública "establecer sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general".
Sin embargo, introducía una salvedad: "Siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto".
Además, exigía que ello no afectase "al cumplimiento del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos".
Este matiz ya fue eliminado de los Presupuestos a través del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI suscrito entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO.
Sin embargo, el Gobierno valenciano decidió eliminar también las referencias que había en la normativa autonómica -en el Decreto 42/2019-, donde aún estaba condicionada la reducción de la jornada laboral a la estabilidad presupuestaria. Un gesto para trasladar a los sindicatos que la disposición a aplicar las 35 horas es real.
Según recoge el texto pactado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "el Consell deberá acordarlo en estos términos" en un pleno. Y, una vez lo haga, se realizará la "efectiva implantación de la jornada general de 35 horas y la de especial dedicación de 37,5 horas".
Sanidad, a la espera
El escenario en Función Pública contrasta con la espera en el ámbito sanitario, donde los sindicatos vienen reclamando desde hace meses un avance en esta cuestión para el personal estatutario. Más aún teniendo en cuenta que el horizonte electoral está a la vuelta de la esquina.
Conviene apuntar Sanidad fue una de las primeras carteras en las que se comenzó a negociar esta reducción horaria. Tanto es así, que ya en la legislatura pasada PSPV y Compromís elaboraron una memoria con el impacto económico que tendría su entrada en vigor.
Según los cálculos que manejaba el anterior ejecutivo, hubiera tenido un coste de 140 millones de euros al año, dado que haría falta contratar entre 1.600 y 2.000 empleados para compensar la reducción de las 2,5 horas que dejasen de trabajar.
Sin embargo, aunque se quedó pactado con el anterior Gobierno de Ximo Puig, nunca llegó a ser una realidad porque el informe sobre el impacto económico no llegó a aprobarse en un pleno del Consell -requisito indispensable-, lo que dejó la iniciativa guardada en un cajón hasta la siguiente legislatura.
Ahora, los sindicatos temen que lo ocurrido en 2023 vuelva a pasar. Mientras tanto, el conseller del ramo, Marciano Gómez, aseguró el pasado miércoles que las negociaciones sobre el asunto se estaban produciendo "en tiempo y forma" para que esta sea una realidad para el personal sanitario a partir del próximo año.
